Martes, 2 de septiembre de 2014

En la imagen, ‘Pablo Catatumbo’, alias de Jorge Torres Victoria, uno de los jefes negociadores de las FARC en La Habana.

| 2013/08/06 00:00

Las FARC rechazan el Marco Jurídico para la Paz

La guerrilla dice que es una iniciativa “unilateral” del Gobierno y que no tendrá “efectos positivos”.

La guerrilla de las FARC, en la mañana de este martes, criticó duramente al Marco Jurídico para la Paz, una herramienta legal que el gobierno ha defendido con ahínco y que considera fundamental para ponerle un punto final al conflicto armado.

Las FARC dijeron en La Habana que el Marco Jurídico, que regulará el paso a la reconciliación en Colombia si se logra el fin del conflicto interno, es una iniciativa “unilateral” del Gobierno que no tendrá efectos positivos.

“Esa iniciativa unilateral del gobierno que hoy debate la Corte Constitucional ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se han comprometido las FARC-EP”, advirtió la guerrilla en una declaración leída ante los medios en La Habana por ‘Pablo Catatumbo’, alias de Jorge Torres Victoria.

A finales de julio, la Corte Constitucional comenzó a revisar el acto legislativo 01 de 2012 o “Marco Jurídico para la Paz”, un instrumento de justicia transicional para aplicar en caso de que se llegue a un acuerdo definitivo de paz en el país.

Se espera que la Corte emita próximamente un fallo sobre la iniciativa, que implica la reforma de cinco artículos de la Carta Política.

Paradójicamente, ese marco legal ha recibido críticas de diversos sectores al considerar que supone impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los guerrilleros, lo que el presidente Juan Manuel Santos niega.

Entre los sectores que lo rechazan con mayor intensidad están los ligados al entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que cree que es una herramienta para la impunidad y desfavorecer a las víctimas.

Además de las FARC en otros momentos es el ELN el que ha rechazado públicamente la iniciativa.

Las FARC entienden que está “fuera de contexto” y se quejan de que el Gobierno “jamás” consideró tomar en cuenta los planteamientos guerrilleros sobre este asunto.

Para la guerrilla, ese marco legal “debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas”.

“Los diálogos que se adelantan en La Habana sin que la guerra haya culminado no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación”, advierten.

Las FARC argumentan que ese tipo de herramientas de justicia transicional se ha usado en países que ya superaron el conflicto o dictadura y “generalmente los ganadores le han impuesto sus normas a los perdedores”.


Pero en Colombia, añaden, la guerra continúa y el propio presidente Santos “aceptó la existencia de un conflicto interno” y reconoció que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante la confrontación.

“La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. (...) ¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?”, se preguntan las FARC.

Asimismo, las FARC la emprendieron en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt a quien señalan de ya haber filtrado a los medios de comunicación la ponencia.

“Por lo demás, el magistrado Pretelt no ha debido entregar a la prensa apartes y el sentido de su ponencia antes de la audiencia convocada para conocer el pensamiento de quienes se inscribieron para referirse al tema del marco jurídico para la paz. Lo hizo desde la víspera, lo cual le quita legitimidad y seriedad a su pronunciamiento. Le faltó a sus colegas, a la buena fe de la opinión pública en general y dejó un mal sabor de prevaricato. Hubo un evidente asalto al debido proceso”, dijo en su comunicado la guerrilla.

Semana.com fue el medio que divulgó la ponencia. Al intenso debate que se presentó el jueves 25 de julio en la Audiencia Pública en la que intervino el presidente Santos, se le sumó un apoyo de gran calibre, como lo es el de la Corte Constitucional. La ponencia del magistrado Jorge Pretelt, conocida en exclusiva por este portal pide declarar ajustado a la ley el Marco Jurídico para la Paz.

Vea aquí el texto completo de la declaración de Pablo Catatumbo en La Habana:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 6 de 2013

Sobre un Marco Jurídico fuera de contexto
(Primera reflexión)

La definición de un Marco Jurídico para la Paz, es asunto que se ha venido debatiendo hace ya varios meses por diversas instancias de los poderes del Estado, incluso presentándose planteamientos a veces contradictorios entre unos y otros, los cuales por ser de tan reciente publicación y propagandización, no es del caso recordar en el presente pronunciamiento.

El punto es que, aparentemente, la Corte Constitucional ha dejado entrever que se pronunciará sobre el mencionado “Marco” a finales de agosto. Pero, valga precisar que jamás nuestra contraparte en la confrontación consideró tomar en cuenta los planteamientos que tiene la insurgencia sobre el tema de la juridicidad o de los parámetros de la llamada transición a un estadio posterior a la firma de un Acuerdo final de paz o, más aún, para la antesala de esa época.

Si en realidad se busca la paz, el solo sentido común indica que una conceptualización para tal construcción debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas, sobre todo si tomamos en cuenta que los diálogos que se adelantan en La Habana sin que la guerra hubiese culminado, no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación.

Imaginamos que, como ahora, de haber un pronunciamiento de la Corte a favor del gobierno, se presentaría inmediatamente –otra vez pasando por alto que existe una contraparte en la guerra-, el proyecto de ley estatuaria que desarrollaría la nueva norma constitucional. Huelga decir entonces que:

1. El Marco Jurídico para la Paz es un instrumento de justicia transicional al cual han acudido muchos países en todo el mundo, ocurriendo que generalmente los ganadores en una confrontación le han impuesto sus normas a los perdedores, o situaciones en que a partir del establecimiénto de nuevos regímenes u ordenamientos constitucionales, se han derivado renovados poderes públicos a los que se les ha encargado reordenar un país. Por ejemplo, con nueva constitución y nuevo órgano judicial, fue que en Argentina se le puso la mano a los dictadores y sus secuaces.

2. En Colombia no ha habido derrota de la contraparte, ni se vislumbra. El aceptar la existencia de un conflicto interno, además, tiene implicaciones concretas que no se pueden eludir, sobre todo si no perdemos de vista que en ninguna de las experiencias más conocidas, en las que se aplicó justicia transicional, se habló o aceptó previamente la existencia de un conflicto interno. Para nuestro caso, el Presidente Juan Manuel Santos aceptó la existencia del conflicto interno, todo lo cual indica que las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas de guerra se aplican a ambas partes por igual, pero no perdiendo de vista que habría que adaptar, complementar y perfeccionar dichas normas, atendiendo a las experiencias y particularidades concretas que tiene una confrontación tan prolongada y llena de asimetrías como la de Colombia, así al menos lo sugiere el Comité Internacional de la Cruz Roja.

3. En todos los casos en donde se ha aplicado justicia transicional o marcos jurídicos como el que se pretende en Colombia, el conflicto o las dictaduras se superaron primero; el conflicto llegó a su fin con un vencedor y, reiteramos, generalmente los ganadores aplicaron sus reglas del juego con sus gobiernos nuevos y sus aparatos jurisdiccionales nuevos. Pero en Colombia no solo se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, sino que se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa. Una de las dos partes (el Gobierno en representación del poder del régimen) además, insiste en que hay que seguir en la guerra. Esto es prueba fehaciente de que la contienda continúa. No obstante, por más que desboque su belicismo, no es la vía militar la que le dará la victoria al régimen, pero sí es seguro que tal camino generará más victimización y atraso para nuestro país. Medio siglo de historia así lo corrobora.

4. Subrayemos que en medio de estas realidades, el Presidente Santos como Presidente de la República, Jefe de Estado y cabeza de la administración pública (así bautiza la Constitución al Presidente), aceptó frente a quienes tienen -dentro de las reglas de juego que él acata y juró cumplir-, la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución (Corte Constitucional), que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante el conflicto armado interno aún existente tras varias décadas de combate. Esta es una aceptación pública que bien puede tener alcance de acto administrativo, y que en todo caso tiene implicaciones, como:

a) La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido.

b) Tomemos en cuenta que el llamado ius puniendi equivale al derecho del Estado a aplicar la ley penal y la justicia en general. Ese derecho se deriva del llamado principio de legalidad. El principio de legalidad es la fuente o la base de todo Estado de derecho. La legitimidad del principio de legalidad a su vez es la fuente de la seguridad jurídica.

Entonces, ¿cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?

Por lo demás, el magistrado Pretelt no ha debido entregar a la prensa apartes y el sentido de su ponencia antes de la audiencia convocada para conocer el pensamiento de quienes se inscribieron para referirse al tema del marco jurídico para la paz. Lo hizo desde la víspera, lo cual le quita legitimidad y seriedad a su pronunciamiento. Le faltó a sus colegas, a la buena fe de la opinión pública en general y dejó un mal sabor de prevaricato. Hubo un evidente asalto al debido proceso.

En conclusión, esa iniciativa unilateral del gobierno que hoy debate la Corte Constitucional, ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se han comprometido las FARC-EP.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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