LAS MIL Y UNA GUERRAS

Once militares muertos en una emboscada en Necoclí Antioquia rebosaron la copa. El tema del orden público se extendió como la pólvora. El cruento asalto a la población de Urabá se convirtió en el detonante de toda suerte de comentarios políticos declaraciones oficiales y editoriales que llenaron páginas en los periódicos y espacio en los noticieros de radio y televisión. Todo parecía confluir en un interroganle: ¿estamos o no estamos en guerra? Un editorial de El Tiempo anterior a la matanza era categórico al respecto: "Lo que empieza a diseñarse en Colombia no admite ya el nombre de guerra de guerrillas. Es una guerra, que nuestras Fuerzas Armadas libran en condiciones desventajosas".
La Dirección Liberal no parecía ver las cosas tan negras: "La situación es delicada, pero no desesperada", afirmaba uno de sus miembros. Y el mismo gobierno en carta del Presidente a la Comisión Política Central recomendaba al país no caer en una "desesperación irreflexiva", ni en la trampa de aquellos que tienen como consigna "magnificar las situaciones de conflicto y minimizar los aspectos positivos".
Para quienes sí pensaban que el país estaba en guerra las estadísticas sobre violencia guerrillera que publicó El Siglo el jueves 26 parecían confirmarlo: 235 muertos en lo que va corrido del año incluyendo 22 soldados y 49 policías. Ese mismo día el diario El Tiempo afirmaba que la violencia guerrillera estaba cobrando un muerto cada ocho horas y un miembro de las Fuerzas Armadas cada día.
Sin embargo de acuerdo con datos oficiales recogidos por SEMANA, la actual oleada de muertes no significa un espectacular aumento en relación con otros años (ver recuadro) pero sí permite establecer que desde 1981 existe una constante de incremento de las muertes por violencia guerrillera.

Polémica política
Al margen de las cifras muchos dirigentes liberales con sus opiniones entrevistas y cartas terciaron en la polémica. Tal vez sin proponérselo, quien la abrió fue el propio presidente Virgilio Barco, con un mensaje que dirigió a El Espectador el domingo 22, en el que pedía una cruzada nacional para hacerle frente a la violencia. Misael Pastrana, quien regresaba otra vez al país, en sus habituales declaraciones de aeropuerto, dijo que era el propio Presidente el que debía encabezar esa cruzada y no andar pidiendo que alguien la acaudillara.
Pastrana fue más al fondo: "Colombia está peor que el Líbano".
Estas declaraciones, sin embargo, no se referían exclusivamente a lo dicho por Barco en el mensaje al periódico de los Cano, ni a la situación actual, sino que formaban parte de la posición conservadora frente a un hecho que pareció insólito: la reunión de la Dirección Liberal Nacional con los altos mandos militares, que algunos calificaron de normal y patriótica, pero que otros consideraron imprudente "porque más bien, debieron reunirse con el ministro de Gobierno".
Todas estas eran, pues, las tempestades políticas después de la lluvia de plomo. Y a ellas se sumó el representante Ernesto Lucena Quevedo con un mensaje a la Dirección Liberal, donde hablaba abiertamente de guerra y pedía un incremento en el presupuesto económico para las Fuerzas Armadas. A apoyar las peticiones de la Dirección Liberal de formar un frente suprapartidista, se sumaron siete senadores en carta dirigida al Jefe de Estado. Y editorialistas y comentaristas de prensa también saltaron a hablar de la situación de orden público, en muchos casos con frases conocidas. "Arrecia la ola criminal"; "Al borde del abismo"; "Restablecer la tranquilidad pública y la confianza ciudadana"; "El país no puede dejarse a los violentos".

¿Guerra civil?
En esas reacciones a la violencia, que fueron más numerosas y ocuparon más espacio que las mismas informaciones violentas en la semana, apareció ya en firme y sin eufemismos una teoría que hasta entonces se mantenía restringida a los cocteles y a los almuerzos: el país está en guerra.
Para muchos, lo que en Colombia pasa no tiene las connotaciones de una guerra civil. Y no es que sea mucho menos que eso, sino mucho más, debido a que se están dando una serie de conflictos regionales de muchas cabezas y por razones muy diferentes en todo el país. "Cuando se dice guerra civil, se está hablando de la lucha abierta entre un ejército y otro, pero aquí son muchos más los grupos enfrentados, y los enfrentamientos van mucho más allá del simple encuentro militar entre los bandos", explicó una fuente cercana al gobierno.
Algo semejante expresaba en su columna del sábado 28, el ex canciller Carlos Lemos Simmonds: "En Colombia, lo que sobrecoge no es que alguien mate a una figura eminente cualquier aciago día, sino que todos se maten por cualquier cosa todos los días".
En efecto, aparte de la diversidad de fracciones en armas, de intereses distintos, de influencia del narcotráfico y de la delincuencia común, el problema del orden público está totalmente regionalizado: cada zona del país tiene un conflicto distinto, enfrentado por grupos distintos. Y no todos, necesariamente, tienen que ver con la guerrilla, como en el caso del Guaviare donde nadie sabe lo que está sucediendo, pero en donde son demostrables estas cifras: en 1981 un kilo de pasta de cocaína era vendido en un millón y medio de pesos de ese entonces. Y ahora esa misma cantidad apenas cuesta 150 mil pesos. "Esto ha generado un trauma en la economía doméstica de quienes estaban viviendo de la coca. Y al rebajárseles los ingresos, naturalmente son individuos que entran en conflicto con ellos mismos y para mantener su status deben entrar en conflicto con los demás".
El caso del Caquetá es distinto al del Guaviare y al resto del país. Ese territorio, del que se enseñoreó el M-19 hace tres años, es ahora un lugar en donde sólo los dirigentes liberales parecen condenados a muerte. Catorce de ellos han sido asesinados en los últimos meses. En Arauca, de otra parte, no hay casi enfrentamientos entre grupos armados, y los asesinatos políticos se han reducido. Pero existe un grupo guerrillero --ELN-- muy bien armado porque, según editorial de El Tiempo del 19 de marzo "dispone de más de cinco mil millones de pesos extorsionados a las compañías petroleras". En Urabá, el asunto es totalmente distinto: el enfrentamiento entre dos sindicatos, uno respaldado por el EPL y otro por las FARC. Allí, según informaciones de la Dirección de Instrucción Criminal, más de la mitad de los asesinatos son fruto de los conflictos sindicales. En el Magdalena Medio, hasta hace pocos años sede de permanentes combates, ha bajado el plomo en campo abierto, pero siguen cayendo asesinados líderes de la Unión Patriótica. En el Meta, en donde hasta hace poco los muertos los ponía la UP, ahora caen liberales y conservadores casi por igual.
De todo este mapa de violencia, ha desaparecido el Cauca, departamento que permaneció en las primeras páginas durante mucho tiempo. Pero no es que se haya convertido en una zona pacífica espontáneamente, sino que es el único departamento en donde se han repartido tierras últimamente producto de los planes de rehabilitación puestos en práctica por el gobierno de Belisario Betancur. De allí se ha retirado el M-19, el Quintín Lame está en una especie de tregua y ha surgido otro grupo de autodefensa indigena: Juan Lama.

Las causas objetivas
Si en el análisis resulta comprobable que en cada región el conflicto tiene su porqué y cada una por su lado busca cómo resolverlo, en lo que parece haber uniformidad es en que la subversión ha entrado a saco en un campo que dejó abierta la ausencia del Estado. Y esa es una de las razones para el aumento de la guerrilla y de su poder en determinadas zonas.
Arauca y Urabá son los mejores ejemplos de la llegada tardía de la acción del Estado: en la primera de ellas llegó primero el boom petrolero y, con él, vinieron los forzosos pactos (vacunas, extorsión...) con los grupos guerrilleros. Y en el segundo caso, primero llegó la bonanza bananera, la sindicalización de los trabajadores y después sí, con amplia desventaja, el Estado.
Otro fenómeno que ha contribuido a la existencia de "tierras de nadie", es el de la colonización indiscriminada en los últimos treinta años. Jesús Antonio Bejarano, economista asesor del consejero para la Rehabiliación, Carlos Ossa, concluyó en una investigación que en las zonas de colonización "los antiguos colonos que perdieron sus tierras no fueron incorporados como trabajadores asalariados y comenzaron a engrosar el ejército de desocupados agrícolas, generándose una situación clara de conflicto de tierras".

La lucha desigual
Además del problema generado por la ausencia de la acción del Estado en las zonas de violencia y aparte de las discusiones políticas y de las propuestas editoriales, lo cierto es que en materia de combates, a las Fuerzas Armadas les ha ido muy mal. Las cifras de sus bajas hablan solas de lo que ha significado en vidas el conflicto, y esta realidad ha merecido largas reflexiones por parte del gobierno y de los altos mandos, con conclusiones dramáticas.
La primera de ellas es la de la desigualdad de fuerzas. De acuerdo con datos obtenidos por SEMANA, en este momemo hay en Colombia seis mil soldados en capacidad de combatir con alguna probabilidad de éxito frente a la guerrilla, cuyo número está calculado en unos 3.500 alzados en armas (incluyendo 2.500 de las FARC). Pero la diferencia numérica a favor de las Fuerzas Armadas no se traduce en una posición ventajosa a la luz de las teorías universales de la contrainsurgencia, según las cuales, para tener éxito en esa lucha se necesitan por lo menos diez soldados por cada guerrillero.
Se mencionan también otros factores que contribuyen a la desventaja de las Fuerzas Armadas, como una inferior alimentación, menores ingresos económicos de los combatientes, y aun los problemas de disciplina táctica que en el caso de Necoclí (ver recuadro), se hicieron evidentes.
En el análisis que ha hecho el alto gobierno con las autoridades militares, se han mirado con pavor cifras como esta: un soldado colombiano gana entre 1.200 y 1.600 pesos mensuales (aparte de comida, vivienda y ropa), pero la calidad de su alimentación es tan mala que provocó recientemente en el Caquetá un altercado entre algunos soldados y la población civil, que mereció la intervención del alto mando. En contraposición, según cálculos no oficiales, cada hombre de la subversión puede "costar" unos cincuenta mil pesos mensuales.
Esta radiografía de la situación del Ejército, sumada a la teoría de que el país está padeciendo una guerra civil no declarada, ha llevado a algunos personajes en ciertos círculos a hablar de la necesidad de declarar una economía de guerra. La tesis, que va de la mano de la del ex ministro de Defensa Fernando Landazábal, según la cual el país está en un punto de no retorno frente a la lucha antiguerrillera y hay que rectificar todos los errores dejados por la búsqueda de la paz del gobierno anterior, consiste en proponer que se acaben las inversiones públicas en aquellas zonas afectadas por la violencia y, en lugar de construir carreteras, centros de salud o escuelas, esos recursos se dediquen a equipar con más eficacia a las Fuerzas Armadas y a aumentar el pie de fuerza. El propio ex presidente Alfonso López Michelsen ha dicho que, antes de negociar con la guerrilla, hay que derrotarla.
Al lado de esta idea, que recorrió cocteles y comidas en la última semana, surgió otra desde las páginas de El Tiempo: la creación de un impuesto para contribuir a la seguridad, como un compromiso de lo gremios agropecuarios, políticos y campesinos para que, además, desechen el pago de la llamada "vacuna".
No obstante el revuelo --y aparente apoyo-- que provocó la teoría de la economía de guerra y la idea del impuesto anti-inseguridad, esta revista supo que ni el gobierno ni las autoridades militares están de acuerdo con ella. En esos círculos se sigue considerando que la solución no puede ser nunca exclusivamente militar. Como dijo un funcionario del alto gobierno consultado por SEMANA, "teniendo en cuenta la complejidad de las causas de la violencia política en Colombia, ni siquiera si se invirtiera todo el presupuesto de la rehabilitación en una campaña militar que a corto plazo derrotara a la guerrilla, se obtendría una solución duradera. Esa estrategia no permitiría mitigar los factores objetivos de la violencia y, a mediano plazo, esos mismos factores crearían el ambiente para una nueva guerra".
Por esta razón, el gobierno sigue fiel al principio filosófico de enfocar el problema desde el punto de vista político, con inversiones económicas que continúan calculadas en 400 mil millones de pesos en los próximos cuatro años. Y, para subsanar los inconvenientes presupuestarios de las Fuerzas Armadas, en lo que se piensa es en hacer un mejor uso de esos recursos. "Probablemente al Ejército le sobran edificios y carros Mercedes Benz y lo que le falta son botas y comida para los soldados", dijo una de las fuentes de SEMANA.
Mientras ese era el planteamiento del gobierno para enfrentar esta oleada cíclica de malas noticias sobre el orden público, en algunos sectores, se pensaba que detrás de toda esta violencia y de la controversia suscitada, había personas apuntando a dañar el ambiente para la elección de alcaldes dentro de menos de un año. Pero en todos los círculos, sin embargo, existía la convicción de que tal y como va el 87, este será un año tanto más negro, con tantas o más muertes por violencia política, como lo fueron 1981, cuando se cuadruplicó el número de muertos del año anterior, o 1985 cuando se duplicó. Una fuente del Palacio de Nariño, que negó rotundamente la posibilidad de aplazar la elección de alcaldes; anotó que "no es la primera vez en esta década que se habla de que las elecciones están amenazadas, y que sería muy absurdo que, invocando la defensa de las instituciones democráticas, se suspendiera el más importante logro de la democracia colombiana en los últimos tiempos".--

Necoclí: once al patíbulo
A pesar de la orden terminante de no andar en grupos mayores de cuatro y a una distancia no menor de cien metros entre cada grupo, los 18 agentes del Comando Antinarcóticos de la Policía Nacional que cumplían operaciones en la población de Necoclí, en el municipio de Urabá, fueron sorprendidos por un escuadrón de 300 guerrilleros el pasado domingo 22 de marzo, en una emboscada que dejó un saldo de 11 muertos, cinco heridos y tres más tomados como rehenes. Todos iban en el mismo vehículo.
"De haberse cumplido esta orden impartida por la Policía y el Ejército a sus hombres, especialmente para las zonas de mayor conflicto, seguramente se hubiera evitado la masacre la más sangrienta sufrida por la Policía y la peor ocurrida en Antioquia en los últimos cinco años", declaró a SEMANA una alta fuente gubernamental, expresando la preocupación del gobierno por este tipo de descuidos de las fuerzas del orden en zonas de permanente hostilidad.
El asedio soportado por los uniformados durante más de dos horas fue adjudicado a guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL), principal grupo subversivo en el Golfo de Urabá, y tuvo lugar a las 11 y 15 de la mañana de ese domingo, cuando los agentes se dirigían a cumplir una labor de inspección en el aeropuerto La Virgen del Cobre, de Necoclí, población de 14 mil habitantes al extremo norte del departamento de Antioquia hasta hace poco considerada un oasis de paz en la convulsionada región de Urabá.
La patrulla, destacada en la zona para realizar trabajos rutinarios en los aeroplanos que llegan a la población fue emboscada por los subversivos que dinamitaron la vía y luego atacaron a los uniformados con fusiles FAL, R-15, cohetes rockets, granadas de fragmentación y una mina de dinamita que calcinó la parte trasera del camión oficial Ford 300, sin dar tiempo a que muchos de ellos pudieran siquiera tomar sus fusiles para defenderse.
Según Orlando Zuleta Guerrero, policía sobreviviente, "el ataque fue sorpresivo. Los bandoleros estaban ocultos entre la maleza y por eso no los vimos. De pronto saltaron a la carretera y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Nosotros sólo alcanzamos a escuchar el grito de alarma de `¡nos emboscaron!', cuando se dio el primer lanzamiento de granadas que nos causó grandes estragos". Aunque según un habitante de Necoclí quien pidió no ser identificado "todo esto pudo haberse evitado, pues desde las cuatro de la mañana, los guerrilleros estuvieron pintando los buses y carros que se movilizaban entre Necoclí y Arboletes". José López Ríos otro de los policías que salió ileso del atentado aseguró: :"A nosotros nadie nos dijo nada. Aquí casi no quieren a la Policía. Nosotros no molestamos a nadie, pero no les caemos bien. La ciudadanía no colabora". De hecho, SEMANA pudo establecer que transcurrió mucho tiempo desde el momento mismo de la emboscada antes de que alguien diera aviso a las autoridades del pueblo.
Se cree además que se produjo una filtración y que alguien informó a los subversivos sobre la ruta que seguiría la patrulla puesto que los operativos que realizan las brigadas antinarcóticos de la Policía Nacional son secretos y en este caso concreto se trataba de una operación reservada de inteligencia tendente a supervisar el aterrizaje y de una avioneta que al ser notificada de lo que estaba sucediendo desvió su rumbo y regresó a Medellín.
En la mañana del lunes 23 Edgar Rodríguez Vargas uno de los agentes secuestrados por el comando guerrillero que después del atentado se internó en la zona montañosa de Filo la Lata y Filo la Tigra se presentó a la estación de Policía de Necoclí sin su arma de dotación pero sano y salvo. No tuvieron la misma suerte sus otros dos compañeros tomados como rehenes Ferney Romero de 19 años y Héctor Ramírez Chávez de 25 quienes al cierre de esta edición permanecían aún en poder de sus captores.
Hoy mientras el gobierno sigue preguntándose por qué las fuerzas de orden público no toman medidas de seguridad más severas y eficaces la cúpula militar ha determinado poner en marcha un nuevo plan contra la violencia el cual contempla el incremento del pie de fuerza del Ejército y la Policía Nacional en 3.500 efectivos que serían destinados a los departamentos de Cesar, Caquetá, Sucre, Antioquia y Valle del Cauca consideradas las zonas de mayor violencia en el país.


El diario de las muertes
La siguiente es la lista de los enfrentamientos armados en lo que va corrido del año:

Enero 2 - Solita (Caquetá): muertos cuatro guerrilleros en enfrentamiento con Ejército.
Enero 22 - Vista Hermosa (Meta): muertos dos guerrilleros de las FARC en encuentro con VII Brigada.
Enero 25 - San Vicente de Chucurí: el XI Frente de las FARC vuela un camión de Ejército, mueren siete militares (dos suboficiales y cinco soldados).
Enero 28 - La Plata (Huila): cuatro guerrilleros de las FARC, muertos en combate con el Ejército.
Enero 31 - Arauquita (Arauca): un teniente del Ejército es asesinado y un helicóptero incendiado por el ELN.
Febrero 3 - San José de Isnos (Huila): diez guerrilleros del Quintín Lame, muertos en combate con el Ejército.
Febrero 5 - Páramo del Almonadero (Santander): siete guerrilleros del ELN, muertos en enfrentamientos con el Ejército.
Febrero 6 - Rionegro (Huila): dos guerrilleros de las FARC, muertos en combate con el Ejército.
Febrero 15 - Tres Esquinas (Tolima): tres militares y un guerrillero, muertos en dos emboscadas del XVII Frente de las FARC.
Febrero 20 - El Carmen de Chucurí (Santander): tres guerrilleros de las FARC muertos en combate con el Ejército.
Febrero 24 - Inzá (Cauca): dos guerrilleros del Quintín Lame, muertos en enfrentamientos con el Ejército.
Febrero 25 - San Juan de Villalobos (Cauca): dos militares y un guerrillero del Batallón América, muertos en combate.
Febrero 26 - Bolívar (Santander): dos guerrilleros de las FARC, muertos en una emboscada al Ejército.
Febrero 26 - Dolores (Tolima): un agente de la Policía es asesinado en asalto del XIX Frente de las FARC.
Febrero 27 - Puente Nacional (Santander): dos guerrilleros de las FARC, muertos en combate con el Ejército.
Febrero 28 - Manizales (Caldas): seis policías son asesinados por una columna del EPL.
Febrero 29 - Cahira (Norte de Santander): tres agentes de Policía, muertos por miembros de la Coordinadora Nacional Guerrillera.
Febrero 28 - Chiriguaná (Cesar): un suboficial y un agente son asesinados por una célula del EPL.
Marzo 3 - Santander de Quilichao (Cauca): once guerrilleros del Batallón América, muertos por el Ejército.
Marzo 5 - Ariari (Meta): dos guerrilleros de las FARC, muertos por la VII Brigada del Ejército.
Marzo 7 - Chaparral (Tolima): un guerrillero del M-19, muerto a manos del Ejército.
Marzo 8 - Socorro (Santander): cuatro guerrilleros de las FARC, muertos en combate con el Ejército.
Marzo 9 - Zaragoza (Antioquia): dos policías muertos en emboscada del ELN.
Marzo 10 - Piedecuesta (Santander): un agente y un suboficial, muertos en enfrentamiento con el XI Frente de las FARC.
Marzo 13 - Nechí (Antioquia): dos agentes y un guerrillero, muertos en un asalto del ELN.
Marzo 13 - Guacamayas (Caquetá): ocho guerrilleros de las FARC, muertos en encuentro con el Ejército.
Marzo 13 - Paujil (Caquetá): un soldado y un guerrillero de las FARC, muertos en enfrentamiento.
Marzo 15 - Cimitarra (Santander): tres guerrilleros muertos en enfrentamiento entre el Ejército y los frentes Xl y XIII de las FARC.
Marzo 16 - San Pablo (Norte de Santander) ocho agentes muertos en asalto del ELN.
Marzo 17 Tunja (Boyacá): dos guerrilleros del ELN, muertos en enfrentamiento con el Ejército.
Marzo 18 - Segovia (Antioquia): cuatro guerrilleros del XI Frente de las FARC, muertos en enfrentamiento con el Ejército.
Marzo 22 - Necoclí (Antioquia): once policías antinarcóticos muertos en embosca da del EPL.
Marzo 24 - Pasto (Nariño): un soldado muerto en enfrentamiento con el EPL.
Marzo 26 - Balastrera (Putumayo): dos guerrilleros del EPL, muertos en enfrentamiento con el Ejército.