El “proceso sin fin” de Samuel Moreno

El juicio contra Samuel Moreno parece la historia sin fin. Se podría decir que ese caso retrata la suma de todos los defectos de un sistema acusatorio que este año cumplió diez años de vigencia. Esta semana, la foto de lo que parecía la derrota de la Justicia frente al escándalo de corrupción más grande registrado en Bogotá indignó a muchos. Pero la verdad es que las razones que han permitido que Samuel Moreno lleve detenido casi cuatro años sin condena a la vista tienen mucho de fondo.

El martes pasado el exalcalde intentó dilatar por cuarta vez el comienzo de uno de sus juicios, pero la estrategia no le funcionó. Ante el escándalo, el jueves el Tribunal Superior de Bogotá negó en solo dos días la recusación que había presentado contra el juez 14 penal del circuito que lleva su caso. Por esa maniobra, el tribunal le compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Moreno y a su abogado por el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.

La estrategia de defensa del exalcalde ha sido dilatar el proceso mediante decenas de solicitudes que parecen sacadas de la famosa novela de Franz Kafka. El tribunal hace un recuento de cómo ha intentado evadir el proceso por la corrupción en el contrato de ambulancias (tiene otros dos por temas de la malla vial de la 26).

La cronología de todas las audiencias a las que ha faltado es la siguiente. El 31 de enero de 2014 aplazó su audiencia de imputación por problemas de salud de los abogados. El 25 de julio por incapacidad médica suya, el 7 de octubre porque no tenía defensor y el 4 de febrero de 2015 porque tenía otra audiencia. En 2015, pidió aplazamiento el 2, el 19 y el 27 de marzo. El 9 de ese mes ya había solicitado la nulidad del proceso. El 14 de mayo decidió cambiar de defensor. El 26 de junio, el nuevo abogado tampoco asistió. Finalmente, se programó el inicio del juicio oral para el 21 de septiembre, pero ese día no compareció el apoderado. Tampoco lo hizo el 23 de septiembre de 2015 y se le designó un defensor de oficio que el exalcalde no aceptó. Este martes 13 de octubre se suspendió la audiencia por una recusación. Y esa fue la gota que rebosó la copa.

Sin embargo, sería injusto atribuirle toda la culpa a Moreno. Un acusado puede intentar dilatar la Justicia, pero el sistema debería ser tan sólido como para no permitirlo. Y lo cierto es que no lo es. En últimas, ese caso evidencia los problemas del sistema acusatorio, que “ha degenerado en un sistema procesal aplazatorio, en el que las partes e intervinientes esgrimen cualquier motivo, excusa o razón para incumplir sus deberes”, según la providencia.

Hoy se calcula que se aplaza la mitad de las audiencias del sistema. El problema es que con el nivel de trabajo que tienen los jueces, lograr otro espacio puede tardar meses. Es tan grave la situación que hace unos meses la Fiscalía General de la Nación pidió auxilio y le solicitó a la Judicatura nombrar jueces de dedicación exclusiva para el proceso de Moreno. La jueza de otro de los procesos de Moreno, Paula Jiménez, lanzó el mismo grito  desesperado. Explicó que, por ejemplo, “las partes han pedido más de 5.500 pruebas para lo cual hemos tenido que destinar unas 150 audiencias de días enteros”.

El caso contra el exalcalde es uno de los más complejos que lleva la Justicia en este momento. Son tres procesos penales diferentes por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y concusión. Esto por los hechos de corrupción en la malla vial, el contrato por la construcción de un corredor en TransMilenio y el de las ambulancias, entre otros. Se calcula que podría pagar 22 años de cárcel si el fallo sale en su contra.

Pero condenar a Samuel Moreno no es tan fácil como se podría pensar. La Justicia tiene que desmenuzar 130 cajas de pruebas que contienen cerca de 280.000 folios. Y escuchar el no despreciable número de 60 testimonios. Por eso, cada vez que el exalcalde cambia de abogado, y lo ha hecho varias veces, el nuevo defensor pide meses para comprender el proceso. El año pasado, incluso, uno de ellos le pidió a la Fiscalía que asumiera los 26 millones de pesos que vale sacarle fotocopias a todo ese material, lo cual también dilató el proceso.

A lo anterior se suma una complejidad adicional. Entre las pruebas clave para condenar a Moreno estaban los testimonios de los primos Nule y de Emilio Tapia. Sin embargo, las negociaciones de estos con la Fiscalía no pasan por su mejor momento porque se han caído los principios de oportunidad que las avalaban. Este problema tampoco es exclusivo del caso Moreno. El sistema penal acusatorio solo puede ser efectivo sobre la base de que los acusados tengan que negociar a cambio de contar la verdad o desmantelar las estructuras criminales. Sin embargo, según la Corporación Excelencia en la Justicia, de 71 millones de noticias criminales que se han presentado en 10 años solamente el 0,06 por ciento ha terminado en un principio de oportunidad. En Estados Unidos, el modelo que inspiró el nuevo sistema, esa cifra llega al 60 por ciento.

Todas esas fallas del sistema acusatorio motivaron a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia a adelantar una reforma al Código de Procedimiento Penal de más de 300 artículos. El proyecto es una cirugía profunda que busca que aspectos como el cruce de audiencias, la lectura interminable de las pruebas en el juicio, la congestión y los paros judiciales no impidan que la Justicia cumpla con su deber. Tiene temas urgentes y otros muy polémicos que el Congreso tendrá que debatir a profundidad.

La eventual boleta de libertad de Samuel Moreno por vencimiento de términos ha alertado a la opinión pública. Sin embargo, ese tema tampoco es en blanco y negro. El derecho penal está basado en la premisa de que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Por eso, la detención preventiva debe ser excepcional. En este momento, cerca de 43.000 colombianos como Samuel Moreno están presos a la espera de una sentencia. Muchos de ellos serán declarados inocentes luego de años de esperar tras las rejas. Por cuenta de esto, 18.000 personas han demandado al Estado por cerca de 23 billones de pesos. Una reciente ley que comenzará a regir en julio del próximo año le puso tatequieto a esos excesos. Por eso, si para esa fecha el exalcalde no ha sido condenado, saldrá libre. ¿Podrá la Justicia ponerle el acelerador a su juicio?