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| 7/12/2010 12:00:00 AM

Las inconsistencias en la versión de Íngrid Betancourt

La defensa de la ex candidata a su acción de conciliación dejó varias dudas sobre sus motivaciones y sobre su versión de los hechos que rodearon su secuestro. Varios protagonistas de esta historia la desmintieron.

Las explicaciones de Íngrid Betancourt a su decisión de instaurar una acción de conciliación en la que reclama al Estado colombiano una indemnización por más de 15 mil millones de pesos, no despejaron todas dudas sobre sus motivaciones.

Este domingo, Betancourt dijo, en una entrevista con Caracol televisión y radio, que no pretendía demandar al Estado, sino buscar una reparación para las víctimas del terrorismo. Además, dijo estar arrepentida de la acción de conciliación, debido a la andanada de críticas que recibió desde diferentes flancos.

Mientras tanto, el proceso jurídico continúa. Este lunes la Procuraduría anunció que el próximo 5 de agosto se hará una audiencia pública, a la que asistirán delegados del ministerio de Defensa, Betancourt y su familia.

¿Un monto simbólico?

“¿No podría haber solicitado una reparación simbólica? Es que lo que ha ofendido a la gente es el monto de la suma”, le preguntó el periodista Darío Arizmendi a Betancourt.

Ella respondió: “Es muy importante que se aclare eso. La suma yo diría astronómica y absurda es simbólica, porque es muy difícil pretender tasar el sufrimiento de las familias víctimas del terrorismo. Es imposible hacerlo”.

“De alguna manera si los abogados lo hicieron fue en un afán de solidaridad con las demás familias de los secuestrados… Esa suma no significa nada per se. Más allá de eso, es la oportunidad de darle legitimidad a la aspiración de indemnización que tienen muchas familias, que tienen derecho a ser indemnizadas”, agregó.

Sin embargo, 15 mil millones de pesos es mucho dinero como para decir que se trata de una suma meramente simbólica. En la condena que le impuso la CIDH a Colombia por el asesinato del senador Manuel Cepeda, la penalización está alrededor de los 700 millones.

Varias víctimas del secuestro han expresado su intención de demandar al Estado por perjuicios patrimoniales y morales, derivados de los años que permanecieron en cautiverio. Sin embargo, las circunstancias de su secuestro, en varios casos, son diametralmente distintas.

Ese es el caso, por ejemplo, de Sigifredo López, quien fue plagiado, junto a otros 11 diputados, mientras sesionaba en la Asamblea del Valle. A todas luces, la seguridad y protección de los diputados, responsabilidad del Estado, falló.

El propio López dijo que, independientemente de la suma estrambótica que piden los abogados, él también demandaría porque ese es un derecho de las víctimas.

En ese caso, no hay forma de pedir una reparación simplemente simbólica, porque su familia sufrió un detrimento patrimonial.

Lo que queda en entredicho en la situación de Íngrid Betancourt es que no haya pensado en dinero, sino simplemente en lo ‘simbólico’ de la suma, al momento de decidirse a instaurar una acción legal.

“No es una demanda”

Ahora bien, Betancourt reiteró que no se trataba de interponer una demanda. Dijo: “No es una demanda pidiéndole una suma multimillonaria al Estado. Es la posibilidad de sentarse a exponer unos hechos y a que el Estado colombiano diga si hay lugar a una indemnización o no. Eso puede llevar a que uno diga, si no se hizo la conciliación, a que se llegue a una demanda. Pero nosotros desde el primer momento con los abogados dijimos que no íbamos a demandar al Estado”.

La ex candidata enfatizó en que su intención con la acción de conciliación era da a conocer la verdad sobre lo que le ocurrió, pero que no era demandar al Estado “como han querido presentarlo”.

No obstante, en criterio de varios juristas, no es lógico que una persona pretenda solamente interponer una acción de conciliación, sin demandar al Estado, en caso de que no quede satisfecho con la conciliación. ¿La razón? La conciliación es un mecanismo creado para ahorrarle al Estado y al demandante el desgaste de un proceso jurídico.

Según Isnardo Jaimes, delegado de la Procuraduría para la conciliación administrativa: “Si uno se somete al contenido del escrito, debe entender, porque así lo dice la Ley, que cuando uno va a intentar demandar al Estado en reparación directa, es requisito de procedibilidad tramitar una conciliación administrativa”.

“Por lo tanto, al presentarla uno da a entender que ella (Íngrid) va a intentar, posteriormente, si no hay acuerdo conciliatorio, una demanda administrativa”, agregó.

La verdad sobre lo que sucedió

Uno de los argumentos que esgrimió Betancourt para defender su actuación fue lo que ella llamó su derecho a contar la verdad.

“Desde el momento en que me secuestraron, se dijeron una cantidad de cosas sobre la manera cómo se había dado el secuestro mío. Yo no tuve la oportunidad de decir cómo se dio el secuestro, durante todos los años que estuve en cautiverio. Se me señaló como una persona imprudente y loca que había, prácticamente, buscado el secuestro. Parte del resarcimiento moral es que se conozca la verdad. Yo pienso que es necesario que lo que me sucedió a mí no le vuelva a suceder a nadie”, dijo la ex candidata.

No obstante, no queda claro por qué Betancourt no buscó decir lo que, en su criterio, era la verdad, una vez fue liberada en la Operación Jaque hace dos años. En ese momento, toda la prensa se volcó a entrevistarla y el efecto mediático de sus declaraciones hubiera tenido una reacción distinta a la que tienen hoy sus decisiones.

Además, Betancourt prepara un libro en el que también puede documentar su versión de lo ocurrido. La pregunta que queda abierta es: ¿por qué acudir a una instancia legal para dar cuenta de lo ocurrido, si lo hubiera podido hacer por otros medios?

¿Firmó o no un descargo?

La ex candidata Presidencial recordó su versión de los hechos que rodearon su secuestro.

Indicó que el viaje a San Vicente del Caguán, ese fatídico 23 de febrero de 2002 en el que fue plagiada, no fue improvisado. Dijo que el alcalde de ese municipio, Néstor León Ramirez, quien pertenecía a su partido político, Oxígeno, le dijo que no cancelara el viaje pues los pobladores de la recién levantada zona de distensión temían represalias en su contra. Tres días atrás, el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc habían interrumpido los diálogos de paz.

Betancourt indicó que después de hablar con el coronel a cargo de los vuelos en el aeropuerto de Florencia prometieron llevarla, a ella y a otros seis integrantes de la campaña, en uno de los helicópteros que estaban saliendo hacia el Caguán. No obstante, después de varias horas el oficial le dijo que tenía la orden de no llevarla.

Betancourt dijo que después habló con el general Arcesio Barrero quien también le dijo que no podían facilitarle el traslado al Caguán. El jefe de escoltas de la entonces candidata recibió una llamada en la que, según Betancourt, le dijeron que no la acompañara.

“Yo tuve que reflexionar sobre dos cosas: el compromiso con la gente que estaba en San Vicente esperándome. Y aceptar que si me quitaban mis escoltas, era aceptar que el Gobierno me clausurara la campaña, lo que para una democracia es traumático”, dijo.

Adicionalmente, la ex candidata recordó que en un retén militar a la salida de Florencia no hubo mayor resistencia a dejarla pasar.

“Yo lo que veo es una falla. En tres oportunidades (pudieron evitar el secuestro): si me llevan en helicóptero, si no me quitan los escoltas. O, si se consideraba que era tan peligroso, no me hubieran dejado seguir”, agregó.

Al respecto, Arizmendi recordó que existe un documento que demuestra que el “coronel Rocha dijo las cosas no están bien, pero usted escribió con su propia letra: ‘continúo bajo mi responsabilidad’”.

“Yo ese episodio no lo recuerdo. Si eso fuera así y son documentos de buena fe, el tema del Estado no es hacer que las personas firmen descargos cuando hay problemas de seguridad”, respondió Betancourt.

La ex candidata dijo que la versión de los hechos ha sido acomodada por los implicados, con el paso del tiempo, para evitar su responsabilidad. Dijo que en ese momento el Gobierno pretendía decirle al mundo que la zona de distensión había sido recuperada y que no había ningún problema, con lo cual intentó desvirtuar el argumento de que fue advertida sobre los peligros de ir al Caguán.

Sin embargo, el ex comandante de la cuarta división del Ejército, General Arcesio Barrero, desmintió la versión de Betancourt sobre la supuesta permisividad de los militares para que continuara su viaje rumbo a San Vicente del Caguán.
"Es una mentira que yo le haya dado las garantías de seguridad. A ella se le advirtió el riesgo", precisó categóricamente el oficial en Caracol Radio.
El oficial en retiro sostuvo que el día del secuestro se reunió con Betancourt y le dijo que estaban en combates en el sector de Montañitas, por tanto no podían prestarle seguridad a la comitiva de la campaña.

Independientemente del valor jurídico que pueda tener un documento en el que se exime de responsabilidad al Estado por una decisión personal, no se explica por qué Betancourt no recuerda un episodio de semejante importancia.

¿Fue o no advertida?

La ex candidata presidencial insistió en que el deber de la Fuerza Pública era evitar que ella transitara por esa zona, si la situación de seguridad era tan grave. En su criterio, lo que ha ocurrido es que se ha tratado de demostrar que ella fue imprudente y no fue así. “Yo no quería estar sometida a un secuestro de seis años”, dijo.

“Lo que se le dijo al país fue que la zona está recuperada. Eso fue lo que le dijeron al país y a mí. Yo tomé decisiones basada en esa información... El general Barrero me dijo: haga lo que tenía previsto y váyase por carretera”, argumentó.

No obstante, Camilo Gómez, ex asesor de Paz del Gobierno de Pastrana, ha reiterado que la ex candidata fue advertida varias veces de los riesgos de su seguridad. En una entrevista con Caracol Radio dijo que, probablemente, la situación tan dolorosa por la que atravesó le ha dejado vacíos en la memoria.

En el mismo sentido, Omar Garzón, jefe de escolta de Betancourt y el ex general de Jorge Enrique Mora Rangel adujeron que la ex candidata fue advertida de lo que le podía pasar en la medida en que no había garantías para su seguridad.

“A ella lo que la secuestró fue su temperamento, ella quiso irse, prácticamente se le pegó a la guerrilla, ella sabía que iba a pasar. Ella se creyó amiga de ellos y creyó que eso iba a tener un impacto en su campaña”, argumentó Garzón.

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