Wiston Leonel Torres tiene dos condenas a cuestas. Además la Fiscalía General de la Nación lo está investigando por decenas de casos. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha evitado que este personaje disfrute a todo dar su vida.
Aunque para la mayoría de los colombianos es un completo desconocido, hay dos lugares del país en donde su nombre es muy popular. Uno de esos sitios es un lujoso edificio del barrio El Poblado, de Medellín, en donde actualmente vive. Para sus vecinos de este exclusivo sector, Wiston Leonel es un alegre abogado chocoano con el que ocasionalmente se encuentran y quien en varias oportunidades los ha desvelado con las fiestas que organiza. En sus amplias terrazas del segundo piso, departe con sus amigos, al calor de unos whiskies, y con los mejores mariachis de la capital paisa. En una ocasión también lo vieron de compras en el elegante centro comercial El Tesoro. Sin duda, nada mal para quien debería estar tras las rejas.
Ésta es Jenylao, la lujosa discoteca de propiedad de Torres.
El otro lugar en donde Torres es realmente bien conocido es Quibdo, Chocó. Allí es llamado el abogado del diablo por ser el cerebro de una de las mayores defraudaciones a las arcas del departamento más pobre del país. Y por ser familiar del exrepresentante a la Cámara Edgar Ulises Torres, quien se encuentra condenado a nueve años por vínculos con paramilitares. Algo que seguramente desconocen sus actuales vecinos en El Poblado, quienes posiblemente tampoco sabían que su ruidoso vecino es en realidad un reo y que el elegante apartamento es su cárcel. Sin duda, una nueva burla al sistema judicial.
El 12 de abril del 2011, luego de una larga investigación un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Chocó ordenó la captura de Torres y otras dos personas. El fiscal probó que por medio de una serie de artimañas Wiston Leonel se quedó con 2.900 millones de pesos de las, ya de por sí, quebradas arcas de la educación de ese departamento. Y le imputó cargos por enriquecimiento ilícito, falsedad material en documento público, fraude procesal y uso de documentos falsos. “De acuerdo con lo establecido por el CTI, con fundamento en una resolución falsificada, se ordenó el pago de acreencias laborales a personas inexistentes que supuestamente habían laborado en el Fondo Educativo Regional –FER–”, dice un aparte del comunicado de la Fiscalía en el que se anunció la captura de Torres.
Este es solo uno de las decenas de casos que la Justicia adelanta en su contra. Torres, frente a la contundencia de las pruebas, se acogió a sentencia anticipada con lo cual redujo sustancialmente su condena a cuatro años de prisión. Tras su detención Torres fue enviado a la cárcel Anayancy en la capital chocoana. En una región acostumbrada a la falta de justicia la noticia trajo algo de esperanza. Pero fue una simple ilusión.
Torres permaneció solo unos pocos meses tras las rejas. El abogado consiguió un certificado del laboratorio Celsalud, cuya propietaria era, según la Cámara de Comercio, Mariela Castillo, con quien tenía una relación sentimental y un hijo. En el documento se afirmaba que Torres tenía “elevados niveles de hemoglobina y albúmina”, como prueba de que estaba “gravemente enfermo”. Esa constancia la envió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó como soporte para solicitarle al juez que le otorgara la casa por cárcel.
Como prueba de la “gravedad” en la que se encontraba este hombre de 39 años, anexaron un dictamen de Medicina Legal, que se basó en el primer informe de la mujer de Torres, pero que adicionalmente certificó que el abogado tenía otras dos “graves” enfermedades: anemia y varicocele (ver documentos). Aunque pueden ser reales, ninguno de estos diagnósticos es fatal o requiere tratamientos y condiciones especiales para ser tratado, que es uno de los requisitos para que un juez otorgue la casa por cárcel a un preso. Sin embargo, Torres tuvo buena suerte y el juez le concedió la detención domiciliaria en su residencia en Quibdó.
Pero el abogado del diablo tenía otros planes adicionales. Consiguió que el juez le permitiera viajar y radicarse en Medellín con el argumento que en la capital paisa se sometería a supuestas intervenciones quirúrgicas y a tratamientos para sus “graves” problemas de salud. Así llegó Torres a su casa por cárcel en el lujoso edificio de El Poblado (ver fotos). Por mera coincidencia, para ese momento, es decir comienzos del año pasado, el abogado estaba terminando de construir una gigantesca discoteca llamada Yenilao en la carrera 70 con la circular Segunda, que hoy es una de las más concurridas de la capital antioqueña, lugar en donde, también por mera coincidencia, Torres tiene otras propiedades y negocios.
Todo esto mientras en teoría lo siguen investigando por decenas de casos más. Las autoridades poco volvieron a saber de esos casi 3.000 millones de pesos por los que Torres recibió esa primera condena. Pero es algo que al parecer no le preocupa. En su casa por cárcel y desde su terraza con una vista envidiable sobre Medellín el abogado continuó haciendo de las suyas. Incluso, posiblemente, ha seguido delinquiendo desde su cómodo sofá.
El 22 de agosto del año pasado, una abogada que trabaja en la Gobernación del Chocó denunció ante la Fiscalía a Torres y a su hermano Yeyfre por extorsión y amenazas de muerte contra ella y sus dos hijos menores de edad. En un extenso relato, la funcionaria les contó a las autoridades cómo inicialmente accedió a servir de cómplice para realizar un nuevo desfalco a las finanzas del departamento por 632 millones de pesos, algo que finalmente no se consolidó debido a que un acucioso funcionario descubrió el ilícito y logró evitar el desembolso del dinero. Según la denuncia de la funcionaria, Torres decidió cobrarle entonces a ella el monto del fallido desfalco y empezó a extorsionarla y a amedrentarla.
Ante la presión y el miedo la funcionaria le contó a la Fiscalía que realizó préstamos bancarios por cinco millones de pesos para pagar las primeras extorsiones y, al no poder conseguirle más dinero, se incrementaron las amenazas contra sus hijos. Fue tal la presión y el temor que optó por contar lo que le estaba ocurriendo. Una fiscalía de Bogotá adelanta esa investigación.
Aunque es la denuncia más reciente contra el abogado, de las decenas que hay en la Fiscalía, nada parece inquietarlo. En octubre pasado el Juzgado Segundo Penal de Quibdó emitió la segunda condena en su contra. Lo sentenció a cinco años de prisión por estafa agravada. Según la providencia, defraudó, a través de procesos ejecutivos, a Bojayá y a 37 docentes de ese municipio por 1.200 millones de pesos. Pero esto tampoco fue motivo de desvelo para el abogado del diablo.
No es para menos. Desde su confortable prisión difícilmente sentirá el peso de la ley o la justicia. Lo más sorprendente es que ni los jueces, ni el Inpec, que le permitieron gozar de los lujos que hoy tiene este reo, parecen indignarse y mucho menos han mostrado intenciones de tomar algún tipo de correctivo sobre este caso, que es una verdadera burla a la justicia y al Chocó.
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