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Las ONG: ¿héroes o villanos?

Una campaña masiva para reivindicar la labor de los defensores de derechos humanos pone sobre la mesa la polémica sobre el verdadero papel que desempeñan estas organizaciones en la guerra.

16 de noviembre de 2002

En todo el mundo las ONG emprenden campañas masivas: contra la tortura, la desaparición, el racismo, la guerra. Por eso no es raro que las organizaciones de derechos humanos colombianas se unan para lanzar una campaña. Lo que sí es sorprendente es que ésta no aboga por los derechos de los desplazados, ni por el esclarecimiento de los crímenes impunes, ni por el fin del secuestro. La campaña busca defender su propia labor, y esto sí no tiene precedentes.

"Es una acción de defensa de nuestra legitimidad porque se ha venido reforzando en los últimos meses la idea de que las ONG de derechos humanos somos una fachada de la guerrilla", dice Jaime Prieto, coordinador del comité ad hoc de protección de defensores, que agrupa a las principales organizaciones de este tipo en el país.

El anuncio de Fanny Kertzman, embajadora en Canadá, de que uno de los componentes de la estrategia antiterrorista del gobierno consistiría en "contrarrestar la labor de las ONG en el exterior" disparó los temores que ya tenían los activistas frente al gobierno de Alvaro Uribe. Estos se acentuaron con el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Londoño, fuera uno de los oradores en el lanzamiento del libro Esquilando al lobo, en el cual se hace una furibunda crítica a las ONG como "aparato subversivo no armado". Y se desató una auténtica paranoia con el allanamiento de la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en Bogotá.

Para los defensores de derechos humanos es evidente que en un sector del gobierno y en círculos de derecha han desatado una campaña de estigmatización en su contra. Desde la otra trinchera ideológica muchos ven a las ONG bien como idiotas útiles de la guerrilla o directamente como un brazo político de la misma.

¿Persigue el gobierno a las ONG de derechos humanos? ¿Son las ONG instrumentos de las guerrillas? SEMANA trató de establecer el verdadero papel que desempeñan estas organizaciones en el conflicto colombiano más allá de los arraigados prejuicios ideológicos y la inmensa desinformación que existe al respecto.

¿Cuál es la posicion del gobierno?

En contraste con las declaraciones de Kertzman o las intervenciones de Londoño el presidente Uribe ha realizado gestos concretos que favorecen a las organizaciones de derechos humanos.

El más importante, quizá, fue nombrar como vicepresidente a Francisco Santos, que saltó a la esfera pública gracias a su activismo como fundador de País Libre y de las marchas del 'No Más' contra la violencia. Y a Carlos Franco, ex director de una fundación de reinsertados del EPL, como cabeza del programa presidencial para los derechos humanos. Ambos ya se reunieron con las Ong nacionales y acordaron tener reuniones formales cada dos meses para mantener un canal permanente de comunicación.

También es loable la decisión de prorrogar por cuatro años la labor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Es la primera vez que un gobierno avala el trabajo de este organismo por todo su período. Por otro lado, Uribe ordenó hundir en el Congreso un proyecto de ley presentado el año pasado por Andrés Pastrana que establecía una auditoría a las ONG de cooperación internacional. El proyecto continúa vivo pero empantanado por carecer de 'padrino'.

Estas dos decisiones, sin embargo, tuvieron muy poco eco entre las mismas organizaciones que protestaron en su momento en contra de la decisión de Pastrana de prorrogarle el mandato a Anders Kompass por sólo un año o que interpretaron la iniciativa legislativa como una forma soslayada de coartar su labor. Tampoco ameritó ningún comentario el discurso pronunciado por el Presidente el 15 de agosto pasado durante el acto de reconocimiento de las Fuerzas Militares. "La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. (?) La seguridad democrática es para todos los colombianos? para que los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas", les dijo Uribe a los miembros de la Fuerza Pública, haciendo eco a una reiterada petición de estas organizaciones de reconocer al más alto nivel la legitimidad de su labor.

En el frente internacional, el vicepresidente Santos también se reunió con las ONG europeas y estadounidenses para discutir sus denuncias y el gobierno admitió rápidamente negociar una solución amistosa a cinco casos de violaciones graves a derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, que fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En cuatro de estos casos ya hay un acuerdo formal de trabajo entre víctimas, gobierno y Comisión. Para dar una idea de lo que esto significa, la administración Pastrana sólo negoció en cuatro años dos casos, uno de ellos el del exterminio de la Unión Patriótica.

Todos los anteriores son gestos valiosos e indican que, por lo menos en lo que respecta al Presidente, no hay hostilidad frente a las ONG de derechos humanos. Lo que no quiere decir que no subsistan dentro del Estado problemas estructurales y prevenciones atávicas que amenazan su labor.

"El problema es que en este gobierno la política de derechos humanos es su política de seguridad mal llamada democrática, afirma Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las ONG más grandes de derechos humanos. Justamente es una política preocupante porque está basada en informantes y orientada a perseguir civiles y realizar allanamientos sin orden judicial. En este marco la posibilidad de diálogo es limitada".

En ciertos sectores del Ejército, por ejemplo, existe la tendencia a ver en los contradictores legítimos del gobierno verdaderos enemigos de Estado. En círculos no tan privados, generales de la República han tildado de guerrilleros a directores de ONG. "En el Ejército y en sectores del gobierno existe una visión macartista de los defensores de derechos humanos. Pero la Canciller y el Vicepresidente tienen claro que las ONG no son sólo clave sino necesarias para Uribe", dijo a SEMANA un asesor del gobierno.

Sin embargo el asesinato de 71 defensores de derechos humanos entre julio de 1996 y septiembre 30 de 2002, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, pone en evidencia que estos problemas de fondo necesitan más que gestos de buena voluntad de parte del Presidente y de su vice. Las investigaciones judiciales por estos atentados no arrojan resultados y se han creado más de una docena de comisiones para esclarecer violaciones de derechos humanos en diferentes regiones que los gobiernos de turno no han convocado más de una vez.

A esto se suma el allanamiento de la Asamblea Permanente por la Paz, que congrega a más de 100 organizaciones sociales. No es claro por qué se llevó a cabo con tan sólo una orden judicial verbal ni por qué no fueron fiscales si se realizó a pocas cuadras del búnker de la Fiscalía. Parecía a todas luces excesivo acudir a las facultades excepcionales que permite la conmoción interior.

El poder de las ONG

En los últimos años las ONG se han convertido en uno de los fenómenos sociales y políticos más significativos del mundo occidental. Su influencia es cada día más importante en campos tan diversos como el medio ambiente, la justicia y el desarrollo social (ver recuadro).

En el conflicto armado colombiano desempeñan un papel fundamental, en particular las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por una parte recogen fondos para financiar proyectos en Colombia que benefician a víctimas de la violencia, promueven proyectos de reconciliación como las comunidades de paz del Urabá y denuncian violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por otro, influyen en la opinión pública y en quienes toman decisiones para forzar cambios en los gobiernos. "Pero la influencia de las ONG depende mucho de la sensibilidad que tenga la opinión pública sobre un tema en concreto y de que el tema sea llamativo como pancarta para presionar al gobierno", afirma Román D. Ortiz, profesor español del Instituto General Gutiérrez Mellado, experto en temas de seguridad. Tienen mucha más influencia en Alemania, donde ejerce el poder un gobierno de centro izquierda, que en países con gobiernos más conservadores como el italiano. "Hay ciertas instancias en las que son particularmente fuertes, aunque no determinantes, como en la Unión Europea", explica Ortiz.

De hecho, las ONG tuvieron un papel definitivo durante la discusión del Plan Colombia hace dos años. Se ha interpretado como un logro de estas organizaciones el hecho de que, en un principio, sólo se pudieran utilizar los recursos estadounidenses estrictamente para la lucha antinarcóticos. En el Viejo Continente su lobby fue aún más efectivo. "El fracaso del Plan Colombia en Europa tiene que ver claramente con la presión de las ONG y esa es la razón por la cual el gobierno colombiano tuvo tan poco éxito en recoger fondos, que al fin y al cabo eran para desarrollo social y fortalecimiento institucional", opina el experto español en seguridad.

Estas ONG encuentran un ambiente fértil para sus denuncias en Europa, donde por años los gobiernos latinoamericanos se asocian con el cliché clásico del dictador al mejor estilo de El otoño del patriarca o La fiesta del chivo sobre el dictador Trujillo. La información sobre violaciones de derechos humanos en Colombia -que en la mayoría de ocasiones son ciertas, en todo caso- no hacen sino reforzar ese imaginario.

No obstante el poder de estas ONG en el hemisferio occidental es hoy muy inferior al que tenían antes del 11 de septiembre. Los europeos y los estadounidenses vivieron en carne propia el terrorismo y comenzaron a juzgar los actos más por sus efectos que por sus intenciones. "Dentro del binomio libertad igualdad, las ONG tienden a darle prioridad a la libertad mientras que la opinión pública demanda más seguridad", dice Ortiz.

Los defensores de derechos humanos y el mismo vicepresidente Santos reconocen que el mayor logro de estas organizaciones ha sido sacar el tema del gueto de los activistas y hacer a los colombianos y a la comunidad internacional más conscientes de la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo muchos sectores perciben en estas ONG una inclinación a criticar más duramente los abusos del Estado y de los paramilitares que los desmanes cometidos por las Farc y el ELN. De ahí que algunos los descalifiquen por 'guerrilleros'. ¿Qué hay de cierto en esto?

El sesgo de las ONG

Lo primero que habría que decir es que el abanico de las ONG de derechos humanos es infinito. Las hay que defienden la vida y la dignidad de los soldados. Otras, como País Libre, defienden a los secuestrados. Otras son financiadas por la Iglesia Católica. Otras por los evangélicos. Pero es indudable que la bandera de los derechos humanos ha sido tradicionalmente portada por sectores de izquierda.

Varias de las más grandes ONG colombianas se consolidaron durante el gobierno de Julio César Turbay para protestar contra los abusos que se cometieron bajo su estatuto de seguridad. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fundada en 1973, fue la primera organización de derechos humanos en Colombia. Luego fue creado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que se dedicó a defender a los guerrilleros presos del ELN, del EPL, del M-19 y líderes populares. Ciertos sectores de la Iglesia Católica, influidos por la teología de la liberación, también comenzaron a trabajar en derechos humanos por esa época. Es el caso del Cinep. Y a principios de los 80 fue fundada Asfaddes como reacción a la desaparición de muchos líderes de izquierda.

A nivel internacional hay tres tipos de ONG que influyen sobre Colombia. Un primer grupo, conformado por las más grandes, como Amnistía, Human Rights Watch, Wola y Pax Christi, que tradicionalmente han concentrado sus esfuerzos en criticar las violaciones del Estado colombiano y denunciar vínculos entre militares y paras pero que, en los últimos años, han comenzado a condenar los abusos de la guerrilla.

"La campaña en Europa de Pax Christi contra el secuestro reflejó que existen puntos de vista muy diversos entre las mismas ONG de derechos humanos y que tratarlas a todas de la misma manera es el camino seguro para ganárselas a todas de enemigas", afirma Román Ortiz. En efecto, muchas ONG en España y Bélgica consideraron que la campaña de la holandesa no era sino una "mascarada para hacer incluir a las Farc en la lista europea de terroristas". No deja de ser sorprendente que algunas ONG españolas, belgas y alemanas se opongan a una campaña para acabar con un crimen atroz que a todas luces viola la dignidad humana.

El segundo grupo estaría conformado por organizaciones que fueron creadas o gozan del respaldo de partidos de izquierda europeos. Cientos de militantes de la Unión Patriótica y de grupos cercanos al ELN que llegaron a Europa como refugiados políticos a finales de la década de los 80 fueron acogidos por estos grupos. Los derechos humanos se volvieron así una herramienta de presión política frente al Tercer Mundo. Organizaciones como Sol de Paz, a la cual pertenecían los españoles deportados hace unas semanas por participar en las marchas campesinas en Sucre y Tolima, pertenecen a este grupo. También es el caso de la ONG gala France Libertes, encabezada por Danielle Mitterrand.

El tercero es el de las ONG creadas directamente por asilados políticos colombianos, víctimas ellos mismos o sus familiares de persecución o atentados, que trabajando de la mano de ONG nacionales se unieron con argentinos, peruanos y, sobre todo, chilenos marcados por la dictadura de Pinochet, para denunciar las violaciones a los derechos humanos de sus gobiernos y para recaudar fondos de cooperación internacional para proyectos sociales. En este grupo es donde se percibe una mayor simpatía por la lucha armada de la insurgencia.

La Federación Sueca de Juventudes Izquierdistas, por ejemplo, emprendió una campaña en Suecia para recaudar fondos para las Farc en respuesta a su inclusión en la lista europea de terroristas. También es revelador que el único periodista extranjero que se ha quejado formalmente de haber sido hostigado en su trabajo en una zona de rehabilitación haya sido Dick Emanuelsson, quien frecuentemente firma las notas en Anncol, la agencia de prensa que difunde las noticias de las Farc.

Una razón filosófica también explica porqué muchas organizaciones de derechos humanos enfocan sus esfuerzos a criticar principalmente al gobierno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el sistema internacional de protección surgió como reacción al Holocausto para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado o de grupos que actúen en connivencia. Dentro de esta concepción incluso los abusos de la guerrilla serían responsabilidad del Estado, que por su incompetencia permite que sucedan.

En esta línea, la Corporación Colectivo de Abogados, que actualmente defiende a uno de los miembros del IRA acusados de terrorismo, admite que tiene un sesgo pero lo defiende. "Se puede ver como un sesgo pero el mandato que nosotros adoptamos es que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos", afirma Alirio Uribe, su presidente.

También es cierto que la presión civil sobre un gobierno democrático para que corrija sus errores suele ser más efectiva que la que se pueda ejercer sobre los grupos ilegales armados.

"Esa barrera en Colombia se debería borrar. Hay un tremendo esfuerzo por atacar al Estado, que es responsable del 3 por ciento de las violaciones. Y, sin embargo, ¿quién condena el 97 por ciento restante?", se pregunta el vicepresidente Santos.

Es cierto, además, que las guerrillas y las AUC han fundado ONG de fachada para lavar dinero, crear bases sociales, hacer política o adelantar su diplomacia internacional. En estos casos es imprescindible que la Fiscalía los investigue y los ponga en la cárcel. Pero a lo que no se puede llegar es a sostener que una ONG trabaja para las Farc porque critica al gobierno. Unas pocas manzanas podridas no pueden estigmatizar el trabajo serio que realizan las demás ONG.

Defensa oficial

Tampoco está bien que las ONG estigmaticen al gobierno como dictador por deportar extranjeros que trabajan con estas organizaciones en Colombia sin visa. Está en su derecho cuando incumplen las normas migratorias, más si están trasladando el cadáver de una persona acusada de homicidio. Los países europeos y Estados Unidos deportan colombianos por mucho menos.

También es legítima la decisión del gobierno de adelantar una estrategia para reaccionar a tiempo frente a las críticas de las ONG en Colombia o afuera. "Es que el gobierno colombiano se deja decir que es un Estado asesino y nadie contesta, explica Francisco Santos. La idea es que cuando le llegue un 'mail' a 700 agencias internacionales diciendo que el gobierno es un represor nosotros podamos dar también nuestra visión de los hechos para así generar un mayor equilibrio informativo".

Los embajadores ya han asistido a varias reuniones con los ministros y tienen instrucciones de ir a todas las reuniones y foros importantes que promuevan las ONG en el mundo para presentar las políticas del gobierno.

Pero nada de esto servirá si no se avanza en la solución del problema de fondo: la debilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Para cambiar la imagen del país es necesario, sobre todo, cambiar la realidad.