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| 6/18/2013 12:00:00 AM

Las condiciones para entrevistar a un preso

Jueces tendrán la facultad de autorizar entrevistas a los reclusos. Así quedó aprobado en el Código Penitenciario.

El Código Penitenciario aprobado este martes por la Cámara de Representantes impuso cinco criterios para que los medios de comunicación puedan entrevistar a los reclusos de las cárceles. El Gobierno aceptó que no sólo los condenados, sino también los sindicados, pueden dar declaraciones a la prensa, pero ahora serán los jueces de la República los que tengan que dar dicho permiso.

Según lo aprobado por la Cámara baja del Congreso, los jueces deberán evaluar antes el efecto que pueda tener lo que digan los sindicados o condenados sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento.

Aunque el Gobierno consideró que al no discriminar entre sindicados y condenados no estaría poniendo una mordaza a la prensa, varios representantes cuestionaron este artículo porque consideraron que imponer cinco criterios a los jueces para conceder las entrevistas constituye un obstáculo añadido a la labor periodística.

Alfonso Prada, presidente del Partido Verde, defendió esa tesis y por eso dejó una constancia para eliminar este artículo del régimen carcelario para que la autorización de las entrevistas no tenga más requisitos añadidos que el de la autorización del INPEC.

El Gobierno salvaguardó los cinco criterios con el argumento de que algunas entrevistas que conceden los sindicados se pueden convertir en una presión indebida a los jueces y que en muchos casos condiciona la administración de justicia. Esto al poner en exposición las decisiones que deban adoptar los jueces. También con el propósito de que los debates jurídicos sólo se concentren en los estrados judiciales y no en la órbita de los medios de comunicación.

Excarcleación, la otra polémica

Otro de los artículos que fueron reformados fue el de la ampliación del beneficio de prisión domiciliaria a condenados. El congresista Óscar Bravo (P. Conservador) había propuesto que se extendiera ese beneficio hasta los condenados por delitos cuya pena mínima fuera de ocho años de cárcel.

La controversia se dio porque varios delitos como desplazamiento, maltrato intrafamiliar o delitos de corrupción entrarían incluidos en los beneficios, tal como lo afirmó el representante Germán Navas Talero. Sin embargo, el Congreso acogió la propuesta del Gobierno de que sólo fueran objeto de este subrogado penal los delitos por penas mínimas de hasta cinco años de prisión.

El propósito del Gobierno es fijar la proporcionalidad entre las nuevas disposiciones que han aumentado las penas para algunos delitos, pero el beneficio de prisión domiciliaria no ha sido reformado y según la ley vigente, sólo se benefician penas de 60 meses de cárcel. Esta fue una de las fórmulas para evitar el hacinamiento en las cárceles.

El código penitenciario pasará a discusión del Senado a partir del próximo 20 de julio.
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