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| 6/4/2011 12:00:00 AM

Las joyas de la Corona

Entre la multitud de leyes aprobadas se destacan seis reformas que el país esperaba hace años. Su reglamentación, que queda en manos del gobierno, y su tránsito del papel a la realidad son los grandes retos.

Estos son los proyectos claves que aprobó el Congreso en su primer año de trabajo bajo este gobierno. Lo son por tres razones, más allá de las críticas, acertadas o no, que se les hacen desde los diversos puntos del espectro político, pues, como cualquier producto de la cocina legislativa, son resultado de consensos, negociaciones y concesiones.

Primero, se trata de reformas que el país ha esperado por décadas, se han intentado aprobar muchas veces y muchos pensaron que no pasarían. Segundo, representan cambios de fondo en áreas claves como el reconocimiento de los millones de víctimas del conflicto armado, la modernización de la seguridad, las finanzas del Estado, la organización del territorio y la corrupción. Tercero, la reglamentación de varias de ellas queda en manos del gobierno, con los riesgos que esa concentración de poder conlleva.

Se trata de leyes, en un país que ha demostrado tener buena legislación, y, con lamentable frecuencia, un Estado que no la aplica o funcionarios que lo hacen a su conveniencia. La Constitución del 91, que consagra desde hace 20 años el Estado social de derecho, es el mejor ejemplo. Habrá que esperar su paso del papel a la realidad.

1. Por fin, las víctimas

"Día histórico" para Colombia llamó la ONU al primero de junio, cuando se aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras.

Por primera vez, en un conflicto armado que no cesa desde 1964, una ley reconoce a las víctimas, acepta el deber estatal de repararlas, rehúsa hacer distinciones entre sus victimarios, fueren estos paramilitares, guerrilleros o agentes estatales y reconoce el conflicto armado. Y se mete con el tema que está en el centro de lo que ha pasado en el último medio siglo: la tierra. Devolver millones de hectáreas a quienes fueron despojados de ellas es algo que, si se logra hacer, puede cambiar este país. Los retos son inmensos.

2. El paquete de seguridad

Cuatro leyes adaptan la legislación a los cambios en la criminalidad e intentan ayudar a un sistema judicial que se ha vuelto la cenicienta de la seguridad.

La principal, el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, pone al día el Código de Policía de 1970, que aún contemplaba, entre otros, multas en pesos de esos tiempos, y da a la Policía herramientas para manejar la urbanización del crimen, que ha tenido lugar desde entonces, y una larga lista de infracciones. La ley de delitos menores crea una nueva jurisdicción. En adelante, las lesiones personales, el hurto de menos de cinco millones de pesos y otros delitos serán objeto de un sistema judicial especial, de mecanismos de conciliación y de castigos que solo en algunos casos dan cárcel. Ambas leyes buscan descongestionar una justicia anegada en pilas de expedientes.

Otra ley modifica los códigos Penal y de Procedimiento Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia. Se endurecen las penas para mayores de 14 años que cometan delitos graves. Para responder al fenómeno de las llamadas bandas criminales se introduce la "pertenencia a grupos de delincuencia organizada", que tendrá hasta 22 años de cárcel, y se busca evitar que los capturados en flagrancia salgan libres con facilidad, como ocurre hoy, y agilizar los mecanismos de extinción de dominio.

En suma, se impone una concepción en la que el endurecimiento de penas por delitos severos y la descongestión de la justicia por los menos graves son los patrones. El aspecto preventivo, de educación y cultura, tiene menos relevancia.

La ley de inteligencia y contrainteligencia, a la que le falta el último debate, busca dar coherencia a la inteligencia estatal, precisa y reglamenta sus objetivos y su accionar e introduce elementos de regulación y control civil. Algunos temas son polémicos, como el término de la reserva de documentos clasificados y los drásticos castigos para las filtraciones -que originalmente incluían también a los periodistas que las publicaran-. Una comisión parlamentaria hará veeduría sobre los gastos reservados, y las interceptaciones deberán ser autorizadas por un juez.

En un país sacudido por 'chuzadas' y listas negras de sindicalistas y defensores de derechos humanos, esta ley, pese a sus limitaciones, es una bocanada de aire fresco.

3. Al territorio lo que es del territorio

A la vigésima va la vencida. Aunque parezca increíble, la ley que regula el ordenamiento territorial había sido presentada sin éxito 19 veces al Congreso, desde 1991. Y esta vez se aprobó.

Por primera vez se cuenta con un marco general -y un organismo, la Comisión de Ordenamiento Territorial- para tratar de manejar un país tan diverso regionalmente como Colombia, de una manera más organizada. La ley refuerza la descentralización, dando mayor independencia a los entes territoriales y abre la puerta a que municipios y departamentos se asocien en regiones de distintos tipos para hacer obras y proyectos, prestar servicios públicos, manejar el medio ambiente e invertir los recursos del Fondo de Desarrollo Regional. El gobierno queda con la potestad de crear, por decreto, Zonas de Inversión Especial para Superar la Pobreza, que recibirán recursos de un fondo especial, y de presentar al Congreso códigos de regímenes para las entidades territoriales, incluidas las indígenas.

En el papel, esta ley es, como la calificó el ministro del Interior, Germán Vargas, histórica. En la realidad, es de las que enfrentan más retos. Basta recorrer la extensa geografía de Colombia con sus bandidos, sus corruptos y sus inmensas diferencias regionales.

4. Regalías: la torta de los diez billones

Después de los elefantes blancos y del despilfarro que por décadas marcó el uso de las regalías petroleras y mineras, era apenas lógico que el país buscara, como dijo el ministro de Hacienda, "repartir la mermelada en toda la tostada". A eso apunta la Ley de Regalías, aún pendiente de su último debate: a dar recursos a las regiones.

Repartir una torta que el año próximo llegará a los diez billones de pesos, hasta ahora acaparada por los municipios productores, era uno de los grandes pulsos de este gobierno en el Congreso, y el Ejecutivo tuvo que ceder. En lugar del alto grado de control al que aspiraba, debió aceptar la eliminación del Fondo de Competitividad Regional, que iba a manejar. En otros fondos, que harán parte del Sistema General de Regalías, comparte el control con municipios y gobernaciones. Se fijaron porcentajes para distribuir los recursos que irán a inversión, innovación y ahorro, lo que se considera antitécnico, pero políticamente necesario para pasar la reforma.

La gran innovación es que, a partir de la aprobación de la ley, prevista para la semana próxima, lo que le queda al país por la explotación de petróleo, carbón y oro ya no será solo para un puñado de municipios productores, sino para todos, para obras de infraestructura, innovación y ahorro. Y habrá un esquema de monitoreo del uso que den los municipios productores a las regalías directas. Todo un revolcón al esquema tradicional. En manos del gobierno queda presentar al Congreso el marco regulatorio.

5. Estatuto Anticorrupción

Cuando prácticamente todo el mundo cree que al país se lo está robando un puñado de facinerosos, un complemento indispensable para todas las demás leyes es poner freno a la corrupción.

En principio, el Estatuto Anticorrupción tiene los dientes necesarios para blindar la contratación pública, el manejo de los dineros de la salud y la financiación de campañas. Ataca con medidas concretas la corrupción estatal y el tráfico de influencias e impide que quienes financien candidatos puedan contratar con el Estado si estos ganan la elección. Se introdujo el principio de oportunidad para quienes cometan cohecho, y contadores y revisores fiscales, exentos del secreto profesional, podrán hacer denuncias. No habrá suspensión condicional de la pena ni casa por cárcel para funcionarios que cometan delitos contra la administración.

Medidas claras para proteger los maltrechos y muy solicitados de manera ilícita dineros del Estado. El gran desafío es hacerlo no en el papel, sino en la realidad, en especial en un país en el que los corruptos, en el centro y en las regiones, hacen, mes a mes, su agosto.

6. La dupla fiscal

Dos proyectos, a los que les falta su último debate en plenaria, representan un revolcón en el manejo de las finanzas estatales: el acto legislativo sobre sostenibilidad fiscal y la llamada regla fiscal.

El primero eleva a "principio" constitucional (en el texto final se volvió "criterio") la idea de que la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales solo es viable si el Estado puede financiarlos. Esto dio lugar a un debate de filosofía política entre quienes, como los liberales, consideran que poner esta norma en la Constitución significa supeditar derechos esenciales a las limitaciones fiscales, y la de quienes, como Fedesarrollo, creen que eso es condición para satisfacerlos.

El proyecto de regla fiscal, como dice el viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master, es una camisa de fuerza que el gobierno central decide ponerse, comprometiéndose a gastar al ritmo del crecimiento: ahorrar en épocas de vacas gordas para cuando lleguen las épocas de vacas flacas. Hay quienes dudan de que esto sea útil o se pueda cumplir sin incrementar la carga tributaria.

Los cambios fiscales son de fondo, pero cumplir con estos parámetros rígidos no ha sido fácil ni para economías desarrolladas: en Europa, varias naciones se 'pasan por la galleta' el mandato del Tratado de Maastricht de mantener su déficit fiscal por debajo del 3 por ciento del PIB. Cómo vaya a ser en Colombia, aún está por verse.
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