Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2000/06/12 00:00

Las otras marchas

El Magdalena Medio está en pie de lucha contra la posibilidad de que el gobierno despeje tres municipios de la zona para realizar la convención del ELN.

Las otras marchas

En el pulso entre los representantes de los habitantes del Magdalena Medio y el gobierno de Andrés Pastrana —que llevó a la parálisis casi total de varios municipios del centro del país durante la semana pasada— está en juego mucho más que la elección de una parte de esta región como escenario de la convención nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las decisiones que se tomen respecto a este tema van a ser cruciales para el futuro del proceso de paz en Colombia. El gobierno está en una encrucijada, de la que va a ser muy difícil que salga sin pagar un alto precio. Si insiste en su pretensión de despejar los municipios de San Pablo, Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia), en contravía de la voluntad de buena parte de los habitantes de esa región, se expone a una polarización muy grave del conflicto. Los miembros de la Asociación Civil por la Paz (Asocipaz), la organización que se gestó en el bloqueo de Aguasclaras (Cesar) el pasado mes de febrero para manifestar su rechazo a un eventual despeje, han radicalizado cada vez más su lenguaje.

En ese momento sus voceros le contaron a SEMANA, en una reunión en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), que le habían dicho al ministro de Interior, Néstor Humberto Martínez, que estaban dispuestos a levantarse en armas si le entregaban su territorio al ELN. Ahora en las plazas públicas de la región los representantes de Asocipaz mencionan con insistencia que el gobierno con sus acciones está llevando al país al borde de la guerra civil. Este tipo de pronunciamientos no favorecen la formación de un clima propicio para hablar o instalar una convención nacional en la región.

Otra posibilidad que tiene el gobierno es echar para atrás y volver a negociar con el ELN. Hacer esto supone perder una oportunidad de oro porque si en algo hay consenso entre quienes han seguido de cerca los diálogos con este grupo insurgente es en que los elenos están dispuestos a jugársela toda ahora por una salida negociada al conflicto armado, pero en un espacio del Magdalena Medio. Además, para el gobierno renunciar a lo acordado sería una muestra de debilidad política ante las autodefensas, las que verían esto como un triunfo que afianzaría el discurso con el que han incursionado en este campo en los últimos meses.

¿Por qué ha sido tan complicado encontrar una zona en el Magdalena Medio para realizar la convención del ELN? ¿Por qué esta región se ha mostrado tan sensible frente al tema? ¿Por qué razón se oponen algunos sectores a este proyecto para buscar un acuerdo de paz? SEMANA visitó la región en busca de respuestas a estos interrogantes.



Zona roja

Desde finales de la década de los 60 la región del Magdalena Medio ha estado asociada con problemas de orden público y la imagen que proyecta es de zona roja. La realidad es mucho más compleja. El Magdalena Medio no existe como un ente territorial autónomo. Sin embargo, desde hace unos años, la definición que se tiene de este territorio, y que se ha llegado a generalizar, es la que dio el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm).

Para el Programa esta es una región con una superficie de 30.177 kilómetros cuadrados en la que se encuentran ubicados 29 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. El puerto santandereano de Barrancabermeja es el pueblo más importante de la zona y es considerado, según Juan Carlos Sierra, ex director de la Oficina de Paz y Convivencia de esta ciudad, “la capital virtual del Magdalena Medio”. Más de 700.000 personas habitan la región, el 70 por ciento de ellas son pobres y viven en condiciones de miseria. El cuadro se agrava por el problema de la violencia. “En los últimos dos años ha habido 25.000 casos de desplazamiento, 50 desapariciones forzadas y hay un promedio de 300 muertes violentas por año”, asegura Francisco Campo, directivo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).

Aunque el Magdalena Medio es considerado como la cuna del ELN y las Farc incursionaron en el área desde 1966 como resultado de las conclusiones adoptadas en su segunda conferencia, lo cierto es que hoy ninguno de estos dos grupos tiene el control de la región. “De los 29 municipios del Magdalena Medio puede haber ocho que no están bajo la propuesta social, política y económica de los paramilitares. Esto es lo que han logrado en una labor constante durante los últimos 17 años”, dice Campo.

La consolidación de los paras a lo largo y ancho del Magdalena Medio habría tenido como objetivo aumentar la ganadería extensiva, y garantizar la seguridad de las tierras de narcotraficantes y terratenientes tradicionales contra los ataques de la guerrilla. Por eso el anuncio de una zona de despeje o de encuentro les cayó como un baldado de agua fría. Y para muchos analistas son ellos los que están realmente detrás de las marchas y bloqueos.

En San Pablo, por ejemplo, según denuncias de la población, varios miembros de las autodefensas pasaron casa por casa intimidando a los asistentes para que asistieran a los actos programados la semana pasada. El alcalde de Yondó, Eliseo Galeano, niega categóricamente, sin embargo, cualquier relación de los paramilitares con la protesta ciudadana.

Galeano visitó el Caguán hace dos semanas y llegó muy preocupado por lo que le contaron allá con respecto al despeje. Según él, su lucha ‘‘es contra el gobierno, no contra ningún grupo subversivo. No somos enemigos de los elenos ni de las Farc”. Lo que sí es innegable, según Andrés Gil, fiscal de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra —una organización que agrupa a 120 juntas de acción comunal—, es que “el anuncio del despeje ha recrudecido el lenguaje de las autodefensas y sus ataques en esta zona”. El alcalde Eliseo Galeano dice que en Yondó en la últimas semanas se han producido “enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros de las Farc en La Punta, San Tropel, La Rompida, río Cimitarra y los Lagos’’. Y que, ‘‘en San Tropel, solamente, los combates duraron 50 horas”.

El número de muertos que han dejado estos enfrentamientos no se han podido determinar con exactitud. Pero, según las estadísticas que maneja la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, desde el 7 de febrero pasado se han registrado en Yondó 23 asesinatos, tres desapariciones forzadas y 200 desplazamientos de familias.



Paz y reconciliación

Aunque el ELN anunció que estaba dispuesto a permitir la participación de militares activos en el proceso de verificación de la zona de encuentro, a contar con una veeduría internacional y a garantizar el respeto de los derechos de los pobladores de San Pablo, Cantagallo y Yondó, los temores de la población siguen intactos. El pueblo raso no tiene claro qué es lo que ha negociado el gobierno con los elenos y esta falta de información ha sido capitalizada a su favor por los miembros de Asocipaz. Y ese no es el único error que ha cometido el gobierno. El padre Francisco de Roux, director del Programa de Desarrollo y Paz, que ha conocido de cerca todo el proceso con el ELN, piensa que “el territorio fue seleccionado por el gobierno sin conocer bien las cosas”.

Es el caso, por ejemplo, de Yondó. Para empezar, este municipio antioqueño es la sede de la estación Casabe de Ecopetrol, conformada por 280 pozos que producen 7.200 barriles de petróleo diarios. Todos los días 1.000 personas de Barrancabermeja atraviesan el río Magdalena para ir a trabajar en tierra antioqueña. En el área rural las Farc, y no el ELN, son las que han hecho presencia histórica. En la cuenca del río Cimitarra el frente 24 de las Farc es fuerte y en los límites de Yondó y Cantagallo los campesinos aseguran que está ubicado el campamento del Bloque del Magdalena Medio de esta organización. Otro inconveniente que tiene Yondó es que al sur limita con el municipio de Puerto Berrío, donde en caso de un eventual despeje podría haber problemas con las autodefensas comandadas por Ramón Isaza o las de ‘Botalón’, que avanzan hacia arriba.



Zona especial de paz

No todo, sin embargo, es desalentador. El padre De Roux, que estuvo en una reunión del Defensor del Pueblo con Carlos Castaño, menciona como un hecho positivo que éste y ‘Gabino’, comandante del ELN, se hayan comprometido de manera pública a cesar su confrontación en Barrancabermeja. La comunidad del puerto espera que las Farc se unan a esta propuesta como una muestra de voluntad política.

Es más, la idea del Consejo Municipal de Paz de Barrancabermeja es ir más allá y convertir a esta ciudad en una zona especial de paz, de tal forma que sea la plataforma logística de la convención nacional del ELN. Pero mientras esta idea madura el padre De Roux cree que hay otra que no da espera. Según él, “después de muchas muertes se logró establecer un marco de acuerdo general para la convención del ELN. Hay que avanzar con gran decisión hacia la zona de encuentro. Conversar con los pobladores al respecto para saber sus condiciones. El ELN va muy en serio, cambiando lo que hay que cambiar, para medírsele a un proceso de paz y crear una alternativa política seria”. ¿Podrá el interés nacional contra los intereses de los diferentes grupos y los de la propia población local? Eso es lo que está por verse en los próximos días.

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