Las fuerzas oscuras

En medio de la ola de asesinatos a finales de los 80, hizo carrera una frase del presidente Virgilio Barco quien, ante cada nuevo crimen, achacaba la responsabilidad a unas "fuerzas oscuras". Con el tiempo, se generalizó el uso de esa frase para explicar los atentados y las masacres de los 90 y la muerte de sindicalistas en este siglo. Para las ONG de derechos humanos, nunca cuajó la posición oficial de que todos esos hechos ocurrieran a las "espaldas" de las autoridades. Alegaron por años que dentro de esas "fuerzas oscuras" había agentes del Estado, cómplices en una guerra política en contra de la oposición de izquierda: no necesariamente en asesinatos, pero sí en hostigamientos, seguimientos y amenazas.

La reciente investigación de la Fiscalía a las llamadas "chuzadas" del DAS demuestra que sus miedos estaban bien fundamentados. En la inspección del CTI al edificio de Paloquemao, los investigadores encontraron centenares de folios y documentos de un grupo denominado G-3. Les llamó la atención primero, que la existencia del Grupo Especial de Inteligencia 3 no aparecía en ningún organigrama ni tenía manual de funciones, y segundo, lo explosivo del contenido de los archivos hallados. Allí se describe en blanco y negro la persecución de reconocidos activistas de derechos humanos y líderes políticos de izquierda durante 2004 y 2005, los dos últimos años del período de Jorge Noguera al frente del DAS.

Hay actas, solicitudes de recursos económicos para adelantar actividades contra "blancos" e informes de inteligencia sobre miembros de ONG, incluidos papeles recolectados en canecas de basura, como ocurrió en el caso de Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo. La obsesión del G-3 con Uribe es evidente y aterradora: en los archivos aparecen fotos de su esposa y sus hijos, sus cuentas bancarias, sus viajes al exterior, correos electrónicos y hasta un perfil sicológico (ver recuadro).

Uribe no es el único. La lista de objetivos de este grupo encubierto del DAS parece una colección de un Quién es quién de ONG (ver recuadro). Y no sólo les pusieron el ojo a las criollas. A José Miguel Vivanco, director de América Latina de Human Rights Watch, le interceptaron su correo y el de su asistente, y recomendaron hacerle "inteligencia ofensiva". Esta mención no es pasajera; es una de las tareas asignadas al G-3 en una reunión del 25 de julio de 2005.

Aunque este grupo especial no formaba parte oficialmente del DAS, tenía la facultad para dar órdenes a todas las otras dependencias y gastar recursos. Según se desglosa del acta del 8 de marzo de 2005, este "monstruo" fue la creación de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez, en ese momento asesor del DAS y quien sería su subdirector por pocos meses. Desde su nacimiento, a principios de 2004, el objetivo del G-3 era adelantar una "guerra política" contra todo lo que oliera a izquierda. Meses atrás, en septiembre de 2003, se había publicado el libro El embrujo autoritario, una violenta crítica de las ONG contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para los miembros de este grupo, las ONG y sus amigos -periodistas como Hollman Morris y Carlos Lozano- eran fachadas o miembros de la guerrilla y por ello, blancos legítimos. Una posición que reflejaba a la letra el pensamiento de Narváez, quien ingresó al gobierno inicialmente como asesor de Fondelibertad. Pedro Juan Moreno lo había recomendado para ser el zar de una central de inteligencia que querría establecer en la Casa de Nariño. Sin embargo, esa idea fue desechada por Uribe por considerarla peligrosa.

La presencia de Narváez en el gobierno fue marcada por la polémica y la confrontación. Como lo recordó esta semana el vicepresidente, Francisco Santos, Narváez le confesó una vez que tenía "chuzado" a Carlos Franco, el director de derechos humanos de la Vicepresidencia. Santos lo echó de la oficina y Andrés Peñate, entonces viceministro de Defensa, quien estuvo presente en la reunión, le recomendó a su jefe, el ministro Jorge Uribe, que no le renovaran el contrato a Narváez. Ese enfrentamiento, según le contó Peñate a la Fiscalía, generó una retaliación contra él y su familia por parte de Narváez. Ésta incluyó seguimientos a su esposa y a sus hijos. El CTI también encontró evidencias de trabajos de inteligencia del G-3 contra el Vicepresidente.

Si bien Narváez es un hombre poco conocido por la opinión pública, parece tener mayor recordación en las filas de los paramilitares, según se desprende de las declaraciones de varios integrantes y jefes de las autodefensas. El primero en mencionar a Narváez fue Jorge Iván Laverde, el 'Iguano', quien describió al ex subdirector del DAS como muy cercano a Carlos Castaño. Luego, este año, Salvatore Mancuso dijo desde Washington que sus hombres habían escuchado a Narváez dictar la cátedra Por qué es lícito matar a comunistas en Colombia. Freddy Rendón, el 'Alemán', ratificó lo dicho por Mancuso: "Narváez era instructor de las autodefensas". Narváez ha negado esos vínculos y ha declarado que "es una estratagema paramilitar".

Según las investigaciones de la Fiscalía sobre la infiltración de paramilitares en el DAS, durante 2004 y 2005 hubo una estrecha relación entre esos delincuentes y la cúpula de esa agencia de inteligencia del Estado. Jorge Noguera incluso ha sido acusado de que, bajo su dirección, el DAS les filtró a los paramilitares de 'Jorge 40' listas de profesores universitarios y sindicalistas para que fueran asesinados. Es el caso, entre muchos otros, del académico Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla.

Evidentemente dentro de los voluminosos documentos de espionaje no está por escrito con qué fin se utilizó el voluminoso material recogido por el G-3 ni cuál era el objetivo final de dedicarle tantos recursos en plata y en tiempo al seguimiento de cientosde políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. La hipótesis más fuerte es que formaba parte de la "guerra política" de la que tanto hace alarde Nárvaez en sus cátedras en la Escuela Superior de Guerra.

Se buscaría, en primer lugar, recopilar información preventiva, en otras palabras, saber en qué andaban los "enemigos del gobierno". Pero no se trataba de los grupos ilegales como paramilitares, guerrilleros o mafiosos, cuyo brazo criminal puede poner en jaque las instituciones. Los "enemigos" en este caso eran actores políticos que están en la legalidad y ejercen el legítimo derecho a la crítica y la oposición.

Segundo, los funcionarios de inteligencia buscaban escudriñar la intimidad de sus "blancos" con el fin de poder desprestigiar sus eventuales deslices, ya fuera en su vida privada o en la pública. Una clásica actividad de propaganda negra para deslegitimar el ejercicio de la oposición. Y tercero, hostigar e intimidar a esos "objetivos".

No hay indicios en los centenares de documentos de que las acciones del G-3 ayudaran a evitar reales amenazas del Estado o que culminaran en la captura de miembros importantes de las Farc. El Grupo Especial 3 se disolvió con la escandalosa salida de Noguera y Nárvaez en octubre de 2005; tanto, que los subsecuentes directores -Peñate, María Pilar Hurtado y Joaquín Polo- dicen no haber conocido el trabajo del G-3.

Sin embargo, el coordinador de ese grupo -Jaime Fernando Ovalle- continuó en el DAS hasta noviembre de 2008, cuando fue destituido por ser el autor de un memorando donde se ordenaba el seguimiento del senador Gustavo Petro. La directora Hurtado también renunció en ese momento.

En febrero de este año, SEMANA reveló cómo el DAS estaba fuera de control: hacía seguimientos a magistrados e interceptaba comunicaciones de la oposición y a periodistas. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría confirmaron el particular interés del DAS en la Corte Suprema; a los juristas les aplicaron el mismo modus operandi del G-3 (solicitud de información a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, elaboración de perfiles, seguimientos y espionaje de sus cuentas bancarias). También encontraron oficinas clandestinas y funcionarios del DAS más preocupados por los intereses particulares de miembros del gobierno, que por la seguridad del Estado. Peor aun, hay indicios, según la Procuraduría, de una operación de encubrimiento de las actividades non sanctas de los últimos años (ver siguiente artículo).

En la era Noguera y Narváez, el blanco 'legítimo' eran las ONG que criticaban día y noche a Álvaro Uribe. Con Hurtado, ese objetivo cambió al convertirse la Corte -en la opinión de algunos funcionarios de Palacio- en el nuevo "enemigo" más peligroso para el Presidente.

Desde cuando el general Gustavo Rojas Pinilla creó el DAS y lo puso a depender directamente de la Presidencia de la República, siempre se temía que se volviera el punta de lanza de una guerra política del gobierno contra la oposición. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría parecen haber confirmado ese nefasto presagio que ha resquebrajado la separación de poderes, ha puesto en peligro la vida de los defensores de derechos humanos y ha estigmatizado la prensa libre e independiente.