Domingo, 21 de diciembre de 2014

| 2013/06/12 00:00

Las denuncias que acosan a la magistrada López

María Mercedes López le dijo a la Comisión de Acusaciones que no ha cometido faltas disciplinarias.

La magistrada no se ha quedado quieta. En una comunicación a la Comisión de Acusaciones asegura que no se encuentra Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA.

Tras el polémico viaje de placer de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, la atención de los colombianos se ha centrado en indagar qué otros magistrados sacan provecho de la ley para disfrutar de cinco días de permisos remunerados al mes con los más débiles argumentos.

En esa búsqueda han trascendido muchas cosas. El Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, reveló el listado de los magistrados de esa corporación que más ‘descansan’. En primer lugar está la magistrada María Mercedes López, recordada por haber denunciado el denominado ‘carrusel’ de pensiones en esa alta corte.

Según el listado, obtenido por varios medios de comunicación, los permisos solicitados por la magistrada en los años 2011, 2012 y 2013 rompieron récord: 93 permisos, la mayoría de los cuales con una frágil justificación: atender asuntos personales. No era la única. En el 2011 el magistrado Francisco Escobar Henríquez la siguió, con 21 permisos, y en el 2012 la magistrada Julia Emma Garzón alcanzó 18 permisos solicitados.

La magistrada, en conversación con Semana.com, aseguró que esos permisos estuvieron apegados a la ley y que, en su mayoría, fueron utilizados para cuestiones académicas.

Aunque su explicación puede ser cierta, en el horizonte se divisan nuevos problemas que seguramente darán que hablar. El 17 de abril pasado, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en un auto radicado con el número 3622, se inhibió de investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón, quienes habían sido denunciados por la magistrada María Mercedes López.

Ella presentó evidencias que, presuntamente, probarían que sus compañeros protagonizaron hechos de corrupción en el nombramiento de provisionalidad de seis personas en altos cargos de la rama judicial. Una de las presuntas irregularidades era que en las actas oficiales de la corporación no estaba contenido lo discutido y aprobado en las salas de los magistrados. Por eso la magistrada López consideraba que, de por medio, había una presunta falsedad ideológica.

Sin embargo, después de varios meses de estudio, los representantes investigadores consideraron que en las pruebas no se vislumbraba la existencia de una conducta ilegal por parte de los magistrados.

Pero el tema no quedó allí. Una de las investigadas era la secretaria general del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, quien presuntamente habría falsificado las actas de donde salieron los nombramientos. Yira, sin embargo, enfrentó el asunto y dijo en una entrevista a El Espectador que denunciaría a la magistrada por falsa denuncia. Dicho y hecho. La denuncia llegó a la Comisión de Acusaciones, que la escuchará en indagatoria a la magistrada este jueves.

Semana.com supo que ella, a través de su abogado, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, pidió una nueva fecha para comparecer.

Esta, sin embargo, no es la única denuncia que existe contra la magistrada López en la Comisión de Acusaciones. El 27 de febrero pasado el papá de Yira Lucía, el abogado Gustavo Alberto Olarte, la denunció por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento público, abuso de autoridad y abuso de función pública, bajo el argumento de que ella violó la ley al tomar decisiones en esa alta corporación cuando técnicamente se encontraba en licencia.

En efecto, la magistrada solicitó al Congreso en pleno una licencia no remunerada de 30 días (desde el 7 de noviembre al 6 de diciembre del 2012) para aspirar al cargo de procurador general. Sin embargo, la magistrada renunció a su sueño cinco días antes de que se venciera la licencia y se reincorporó, sin la autorización del Congreso, quien es su nominador y quien otorgó el permiso.

Según la denuncia, durante esos cinco días la magistrada profirió autos y decisiones sin estar, aparentemente, autorizada a su reintegro. En conclusión, la magistrada se habría ganado cinco días de sueldo y tomó decisiones, aun cuando no estaba presuntamente autorizada para ello.

Semana.com buscó al abogado Gustavo Olarte para que explicara si su denuncia estaba motivada en el hecho de que la magistrada había denunciado a su hija Yira Lucía Olarte. Él dijo que era un abogado de 70 años, profesor universitario con la obligación de denunciar hechos punibles. “No lo hago por retaliación, sino por obligación. Nada tiene que ver con lo de mi hija. La razón jurídica es una sola y los representantes definirán si tengo o no la razón”.

La magistrada no se ha quedado quieta. En una comunicación a la Comisión de Acusaciones asegura que no se encuentra incursa en ninguna falta de carácter disciplinario y dice que informó de su reintegro al cargo no sólo a los funcionarios de la rama judicial que procedieron a incluirla en nómina además de que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, certificara que ella envió a ese despacho la renuncia a su licencia sin “otra consideración”.

“Tal renuncia (a la licencia) es una potestad del beneficiario de la misma, en este caso de la suscrita magistrada, quien al desaparecer el motivo por el cual solicité licencia, procedí a renunciar a la misma y a reintegrarme a mi cargo de forma inmediata”, dice el documento.

El problema jurídico que hay que resolver en esta denuncia es determinar si un servidor público a quien se le ha concedido una licencia no remunerada puede reincorporarse al cargo sin la anuencia de quien le concedió la licencia. En consecuencia, serán los representantes investigadores quienes definan las dos denuncias contra la magistrada que pasó de denunciante a denunciada.

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