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| 8/5/2014 12:00:00 AM

Horas decisivas en el proceso de paz

Este martes se discute cuáles son las condiciones para que los desmovilizados y agentes del Estado puedan participar en política.

La nueva ponencia que definirá la participación en política de integrantes de grupos armados ilegales es arriesgada, pero sigue con los lineamientos marcados por el Estado colombiano al momento de elaborar el Marco Jurídico para la Paz. 

La magistrada (e) de la Corte Constitucional Martha Sachica de Mocaleano está en plena sintonía con el gobierno nacional en lo que respecta a la negativa rotunda a que miembros de grupos alzados en armas que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, tengan la posibilidad de llegar al Congreso.

Este martes hacia las 9:00 a.m. empezará el estudio de la ponencia que fue repartida a los nueve magistrados que integran la corporación. La palabra la tomará la nueva ponente del proyecto, Sachica, quien deberá exponer su nuevo proyecto a sus compañeros y convencerlos jurídicamente de que es la mejor salida para abrir un escenario político a miembros de grupos armados que no hayan cometido delitos atroces contra la población civil.

Dentro de los principales argumentos que planteará Sachica resaltan la necesidad de cerrar la puerta a que miembros de grupos paramilitares y agentes del Estado tengan la posibilidad de participar en política, debido a que las circunstancias y el conflicto que vivieron esos grupos ya tiene una solución jurídica ofrecida por el Estado, lo cual hace imposible su incorporación en el Marco Jurídico para la Paz. 

De ser aprobado este nuevo proyecto el coronel (r) Alfonso Plazas Vega o el general Jaime Humberto Uscátegui verían truncadas sus ilusiones de llegar al Congreso.
 
Otro aspecto determinante será la calificación del delito de lesa humanidad y genocidio cometido de manera sistemática. Esa será la franja que no pueden pasar las personas de grupos alzados en armas que quieran participar el política, puesto que será la Fiscalía en su actuar como ente acusador quien defina penalmente que integrantes de las FARC tienen investigaciones y condenas por este tipo de delitos y la que diferencie el carácter de sistematicidad (ataques contra la población civil de manera organizada y periódica) de la conducta de cada miembro. 

Un punto neurálgico en este debate es la intervención de la Corte Constitucional en el tema de víctimas, que en la actualidad es un tema candente en La Habana y en Colombia, en donde están por definir quiénes son los representantes que se sentarán en la mesa de negociaciones.


En la ponencia se manifiesta que en el escenario de una paz estable y duradera, los integrantes del grupo alzado en armas tiene que garantizar la dejación de armas, la reparación a las víctimas, la garantía de no repetición de sus acciones y la verdad sobre todos los crímenes perpetrados a la sociedad civil.

Por último, uno de los temas trascendentales que tocará la exposición de Sachica es el relacionado con la enorme responsabilidad del Congreso, que en una ley estatutaria deberá regular los efectos que tendrá el postconflicto en la sociedad civil y en los integrantes de las FARC incluidos en el proceso. 

Recuerda textualmente resalta la ponencia que “el legislador debe tomar precauciones para que la interacción entre los desmovilizados y las víctimas no reproduzca las condiciones de afirmación humillante de poder que estas últimas sufrieron en el pasado” con lo cual se hace determinante su participación en todo el proceso al momento de elaborar las normas y leyes que permitan a las víctimas el acceso a verdad, justicia y reparación. 

Se espera que este martes en la tarde exista debate sin que se tome una decisión alguna,  la cual será tomada el miércoles en horas de la noche. Semana.com habló con varios magistrados de la Corte Constitucional para conocer su posición respecto a proyecto y los magistrados que votarían por aprobar el proyecto serían Martha Sachica (ponente), María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz, Jorge Ignacio Pretelt, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza. Los magistrados que no estarían desacuerdo con la ponencia serían Jorge Iván Palacio y Mauricio González Cuervo. 
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