Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/09/19 22:00

Las lecciones del caso de Natalia Springer

Después del escándalo de los contratos,la semana pasada se oyeron las defensas del fiscal y la politóloga. ¿Convencieron?

Lo primero que hay que decir es que el fiscal Eduardo Montealegre y Natalia Springer no perdieron nada por dar la cara en las dos extensas entrevistas que aceptaron la semana pasada. La razón es muy sencilla. Porque antes de esas entrevistas estaban no solo contra las cuerdas sino casi en la lona. Con las aclaraciones que dieron por lo menos evitaron el knockout.

El fiscal y la Springer hablaron más de dos horas con Darío Arizmendi y Julio Sánchez, respectivamente. Las dos entrevistas eran arriesgadas, pues ambas contaban con feroces entrevistadores. Sin embargo, la jauría de La W asusta más. Tal vez, en parte, por eso le fue mejor a Natalia que a Montealegre. Aunque los dos hablaron con gran contundencia y tono enérgico, la contratista se limitó a los temas que le correspondían mientras que el fiscal se salió de la ropa y disparó para todos los lados.

Ambos dijeron verdades incuestionables, verdades a medias y una que otra mentira. El fiscal decidió que la mejor defensa era el ataque y en el fondo esto pudo haber sido contraproducente. Porque aunque dio respuestas plausibles a muchas de las dudas que han rodeado los contratos objeto del escándalo, no logró despejar interrogantes cruciales.

Tal vez la intención original del fiscal era sana, pero el problema estuvo en la ejecución. Él cree que con la llegada al país de la justicia transicional para el proceso de paz se requiere romper paradigmas y explorar mecanismos de investigación más idóneos y contemporáneos que han sido probados en otras latitudes. En ese sentido no era absurdo acudir a expertos como Springer, Baltasar Garzón o Manuel José Cepeda. Tampoco es descabellado decir que ese trabajo de explicar los patrones de crímenes sistemáticos –macrocriminalidad– que cometen los grupos armados requiere conocimientos de profesionales como matemáticos, antropólogos y politólogos, entre otros –y no solo abogados–.

El problema es que algo va de la teoría a la práctica en un camino en el cual se está abriendo trocha. Montealegre no ha logrado aclarar muy bien por qué, si él mismo constituyó en 2012 la Unidad de Contexto con más de 300 personas de diferentes disciplinas, bajo la batuta de Alejandro Ramelli, tenía que hacer varios contratos con externos como Springer para lo mismo. Al fiscal no le quedó bien descalificar a Ramelli, a quien él contrató para montar su proyecto estrella, y sobre quien dice ahora no tiene méritos profesionales.

En cuanto a la contratación de Springer ninguna de las explicaciones ha sido totalmente convincente. Afirmar que ella es la única que tiene la experiencia para procesar bases de datos de crímenes es una exageración simplista. La propia contratista explicó que César Caballero, de la encuestadora Cifras y Conceptos, por ejemplo, hizo un trabajo similar para el Centro de Memoria Histórica, procesando datos de secuestro de cuatro décadas. Trabajo que por cierto ya está publicado y le sirvió de base a Springer. Además de esta entidad, en Colombia hay universidades e institutos independientes, como el ICTJ, la Fundación Ideas para la Paz, Paz y Reconciliación, el Cerac o el International Crisis Group que están en capacidad y tenían más infraestructura y experiencia en la práctica para hacer ese mismo trabajo. Si como asegura Springer ese contrato requería complejos ejercicios matemáticos como algoritmos, progresiones geométricas y georeferenciación, es probable que ese no fuera su fuerte ya que ella tiene grados en psicología, ciencias políticas y filosofía. Su explicación de que su hermano llenaba ese requisito lo único que hace es dejarle un tufillo de familia a todo ese episodio.

Otra afirmación del fiscal que desafía la credibilidad es atribuirle a sus asesores externos, Springer y Baltasar Garzón, los logros que ha obtenido la Fiscalía contra el crimen organizado en los meses recientes. Ese argumento no solo es tramposo, sino injusto con la propia Fiscalía y con su gestión. Significaría que sus fiscales y unidades de investigación son tan ineptos que contratistas pueden resolver en seis meses lo que ellos no han logrado hacer en años. Esos comentarios fueron recibidos como una bofetada por sus subalternos, y ponen en entredicho la propia gestión de Montealegre que ha tenido logros importantes.

A pesar de que el fiscal habló largo, no resolvió interrogantes que están aún en el aire. El primero, por qué ante las objeciones al primer informe que entregó Springer, él decidió desconocerlas y pagar el trabajo un mes después, sin que hasta ahora nadie conozca el documento final corregido.

Segundo, por qué si ese primer contrato por 800 millones era para analizar crímenes de las Farc, meses después se firmó otro, por casi cuatro veces ese valor, para analizar los crímenes de organizaciones más pequeñas como el ELN y las bacrim, que no son objeto de justicia transicional ni tienen nada que ver con el proceso de paz.

Tercero, por qué los resultados de un contrato polémico, firmado por él sin concurso, vigilado por él y cuestionado por sus subalternos, no pueden conocerse por supuestos motivos de seguridad nacional. Este último elemento es francamente insostenible y deja la impresión de que en el documento no hay mucha carne. De pronto es como dice Ramelli “una recopilación de lo que saben todos los colombianos”.

Es difícil de entender por qué Montealegre se está jugando todo su prestigio en un episodio tan vulnerable. Cualquiera que conozca cómo funcionan las cosas en Colombia, sabría de antemano que esas cifras tenían que producir un escándalo. ¿Qué motiva al fiscal a inmolarse de esta manera? Y como si fuera poco no pudo haber abierto más frentes de batalla. No solo descalificó innecesariamente con argumentos algo infantiles a los periodistas que lo han criticado, sino que se le olvidó que él era el fiscal y se posicionó como antiuribista.

¿Y Natalia qué?

El caso de Springer es menos dramático y le fue mejor que al fiscal. El asunto del apellido es baladí. Que se lo cambió ante notario, es algo exótico pero legal y del fuero personal y no tiene nada que ver con el problema de fondo. Que es una estudiosa de la justicia transicional es un hecho incontrovertible. Durante años ha escrito sobre la materia y tiene títulos que lo sustentan. Decir que para firmar su contrato requería ser abogada es hilar muy delgado. Ha hecho estudios en materias cercanas al derecho y para firmar un documento de esta índole ella no tiene que saberlo todo, sino contratar gente que sepa. El problema es que así como el fiscal no revela el contenido del mismo, la Springer no revela la nómina que contrató. Se dice que pueden ser 20 personas, pero es poco probable que eso sea verdad. Si fuera así, se hubieran hecho públicos los nombres, las hojas de vida y se minimizaría la polémica.

Su empresa resultó ser de familia. Lo único confirmado es que ahí trabaja su hermano Juan Fernando y su hermana Ana María. De Juan Fernando ella asegura que es un genio de las matemáticas, lo cual puede ser verdad pero suena como rosca familiar. Lo mismo sucede con su hermana, de quien lo único que se sabe es que trabajó con ella como asistente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

A Natalia posiblemente le faltó transparencia, exageró sus méritos, pero nadie puede decir que no sabe de lo que habla. Ha estudiado y es solvente en materias de justicia y paz. Es algo carretuda y eso sin duda le ayudó a conseguir los contratos. Sin embargo, ese no es el punto. El punto es si el contrato que firmó con el fiscal tiene sentido, es exagerado, y sobre todo por qué se hizo saltando matones.

Lecciones del caso


Durante dos semanas se ha hablado de este tema y es hora de sacar lecciones. La primera es que la Fiscalía es una institución muy grande y costosa y que si el fiscal requiere por razones excepcionales una nómina paralela, esto no solo debe sustentarse muy bien, sino soportar el escrutinio público. Aun después de todas las explicaciones pocos creen que el trabajo que desarrolla la firma de Springer justifica las cifras que se están pagando. Algo se descarriló en ese capítulo.

En el caso de la señora Springer la lección tiene que ver con la falta de transparencia en su labor como comentarista de radio y prensa, y el conflicto ético en el que incurrió al tratar frente al público temas que atañen a la materia para la que fue contratada por una entidad del Estado.

Ahora, los medios de comunicación y el periodismo también deben sacar su lección. Ha habido un linchamiento mediático que tiene mucho de suspicacias injustas y algo de machismo. Eso no cambia el hecho de que sigue siendo un misterio por qué el fiscal se jugó los ases de su gestión en esos contratos. Según sus propias palabras van a dividir la historia de la investigación judicial del país. Eso está aún por demostrarse. Hasta ahora lo que es un hecho es que esos contratos dividieron en dos las carreras de Eduardo Montealegre y de Natalia Springer.

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