Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/02/20 00:00

Las otras irregularidades de la valorización

La concejal María Víctoria Vargas denunció que a los estratos 4, 5 y 6 no se les estudió su capacidad de pago.

Concejo de Bogotá y la valorización. Foto: Archivo SEMANA

Este miércoles se destaparon nuevas cartas en el escandoloso tema de la valorización. Las revelaciones llegaron desde el Concejo, que encontró nuevas inconsistentas en la contratación previa a la circulación de las facturas de la fase II de la valorización.


La concejal María Victoria Vargas denunció que en el contrato firmado entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el consorcio de estudios de valorización de Bogotá, "no se anexaron los estudios correspondientes de los estratos 4, 5 y 6".


La cabildante del Partido Liberal aseguró que, según un documento sobre el caso, no se presentaron los análisis de capacidad de pago de los sectores de la capital con más recursos económicos.


"¿Cómo dan por hecho que los estratos 4, 5 y 6 tienen capacidad de pago, si para eso es que fueron contratados? ¿No se firmó acaso un contrato para estudiar la capacidad de pago de todos los contribuyentes sin que el consorcio asumiera que estratos 4, 5 y 6 pueden pagar la factura?", cuestionó la concejal.


Vargas abrió la posibilidad de realizar un debate sobre el polémico contrato. "Porque tantas denuncias y reclamos de la ciudadanía pueden estar relacionados con el cobro que llegó frente a la capacidad de pago de los contribuyentes", agregó la cabildante.


Semana.com conoció el documento que comprueba la inexistencia de la información. El escrito dice: "No anexamos cuadros de todos los dominios de los estratos 4, 5 y 6 porque tienen capacidad de pago para cubrir la contribución de valorización en un plazo de 12 meses".


Finalmente, la cabildante pidió que se constituya un mesa de trabajo entre la corporación y el Distrito, "con el fin de modificar lo relacionado con los cobros que contempla el Acuerdo 180 del 2005 y el Estatuto de Valorización de la ciudad".


Otra irregularidad


El pasado 12 de febrero, Vargas señaló inconsistencias en los contratos que justifican el cobro y pidió al alcalde Petro frenar el proceso.


La cabildante denunció que ante la Resolución 3801 del 2012, por la cual "se fijan políticas y formas de pago para la fase II de la Valorización", se firmó un contrato para "realizar un estudio de estimación de capacidad de pago de los propietarios de los predios incluidos en las zonas de influencia". 


Sin embargo, explicó que ese contrato no había terminado cuando el IDU ya estaba entregando cuentas de cobro en algunos sectores de la capital.


La firma del contrato se realizó el 3 de octubre del 2012 e inició su ejecución el primero de noviembre, con un plazo de ejecución de 75 días. Aunque no se había terminado, en diciembre algunos bogotanos ya se preocupaban sobre cómo pagar las cuentas de cobro.  El 11 de enero se suspendió el contrato por seis días y su fecha de vencimiento fue el 21 de enero del 2013.


Vargas fue más allá y aseguró que el hoy discutido contrato entre el IDU y el consorcio de estudio de valorización para Bogotá fue prorrogado el 8 de enero del 2013 por un mes y medio, con el fin de atender otros cobros futuros en este año como la reforma tributaria distrital y otros cobros de valorización.


Las inconsistencias denunciadas por la cabildante están contenidas en documentos conocidos por Semana.com, firmados por Hernando Arenas, director técnico de Valorización del IDU, y Édgar Morales, representante legal del consorcio.

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