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| 3/27/1995 12:00:00 AM

LAS MENTIRAS DE FABIO PUYO

Estas son las pruebas que pueden condenar al ex gerente de la Empresa de Energía de Bogotá a más de 10 años de cárcel.

SI FABIO PUYO VASCO fuera Pinocho tendría la nariz más larga de Colombia. SEMANA tuvo acceso al expediente del proceso que se le sigue por apropiarse indebidamente de 692 millones de pesos, y les presenta a sus lectores las principales mentiras en que incurrió el ex funcionario y que hoy lo tienen al borde de una condena que puede superar los 10 años de cárcel. Por cuanto que el ex funcionario no apeló el fallo de la Fiscalía que lo llamó a juicio por el delito de enriquecimiento ilícito, la audiencia pública contra el ex gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá se iniciará en menos de 10 días.
Aunque Puyo está refugiado en una isla del Caribe, las autoridades judiciales colombianas han anunciado su disposición para traerlo al país y obligarlo a pagar por la parte de responsabilidad que tuvo en el descalabro de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Guavio. Estas son seis de las innumerables mentiras con las cuales Puyo intentó justificar sus extraordinarios ingresos, y que lo convierten en un émulo de Pinocho:
1. Para justificar el patrimonio con el que ingresó a la Empresa de Energía, Puyo dijo que en 1981 recibió 300.000 dólares que le pagó la empresa Construcciones GP Konstruktor Split por concepto de asesoría jurídica.
Según la Fiscalía, esta versión es falsa porque la Superintendencia de Sociedades certificó que ese año dicha empresa estaba en liquidación. En esa vigencia la compañía Konstruktor ni siquiera presentó declaraciones de renta porque se hallaba en total estado de iliquidez. Además Hernán Vargas Hernández, revisor fiscal de la entidad, certificó que ésta no tuvo ninguna vinculación comercial con Puyo y que tampoco fue asesor jurídico de la misma.
2. Puyo dijo que en 1982 y 1983 reailizó negocios de manejo de ganados y venta de vehículos con José Oliveros Medina Guevara, Luis Eduardo Díaz y Saúl Pinzón. En esas transacciones, dijo, obtuvo más de 36 millones de pesos en ganancias.
Los investigadores dejaron sin piso este argumento y concluyeron que las tres personas trataron de favorecer a Puyo con base en mentiras: Oliveros aseguró que tuvo negocios con Puyo consistentes en compra venta de ganado e inmuebles, pero se contradijo cuando en una primera indagatoria sostuvo que los dineros que Puyo le enviaba para las transacciones comerciales estaban representados en cheques. Posteriormente dijo que la plata siempre le llegaba en efectivo.
Luego, Oliveros sostuvo que no sabía nada sobre la hacienda La Reforma, que antes se llamaba Los Cauchos. No obstante, la Fiscalía comprobó que Díaz Godoy le vendió la finca a Puyo y que Oliveros se desempeñaba como administrador de la misma.
Además, Oliveros, Díaz y Pinzón no presentaron una sola prueba documental sobre sus presuntas transacciones con Puyo y, por el contrario, a la Fiscalía le pareció muy sospechoso que, sin llevar contabilidad, dieran cifras exactas sobre negocios que nunca probaron.
3. Puyo sostuvo que en 1983 recibió 384.000 dólares, provenientes de la venta de 12 grabados de Picasso, recibidos en parte de pago por servicios prestados el año anterior al ciudadano español Miguel Gaspar Alba.
La excusa de la defensa se cayó, inicialmente, porque los investigadores de la Fiscalía nunca lograron comprobar la existencia de la docena de grabados. Además, Gaspar hizo llegar una certificación sobre la entrega de las pinturas, pero no explicó en qué época y bajo qué condiciones fue asesorado por Puyo. Al mismo tiempo, la Fiscalía no le dio credibilidad a un documento enviado por Cristóbal Melgar Méndez, en su calidad de administrador de la galería Sala Gaspar-Marcos y Cuadros S.A., en el que dio cuenta de la compra de los Picassos. Los investigadores comprobaron que Melgar no es contador público -como lo consignó en la certificación- porque así lo corroboró la Dirección General de Profesiones de México.
"Tampoco fueron allegados registros contables -dice el expediente conocido por SEMANA-, ni declaraciones de impuestos ni autorizaciones del giro de divisas de organismos estatales españoles que indiquen que la galería canceló los 384.000 dólares por los cuadros. Y muchísimo menos fue reportado el valor recibido del exterior al Banco de la República".
4. Puyo aseguró que entre 1985 y 1988 recibió 606.000 dólares por concepto de asesoría legal a la empresa Transcontinental Caribe C.A., radicada en Caracas (Venezuela), pero con oficinas operativas en Cumaná y Punto Fijo. Para probar esa afirmación presentó 12 certificaciones, firmadas por Cayetano Marcucci -apoderado de Transcontinental-, donde constan los pagos, realizados a través de una cuenta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York (ver facsímil).
No obstante, la Fiscalía encontró muy fácilmente que los documentos eran falsos: Rafael Bianco Fernández, presidente de la compañía venezolana, aseguró que nunca ha tenido cuentas bancarias en el Chase Manhattan Bank. Porque no posee la liquidez suficiente para afrontar los gastos de sus operaciones.
Según la Fiscalía, Puyo y Marcucci incurrieron en un cúmulo de falsedades y contradicciones, así: Marcucci certificó inicialmente que Puyo recibió honorarios en dólares estadounidenses por asesorar jurídicamente un pleito entre las motonaves Tuna Atlantic C.A. y Carirubana. No obstante, en su declaración formal ante los investigadores, sostuvo que la asesoría fue asumida por el abogado Enzo Natole.
Cuando Marcucci se refirió a la forma en que le pagó las sumas en dólares a Puyo, inicialmente dijo que "fue en cheques y dólares por exigencia de él".
Pero en una posterior indagatoria sostuvo que no tenía idea de la manera como Puyo recibió los pagos.
5. Henry Armand Beal, gerente de Alimar Sarl, empresa radicada en San Martín, Guadalupe (departamento francés), sostuvo que Puyo era abogado asesor y consejero de la firma y que por ello le pagó la suma de 3.000 dólares mensuales más un considerable porcentaje por las transacciones efectuadas. Según él, esto ocurrió en el segundo semestre de 1985, durante todo 1986 y 1987 y por espacio de siete meses en 1988. Para ello, la defensa adjuntó los respectivos documentos y agregó que Beal no tenía contabilidad porque en San Martín no era obligatorio llevarla y porque ésta prescribía después de tres años.
La Fiscalía echó por tierra el testimonio de Beal, porque el Greffe Du Tribunal de Commerce, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de Francia, certificó a través del consulado de Colombia en París que las sociedades comerciales asentadas en San Martín sí tienen que llevar contabilidad y que los libros y los papeles contables deben ser conservados durante 10 años.
Parecido a lo que ocurrió con Beal, Puyo presentó documentos que supuestamente respaldan unos pagos, no especificados, que le hizo Maurice Ruffieux, en San Martín, entre 1985 y 1987.
La Fiscalía no les dio validez a los comprobantes porque son fotocopias informales de libros y se ignora si estaban inscritos en los libros del tribunal de comercio y si su contenido se ajusta a la realidad que pretende demostrar. "Las fotocopias -dice el expediente- no son prueba contable suficiente pues nunca se aportaron los comprobantes de egreso, prueba del desembolso".-
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