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| 3/30/2015 4:50:00 PM

Las exigencias del uribismo al proceso de paz

Zonas de concentración inmediata para las FARC, prolongar los diálogos, destrucción de las armas, y entrega de dinero, son algunos de los requisitos a la Mesa de Negociaciones.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos invitó a Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, a integrar la Comisión Asesora para la Paz, este partido respondió con la instalación de una comisión propia que evaluaría el proceso de paz y formularía sus propuestas.

Este lunes se conoció el primer documento de esa comisión de paz del uribismo. Contiene un resumen de lo que ellos llaman preocupaciones del proceso que se adelanta con la guerrilla de las FARC y un capítulo de propuestas para que dicho proceso “no afecte la institucionalidad democrática”. El senador Alfredo Rangel fue el encargado de revelar las conclusiones del informe.

Insisten en que los diálogos de paz y el consiguiente debilitamiento de la lucha contra el terrorismo han ocasionado un serio deterioro de la seguridad en el país.

“Entre 2010 y 2014, periodo de los diálogos secretos y abiertos con las FARC, aparte del incremento de la inseguridad silenciada (control territorial del terrorismo, cultivos ilícitos, explosivos selectivos) la extorsión ha aumentado en 232 %, los ataques contra las instalaciones militares subieron 111 %, los atentados contra los oleoductos se incrementaron en 355 %, los hostigamientos contra la Fuerza Pública aumentaron 69 %, los retenes ilegales 64 % y las acciones terroristas 62 %”. Concluyen señalando que los diálogos, “mal concebidos y mal conducidos, se han convertido en un riesgo para la seguridad nacional”.

También, cuestionan el acuerdo en el punto de tierras. Dicen, por ejemplo, que las Zonas de Reserva Campesina son la expresión de esa expectativa de control total, con 9.5 millones de hectáreas adicionales a las existentes, con autonomía política, administrativa, económica, social y de administración de justicia; territorios inembargables e imprescriptibles; financiamiento estatal y sustracción del control de la Fuerza Pública. “Este enfoque territorial es el vínculo entre la denominada Reforma Rural y las expectativas de participación política de las FARC, a través del control efectivo y total del territorio”.

Se declaran preocupados porque el documento base suscrito por el gobierno y las FARC, se defina como un proceso que empieza cuando exista acuerdo sobre todas las materias que se discuten y termina cuando se haya implementado de manera simultánea e integral lo acordado. “En estas condiciones, la perspectiva de paz para Colombia estaría muy lejana y la sociedad colombiana viviría bajo la amenaza constante del uso de las armas por parte del terrorismo durante el tiempo que dure el proceso al que aquí se hace mención”.

En el documento los uribistas califican de “farsa” la tregua unilateral de las FARC. “Este grupo terrorista ha seguido atacando sistemáticamente a la población civil. Siguen extorsionando y amenazando a la población, sembrando minas antipersonal, usufructuando el narcotráfico, se rearman sin pausa, y su reclutamiento forzoso no cesa. Con este y otros anuncios mentirosos, las FARC quieren inducir un cese al fuego bilateral, es decir, la parálisis de las Fuerzas Militares, para poder seguir delinquiendo a su antojo”.

También califican como un despeje militar de todo el país la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos a los campamentos de las FARC. “De manera irresponsable y ligera, Santos ha dado la orden a las Fuerzas Militares de suspender los bombardeos contra las FARC, privando así al Estado del principal y más eficaz instrumento de ofensiva contra el terrorismo. Este hecho significa, en la práctica, el despeje militar de todo el país al terrorismo, más libertad para sus acciones criminales y más deterioro de la seguridad nacional”.

Igualmente cuestionan la verdadera voluntad de las FARC respecto al desminado del país, y piden que sea la guerrilla y no el Ejército quien asuma los riesgos y los costos de estas operaciones. “Las FARC deben iniciar el desminado total del país; asumir el costo financiero de esa operación, no con los impuestos de los colombianos, y sus integrantes deben correr el riesgo de esa actividad, no los soldados de la Patria”.

Para el uribismo, las FARC han aprovechado los diálogos de paz para rearmarse. “Son numerosos los incidentes denunciados por la Fuerza Pública sobre capturas de inmensos cargamentos de armas que entran al país por todas sus fronteras con destino a los frentes terroristas de las FARC, burlándose así del gobierno y de los colombianos”.

Durante los diálogos de paz, aseguró Rangel, las siembras de coca y la producción de cocaína han aumentado en Colombia. Así lo confirma el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Califican de cínicos a los guerrilleros frente al tema del reclutamiento de menores, al señalar que aunque se han comprometido a no incorporar a menores de 17 años, afirmaron en el mismo comunicado que nunca han secuestrado menores para enrolarlos a sus filas. “De igual manera, se niegan a retirar de sus filas a los miles de niños que allí mantienen en condición de secuestrados y de esclavitud sexual”.

Como condiciones inamovibles para una negociación, los uribistas consideran inaceptable que se iguale a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, otorgándoles a los dos la condición de actores del conflicto. “Por esa razón creemos que las soluciones a la situación judicial de policías y soldados no deben depender de los acuerdos que se logren en las conversaciones en La Habana”. Dicen que insistirán en su proyecto de ley para crear un Tribunal Pro témpore, que revise los procesos de los militares investigados, y en la propuesta de que los militares puedan defenderse en libertad, así sea condicional.

Como condiciones para reparar a las víctimas, el Centro Democrático reclama que se exija a los criminales la entrega del dinero mal habido por parte de la organización terrorista para reparar a las víctimas.

Reiteran que no tienen objeción en que los guerrilleros rasos que solo estén incursos en delitos políticos puedan ser elegidos y no vayan a la cárcel. Pero insisten en que los jefes de las FARC paguen con cárcel y no puedan participar en política.

Finalmente, el Centro Democrático señala que ante la presencia de acuerdos parciales que para ellos son inconvenientes para la democracia, proponen “tener paciencia y estar dispuestos a prolongar los diálogos”. Pero con la condición de una concentración inmediata de las FARC, “en un sitio que garantice que quienes delinquen por fuera de él no son sus integrantes”.

“Para que este cese de acciones criminales sea eficaz debe ser verificable, irreversible y definitivo – dicen- se exige que las FARC reúnan todos sus efectivos y todas sus armas en un sitio de concentración, que no debe estar en ningún casco urbano, en zonas de frontera, en áreas estratégicas, ni en lugares de alta producción agrícola o ganadera”.

Reiteran los uribistas que la sola dejación o declaración de no uso de las armas es insuficiente. “Se requiere la entrega y destrucción de las armas, para evitar que los colombianos vivan bajo la amenaza de su uso por parte del terrorismo, tanto durante un eventual proceso de refrendación popular de los acuerdos como a lo largo de los años que transcurrirían entre la firma de los acuerdos y el cumplimiento de lo pactado”.

En el informe el Centro Democrático también califica de necesario exigir a las FARC la entrega de todos sus dineros para la reparación de las víctimas para evitar que sean utilizados para un eventual rearme de ese grupo terrorista.

En la elaboración de este documento participaron el expresidente Álvaro Uribe, el excandidato Óscar Iván Zuluaga, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el excandidato a la vicepresidencia Carlos Holmes Trujillo y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie.
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