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| 7/29/2013 12:00:00 AM

Las FARC exigen verdad sobre Unión Patriótica

La guerrilla busca que se desmonte la estructura paramilitar que arrasó el partido y que no haya repetición.

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EFE
Como parte de los acuerdos que se firmen entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país se debe reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte y desaparición de activistas de la Unión Patriótica en los años 80, dijeron el lunes los voceros guerrilleros en La Habana.

"La Comisión de la Verdad histórica del terrorismo de Estado tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra la Unión Patriótica, de los crímenes contra sus militantes y simpatizantes", expresaron las FARC en una declaración.

La declaración forma parte de las propuestas que los rebeldes llevan a la mesa de negociaciones en Cuba como parte del punto 2 -sobre la participación política- de una agenda de seis con la cual se espera desactivar el conflicto armado de medio siglo en Colombia.

"En el caso de la Unión Patriótica, el resarcimiento incluye además, mediante la promulgación de una ley especial, el reconocimiento expreso y taxativo de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional", agregó la declaración rebelde.

También, indicaron las FARC, se devolverán las curules legislativas a la agrupación que a mediados de este año recuperó su personería jurídica.

La Unión Patriótica fue fundada en 1985 como una organización política pacífica que agrupaba a militantes de las FARC y otras fuerzas guerrilleras, pero desde sus candidatos a las primeras magistraturas, pasando por legisladores, activistas o simples simpatizantes, fueron asesinados a mansalva por grupos paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los sobrevivientes de aquellos hechos debieron exiliarse.

La representación del presidente Juan Manuel Santos y las FARC adelantan conversaciones de paz desde fines del 2012 y a mediados de este año lograron acordar una parte importante del primer punto de la agenda, referido a la tierra y los problemas agrarios, base del enfrentamiento armado.

La insurgencia reclama que el Gobierno se comprometa a desmontar de forma efectiva, real y material las estructuras paramilitares del país y proscriba "toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social".

Las FARC insistieron en la necesidad de reparación y resarcimiento integral para la UP que incluya la devolución de las curules que tenía en el momento de su mayor representatividad, así como el esclarecimiento del "genocidio" que sufrió esta formación.

El pasado 9 de julio el Consejo de Estado de Colombia resolvió devolver a esta formación su personalidad jurídica, lo que permitirá a la UP participar en las elecciones del próximo año.
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