Las casas en el aire de una política antioqueña

El don de persuadir ha llevado muy lejos a Ángela María Cano Vargas. Con solo quinto de primaria en su hoja de vida tuvo el mérito de ser elegida concejala de Itagüí en 2003 y tras validar el bachillerato y al trabajo político logró llegar a la Asamblea de Antioquia.

Su  fórmula, con la que obtuvo casi 17.000 votos en las pasadas elecciones, ha sido la de untarse de pueblo, escucharlo y convencerlo de que tener casa propia no es un asunto de ricos. Sin embargo, Cano no solo ha logrado obtener réditos políticos como gestora de proyectos de vivienda de interés prioritario, sino que ha creado un modelo de negocio con el que, según conocedores, su familia ha logrado beneficiarse económicamente.

La historia se remonta a noviembre de 2006. Después de terminar su periodo como concejala, Cano promovió en Itagüí un proyecto habitacional para 160 mujeres pobres cabeza de hogar. Para lograr el sueño, lo primero que tuvieron que hacer las futuras propietarias fue crear una Junta de Vivienda Comunitaria a la que, por sugerencia de Cano, llamaron San Miguel Arcángel.

Después de crear la junta, el paso siguiente que debían cumplir era afiliarse a Corvidas, una corporación que las iba a asesorar en la búsqueda de subsidios de vivienda del Estado. Esa entidad, recomendada por Cano, les cobró 830.000 pesos a cada familia y a la junta del futuro proyecto, la suma de 2.532.000 pesos mensuales.

Pero como además, para sacar adelante el proyecto, se requerían unos diseños arquitectónicos, la exconcejala propuso que contrataran a la constructora DC Total Compañía de Diseño y Construcción S.A. Cada familia tuvo que abonar 1.800.000 pesos, además de tener que pagar un lote entre todas. Ocho años después, el sueño de estas mujeres tiene tintes de una presunta estafa, según las 27 denuncias que hay en la Fiscalía contra Cano y sus familiares. Al caso de Itagüí se han sumado otras denuncias contra la hoy diputada por incumplimientos en otros proyectos en municipios como Frontino y Ciudad Bolívar.

Según Cano, su gestión solo llegó hasta conseguir los predios. Nada más. Lo otro era responsabilidad de Corvidas, una entidad sin ánimo de lucro con la que Cano dice no tener ningún vínculo. “No contrato con Corvidas, no estoy en la nómina, ni nada”, dice.

Pero la realidad es otra. El representante legal de la corporación es Carlos Andrés Moreno Roldán, yerno de la diputada y padre de su nieto. La influencia de Cano en Corvidas es tal, que en la sede principal ella despacha.

Moreno Roldán, por su parte, reconoce que Corvidas se lucra por prestar un servicio que según él va más allá de servir de intermediario con el Estado para los subsidios de vivienda, un procedimiento que en Colombia es gratuito. “Corvidas nació de la necesidad que tenían 12 juntas de vivienda de ser acompañadas en lo técnico, en las licencias de urbanismo y construcción; en lo jurídico, en lo social, en lo administrativo y financiero”, refuerza Cano.

Ahora bien, el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción es Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, quien fuera compañero sentimental de Cano durante 11 años y con quien tiene una hija. En la junta directiva suplente de la empresa también está Sandra Leidy Vargas Cano, una hija de la diputada.

 Velásquez Rodríguez no es arquitecto ni ingeniero. Con el grado de bachiller y de la mano de la diputada y Corvidas logró convertirse, de la noche a la mañana, en próspero constructor. La empresa nació en 2008 y en menos de un año ya estaba echando los cimientos de un proyecto de 220 apartamentos llamado Villa Ángel, en Medellín. Y luego siguió con el proyecto Santa María de Los Ángeles, de 232 apartamentos, en San Antonio de Prado, de los cuales se han entregado 148. Y de la urbanización Villa María, de 140 apartamentos, solo hay 40 terminados.

Además de construir, DC Total Compañía también recibió dinero por diseños de proyectos que no se construyeron. Por ejemplo, de San Miguel Arcángel obtuvo 300 millones; de Ángeles de Frontino, 30 millones; y de Villa Manuela, en Ciudad Bolívar, 370 millones, según denuncia Dolly Taborda. “Los diseños que nos entregaron no cumplían las especificaciones del gobierno. No sirvieron y tuvimos que contratar a otra constructora”, dice. 

Y como si fuera poco, Corvidas también ganó por otro lado. Del Proyecto Villa Manuela, obtuvo 92 millones de pesos por una gestión que según las integrantes de la junta no se vio, pues no fueron postuladas a los subsidios.

¿Qué falló en el modelo de negocio que la diputada tenía montado? Cano asegura que el problema nace de la falta de voluntad política de las administraciones municipales, que son las que se tienen que hermanar con los proyectos para que sean viables y funcionen.

Sin embargo Gloria Franco, una de las mujeres que demandaron a Cano por estafa, dijo a SEMANA que hay dineros que no aparecen. Habla de cientos de millones. Según ella, tanto la diputada, como Corvidas y DC Total, han tapado huecos financieros moviendo dineros de un proyecto a otro o incluso haciendo movimientos inusuales. Según el certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos,  en la urbanización Santa Marta, que tampoco se ha construido, el lote fue hipotecado y embargado por 200 millones de pesos, en actos en los que han intervenido Corvidas y DC Total.

Pero más allá del lío judicial, algunos se preguntan si no hay un conflicto de intereses de la diputada con el de las empresas de sus parientes. “En el Grupo Empresarial Antioqueño todos son familia.  Yo no le veo nada de malo que Gabriel tenga una constructora. Él tiene su propio proyecto de vida. Me interesó su constructora. Y hasta el momento ha cumplido”.  En el tema político también es evidente la mezcla de intereses. Tanto el esposo de la diputada, de DC Total, como el yerno, de Corvidas, participaron en los actos de campaña a la Asamblea, cuyo logo era una casita en construcción. Así lo evidencian varias fotografías. 

Frente a todo esto, la respuesta que la diputada dio al periodista de SEMANA, habla por sí sola: “¿Usted cree que 17.000 votos me los pusieron 500 soluciones de vivienda que he hecho? Usted no sabe que yo me monto en una chalupa para irme a buscar los votos en Puerto Claver, en El Bagre, en Puerto Nare o en Urrao; día y noche reburujando los votos. Usted no me puede decir a mí que me lucro políticamente. Yo tengo muchas familias agradecidas por su casa. Es como si a un ciudadano alguien le hace un favor, se lo queda debiendo. Eso pasa en mi trabajo social, conmigo y con cualquier diputado de este país”.