Las fotomultas: todos 'partidos'

Las fotomultas se han convertido en una pesadilla en Medellín. Lo que nació como una iniciativa para controlar el tránsito se fue convirtiendo en una versión de la novela 1984, en la cual la sociedad es controlada por el Gran Hermano, gracias a la ayuda de decenas de cámaras de vigilancia. No hay, tal vez, nadie en Medellín que no tenga una historia para contar de las nuevas multas de tránsito –o ‘parte’ como dicen los paisas–.

Si bien en Bogotá también hay fotomultas, la diferencia es que en Medellín no solo es para quien se pasa semáforos en rojo o está mal estacionado, sino para el que no respeta el límite de velocidad. Y por esta razón, el número de ‘partes’ está disparado. A muchos, en menos de una semana, les han llegado dos o tres. Y hay también a quienes les han llegado siete. Una de las razones más recurrentes de infracción tiene que ver con que en algunas zonas el límite es de 30 kilómetros por hora, en otras 60 y en unas pocas 80, y los conductores no están atentos cuando cambian de una zona a otra. De cada 100 comparendos, 64 son por exceso de velocidad.

En principio todo suena bien como experimento para agilizar el flujo de vehículos y para disminuir los accidentes. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Los accidentes aumentaron 8 por ciento, entre 2010 –cuando no había fotomultas– y 2011, ya con cámaras emitiendo comparendos. El número de muertos también aumentó en ese lapso de 295 a 306. Y en lo que va de 2012, los choques siguen disparados. En defensa del sistema, Juan Roberto García, vicepresidente de UNE, dice: “Los choques se redujeron en los sitios donde están las cámaras, pero la accidentalidad se trasladó para otros lugares. Lo que pasa es que cada año hay más carros y eso incrementa los accidentes”.

Las preguntas que está por responder son: ¿Este sistema educa a los conductores y le pone coto al desorden? o ¿Es un control poco efectivo para mejorar la movilidad?

El primer dato, para comenzar a responder estas preguntas, es que el sistema se montó sobre análisis financieros, según los cuales entre abril y diciembre del año pasado se iban a emitir 1 millón de multas, para recaudar 96.000 millones de pesos. La cifra suena estrambótica si se tiene en cuenta que hay 200.000 vehículos matriculados en Medellín, es decir, pensaban que cada vehículo podría ser multado cinco veces al año. Y en efecto, el cálculo falló: ‘apenas’ se impusieron 122.000 multas en 2011 y se recogieron 4.600 millones de pesos, según la Secretaría de Tránsito. No dio siquiera para cubrir la operación que cuesta 20.000 millones de pesos.

En otras palabras, lo de las fotomultas tiene un trasfondo de negocio. “Esto me preocupa y tengo un equipo estudiando qué podemos hacer, porque es evidente que el modelo financiero no se está cumpliendo”, dice Ómar Hoyos, secretario de Tránsito de Medellín. El lío es que si el negocio no da plata, le toca al municipio cubrir el faltante.

SEMANA investigó y encontró que quien maneja la operación de las fotomultas es la firma Quipux. En contratos se lee que el consorcio del que hace parte Quipux invirtió casi el 40 por ciento del costo de este esquema de tránsito inteligente y a cambio recibe un porcentaje de las multas. ¿Cuánto dinero recibe? En UNE (que es la encargada de los asuntos tecnológicos de la Secretaría de Tránsito) se abstienen de publicar el dato porque “se tiene que respetar la reserva del negocio”.

Esta no es la primera vez que Quipux aparece en negocios como este. En 2009, El Tiempo publicó una investigación en la cual dijo que Quipux, en consorcio, participó en la licitación del Runt y aunque perdió, después compró el 49,9 por ciento de las acciones de las empresas ganadoras. En Antioquia tuvo un episodio similar. Quipux participó en 2009 en un concurso de la Secretaría de Tránsito departamental y el único competidor que tenía fue descartado porque llegó por fuera del plazo, a pesar de que presentó su propuesta el día límite en la oficina de correspondencia de la Gobernación.

No se sabe cómo Quipux ganó el negocio de las fotomultas, pues UNE, pese a ser pública, se rige por el derecho privado y no da detalles. Lo que sí pudo establecer SEMANA es que el representante legal de Quipux, Álvaro Zuluaga Giraldo, es el mismo que creó la empresa que trajo las cámaras para las fotomultas. Es decir, quien ahora está operando las cámaras, y por lo cual gana un porcentaje de las multas, es el mismo que las importó. SEMANA lo buscó pero este no respondió.
¿A quién beneficia este sistema de multas?