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| 1/29/2013 12:00:00 AM

Las ocho crisis que se “inventó” Gustavo Petro

Según el concejal Antonio Sanguino este es el número de temas que el alcalde sacó del sombrero., 331063

A Gustavo Petro parece no gustarle “construir sobre lo construido”. Desestima ese principio que acogieron los alcaldes Mockus, Peñalosa y Garzón, quienes protagonizaron un círculo virtuoso en el gobierno de Bogotá. Él prefiere abusar de su ímpetu reformador. Pero como soslaya la importancia de la gerencia pública y exhibe un estilo retador, sus pretensiones de cambio se quedan a media marcha o generan un impacto negativo.

Por ello hemos vivido un año tumultuoso. En permanente vértigo. Por cuenta de una sucesión de crisis derivadas del espíritu arriesgado del alcalde. Emplea mucha “voluntad de cambio”, pero también hace gala de improvisación y falta de realismo. Sus “barras bravas” lo defienden diciendo que el acierto en sus decisiones se confirma por la reacción de rechazo o desconcierto que generan. Ese es su criterio de verdad. Son crisis inventadas por el alcalde. Estas son algunas de las más conocidas:

Una: La prohibición de venta de agua en bloque

Petro es obsesivo con encarar los efectos del “cambio climático”. Aunque se equivoca en el método. Pronto decidió suspender la venta de agua en bloque a los constructores particulares en la Sabana de Bogotá. Argumentó que la construcción de urbanizaciones y fábricas en los alrededores de los ríos Bogotá y Teusacá contribuyen a las inundaciones en las zonas rurales de la capital colombiana. "Si seguimos construyendo en esos lugares, contaminamos el agua que vamos a beber", afirmó el burgomaestre. Y junto con Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, ha pretendido utilizar el suministro del líquido para decidir sobre el ordenamiento territorial de los municipios de Cundinamarca.  

El efecto de esta decisión es totalmente contrario a un proyecto humanista como el que quiere representar el alcalde. Les niega el derecho al agua a los ciudadanos cundinamarqueses, “olvidando” que el 93% de las aguas que consume Bogotá provienen de los páramos Chingaza, Guerrero y Sumapaz, ubicados en Cundinamarca. Ha frenado la construcción de al menos 154.782 unidades de vivienda popular en Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Tenjo, Zipaquirá y Facatativá. Y lo más grave, ha presionado para que el Departamento constituya su propia Empresa de Acueducto y le dispute a Bogotá las licencias de captación que hoy tiene.   

Dos: El cambio en la contratación de los refrigerios escolares

Uno de los orgullos de la ciudad es su política alimentaria. Cuando Petro llegó a la Alcaldía, la ciudad entregaba casi un millón de refrigerios diarios en escuelas y colegios. El alcalde y su secretario de Educación, Óscar Sánchez, quisieron desterrar a los contratistas que proveían los refrigerios porque los consideraban parte de las 'mafias de la contratación'. Concluyeron que había que sustituir el mecanismo de la licitación pública por el de “subasta inversa” y seleccionaron la Bolsa Mercantil de Colombia para realizar la compra de los alimentos.

El resultado es pingüe. Los contratistas terminaron siendo los mismos. La administración ha cobrado como un gran triunfo un ahorro que no llega al 3% en el precio de los refrigerios. Ocultan el alcalde y su secretario de Educación que el menor costo significó también disminución en el gramaje y en cantidades de nutrientes y proteínas de los refrigerios que representan el 30% de la nutrición de los niños y jóvenes más humildes de la ciudad.  

Tres: La eliminación de las casas vecinales

En Bogotá desde hace 30 años funcionan más de 130 Asociaciones de Casas Vecinales. Son organizaciones populares de mujeres que trabajan por la restitución y la garantía de los derechos de la infancia y de las mujeres. Desarrollan actividades de promoción social y operan jardines infantiles comunitarios en zonas vulnerables de la ciudad. Cada asociación atiende de 100 a 250 niños menores de 5 años y allí trabajan entre 15 a 30 mujeres educadoras y de servicios generales. Desde los tiempos de Mockus, la operación de estas “Casas Vecinales” se garantizó mediante la celebración de convenios del Distrito con las Asociaciones. Inexplicablemente, la Secretaría de Integración Social decidió eliminar los convenios y contratar directamente el personal y los suministros que se requieren para operar los jardines y demás servicios.

La estatización de los espacios comunitarios significó la eliminación de un plumazo de estas organizaciones populares de mujeres. Hoy los jardines, que debían funcionar desde el 15 de enero, están cerrados porque el Distrito contrató el personal pero no ha hecho lo propio con la alimentación y los demás servicios que requieren los jardines. Y las mujeres que aportaron su trabajo y su liderazgo desde hace más de 30 años en las “Casas Vecinales” temen ser excluidas laboralmente del programa.    

Cuatro: Desmonte de los comedores comunitarios


A Petro parece no simpatizarle el programa de Comedores Comunitarios. Decidió quitarle los recursos que los Fondos de Desarrollo Local destinaban para el funcionamiento de 177 comedores en las 20 localidades de Bogotá que atendían a más de 40.000 personas. Y de los 138 comedores comunitarios bajo la responsabilidad financiera y operativa directa de la Secretaría de Integración Social, a agosto del 2012 había 85 comedores cerrados por cuestiones contractuales, que significaron 27.205 usuarios afectados. La propia secretaria de Integración Social, Teresa Muñoz, ha dicho que la administración evalúa la sustitución de los comedores por otras modalidades de atención que permitan liberar recursos para los jardines infantiles prometidos por Petro en campaña.  

Cinco: El cambio de horario laboral


Con la pretendida idea de mejorar la movilidad de la ciudad, el alcalde expidió el Decreto 438 de 2012, que modificaba el horario laboral de los empleados públicos del Distrito y establecía como hora de entrada las 9:30 a. m., y las 7:00 p. m. como hora de salida. Mientras el alcalde esgrimía argumentos legales y de autoridad, los trabajadores protestaban por considerarla una medida arbitraria e inconsulta y los expertos advertían que su impacto era absolutamente marginal. En efecto, 40.000 de 60.000 servidores públicos quedaban excluidos de la medida por ser maestros, al no modificarse los horarios escolares. Igual ocurría con los trabajadores del sector salud. Finalmente, solo el 7% modificaría sus horarios laborales y en cambio alterarían los servicios de atención de trámites de los ciudadanos. Seis días después, el Alcalde reculó y trasladó la responsabilidad a los jefes de cada organismo, a los secretarios de despacho y a los directores de los Departamentos Administrativos, para que organizaran la jornada laboral de manera concertada con los servidores públicos de cada entidad. Pero la crisis ya había sido generada innecesariamente.

Seis: La fusión de las empresas públicas


En diciembre del 2011, el alcalde anunció la integración de las Empresa de Servicios Públicos de Bogotá (EPB). En su momento dijo que la ETB, la Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Acueducto se integrarían y definirían las políticas e inversiones del sector de servicios de la ciudad. El solo anuncio impactó negativamente el valor de la acción de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) al menos en 4% y de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en cerca del 17%.

Siete: Terminación de los Contratos de Transmilenio y baja de tarifas


Desde el inicio de su mandato el alcalde quiso acorralar a los operadores del sistema Transmilenio. Y con razón objetó las excesivas ganancias para los operadores privados derivadas de los contratos de Fase 1, pero olvidó las condiciones de riesgo en las que estos se celebraron y se excedió en calificar de “mafias” a los operadores. Su discurso altisonante estimuló las protestas que desembocaron en actos vandálicos contra la infraestructura del sistema. Anunció la liquidación unilateral de los contratos, la expropiación de los vehículos y la adquisición de una flota para que el Distrito asumiera la operación del servicio con el propósito de bajar las tarifas.

Muy pronto el alcalde entendió los enormes riesgos jurídicos y fiscales de una liquidación unilateral y se comprometió en una ya larga renegociación de los contratos que aún no culmina. Lo curioso es que sin mayores estudios técnicos decretó una rebaja general de tarifas que no se financia de la disminución de las utilidades de los operadores sino de los recursos de la ciudad. Peor aún, las utilidades de los operadores se incrementaron al aumentar en 12% la ocupación del sistema como resultado de la rebaja tarifaria.   

Ocho: La crisis de las basuras

Ha sido la crisis más grave que ha vivido la ciudad en la administración Petro. Las imágenes de montañas de basuras en las calles y de las volquetas con trabajadores operando en condiciones indignas quedarán en la memoria colectiva como símbolo de negligencia e improvisación. Al no poder estructurar una licitación pública que entregara nuevamente en concesión el servicio con bajas en las tarifas, mejoras ambientales e inclusión de los recicladores, la Administración escogió un camino plagado de ilegalidades e improvisaciones que comenzó con la delegación del servicio de aseo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Todo esto, adobado con un discurso que alebrestaba a los recicladores y la emprendía contra todo el mundo: operadores de aseo, organismos de control, gobierno nacional, expertos y fuerzas políticas que advertían los riesgos evidentes para la ciudad.  

El resultado neto es que el alcalde convirtió a las carreras a Aguas de Bogotá, una empresa sin experiencia en el servicio y contablemente quebrada, en operador público de aseo. Tuvo que desistir de su intención de operar todo el servicio para negociar con los operadores privados quienes atienden el 72% de la ciudad, mientras en el 28% restante opera Aguas de Bogotá con múltiples dificultades y sobrecostos. La prometida inclusión de los recicladores aún no se cumple y la clasificación en la fuente terminó siendo discurso de unos días. El trabajo digno prometido para los trabajadores de aseo es una quimera, sobre todo en el operador estatal. Y lo más grave, el alcalde aún no supera el escándalo por el alquiler de los compactadores usados y comprados en subastas de vehículos averiados y siniestrados en Estados Unidos.  

Con razón muchos califican irónicamente a Petro como un posmoderno. Que prefiere la “deconstrucción” que los filósofos de la postmodernidad aconsejan para la reflexión de estos tiempos. Pero Petro debería saber que ese concepto aplicado al arte de gobernar puede ser devastador.
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