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| 12/27/2013 12:00:00 AM

Las decisiones claves de la Corte Constitucional

Marco Jurídico para la paz, ‘megapensiones’ y Fuero Penal Militar, se destacan entre los fallos.

El año judicial inició con una decisión que causó revuelo. Por una votación de siete a dos, fue tumbado el régimen especial de pensiones que beneficiaba a magistrados y congresistas. El alto tribunal modificó el artículo 17 de la Ley cuarta de 1992, norma que permitía que magistrados y congresistas ostentaran pensiones por encima de 25 salarios mínimos mensuales y mesadas de hasta 30 millones de pesos.
 
El 22 de mayo la Corte le envió un duro mensaje al alcalde Gustavo Petro. Con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla le fue negado al Distrito una aclaración sobre el fallo de tutela que ordenó reubicar a cientos de familias del barrio Bosques de Molinos, en el sur de Bogotá, al ser víctimas de urbanizadores piratas.
 
Ocho días más tarde la Corte Constitucional se pronunció sobre la atención a víctimas del desplazamiento, calificándola como precaria. En su falló le pidió a la Procuraduría y a la Contraloría investigar a los funcionarios encargados de velar por la atención a las víctimas de este fenómeno.  

Meses después, el  20 junio, la Corte Constitucional falló una tutela  a favor de la Nación que, de haber salido contraria, pondría en aprietos las finanzas públicas. La tutela fue instaurada por el Banco de la República, luego de un fallo judicial que obligaba a indemnizar a una de las 800.000 personas que fueron afectadas por el cambio de fórmula para calcular los intereses de las deudas de vivienda que antes se hacía por el sistema UPAC. La Corte salvó a la Nación de pagar cerca de 300 mil millones de pesos.
 
El 9 de agosto la Corte decidió estudiar de fondo una demanda del movimiento MIRA a la reforma política que estableció, como requisito para que un partido tenga representación en el Congreso, un mínimo de votos equivalente al 3% del llamado umbral electoral. La preocupación no es menor, pues los partidos que no superen esa votación perderían automáticamente el reconocimiento.
 
El 29 de agosto la Corte Constitucional le dio la bendición y declaró exequible el  marco jurídico para la paz (herramienta diseñada por el Gobierno para que en un futuro proceso de paz puedan ser juzgados los guerrilleros). La Corte dijo que este acto legislativo estaba ajustado a la constitución y no vulneraba ningún derecho fundamental de las víctimas relacionado con la verdad, la justicia y la reparación. Esta decisión fue catalogada por los analistas como un empujón decidido al diálogo que adelantan el gobierno y las FARC.
 
El 10 de septiembre con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos,  la Corte Constitucional ‘tumbó’ la potestad del Gobierno para fijar por decreto el precio de los combustibles, con lo cual determinó que el Congreso era el único encargado de definir los aumentos o rebajas de la gasolina, quitándole esa potestad al ejecutivo.
 
Cinco días más tarde  la Corte Constitucional aceptó, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, las demandas por el Pacto de Bogotá. Estas son las cartas de salvación del Gobierno para no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en la cual el país perdió más de 72 mil kilómetros de mar territorial.
 
El 17 Octubre  la Corte Constitucional dio por fin su veredicto en la tutela que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba con la que pretendía tumbar la destitución por 18 años a la que fue sometida por parte del procurador Alejandro Ordóñez. El Ministerio Público la señaló de colaborar y promover a las FARC. La Corte le dio total respaldo a decisión del Ministerio Público y señaló que el procurador tiene toda la potestad de proferir ese tipo de sanciones disciplinarias.
 
La última gran decisión que se podría considerar fue una que causó polémica fue la que tumbó el Fuero Penal Militar (herramienta diseñada por el Gobierno para blindar jurídicamente a los militares por actos cometidos en el servicio). Para la Corte un vicio de trámite relacionado con la votación del proyecto de ley fue merito suficiente para echar para abajo todo el trámite legislativo.
 
En este 2014 se avecinan decisiones trascendentales relacionadas con la posibilidad de que las corridas de toros vuelvan a Bogotá, las demandas por la reforma tributaria aprobada por el Congreso, así como la posibilidad de los partidos políticos considerados ‘pequeños’ no desaparezcan por falta de votos.
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