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| 1/19/1987 12:00:00 AM

LAS OTRAS MUERTES

Continuan los asesinatos contra congresistas de la Unión Patriótica.

Con el asesinato del representante suplente a la Cámara Octavio Vargas el 14 de diciembre pasado en San José del Guaviare son ya tres los parlamentarios de la Unión Patriótica que conocen una muerte violenta. Según afirma la UP en un comunicado, entre parlamentarios, diputados, concejales y dirigentes locales o militantes, sus muertos pasan ya de trescientos cincuenta. Sin duda alguna, la situación es grave.
Así lo reconoció el presidente Virgilio Barco en su discurso ante las Cámaras para el cierre de la legislatura dedicandole al tema todo un párrafo: "La acción arbitraria de los violentos ha tenido manifestaciones de criminalidad que afectan el sentimiento democrático al hacer víctimas a los representantes elegidos popularmente como es el caso de los miembros de la Unión Patriótica, fuerza que surge a la vida política como alternativa pacífica", dijo el Presidente, para luego hacer una advertencia sobre los excesos de celo de la fuerza pública: "Si se excede, si traspasa esos límites, pierde la legitimidad y el acatamiento de la ciudadanía".
Carlos Ossa Escobar, el consejero presidencial para la Rehabilitación, fue más enfático que el Presidente. "Este asesinato es gravísimo", dijo, comentando el de Octavio Vargas. "No hace sino confirmar lo que parece ser una escalada de atentados contra la UP. Todo esto no es casual. Responde a un plan perfectamente organizado para aniquilarlos". Y añadió: "Aquí matan y matan, y parece que la autoridad no existiera. Eso es aberrante".
En las condenas coincidieron también todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La Cámara levantó la sesión en señal de duelo y de protesta por los asesinatos. El Nuevo Liberalismo inició su cómunicado de resumen de la legislatura refiriéndose a ellos. Los parlamentarios conservadores hablaron de "guerra civil" y acusaron a las autoridades de "no poner fin a la ola de sangre" por estar "desmoralizadas, acobardadas y algunas veces cómplices". Dentro del coro de condenas, el único que continuó quitándole importancia al asunto fue el general Rafael Samudio, ministro de Defensa. Según él, lo que hay es "nerviosismo" por parte de la UP.
La UP, Por su parte, no se limita a insinuar la posibilidad de que se cometan excesos, como hace el Presidente, ni a lamentar que la autoridad no exista, como su consejero Ossa Escobar. Sino qué, frontalmente, acusa a las Fuerzas Armadas. Desde el 2 de diciembre pasado denunciaba "un plan de características nacionales por parte de las Fuerzas Armadas e impunes grupos paramilitares destinado a provocar el rompimiento de los acuerdos de cese el fuego". El representante Braulio Herrera es enfático: "Sabemos- dijo al Noticiero de las Siete de la televisión- que hay un plan de tiempo atrás, el "Plan Cóndor", y en él está implicado el alto mando de las Fuerzas Armadas". Braulio incluye también a la mafia del narcotráfico: "En los Llanos, Rodríguez Gacha, "el Mexicano", orquesta desde su hacienda "La Argentina" el plan para asesinar a nuestra gente con sectores de las Fuerzas Armadas, ganaderos y algunos políticos". Y concluye: "lo más grave es la indiferencia del gobierno, que empieza a transformarse en complicidad con los asesinos.
Según ha dicho repetidamente el general Samudio, tales grupos paramilitares no existen. Es la tesis tradicional de las Fuerzas Armadas, refinada por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Bernardo Echeverri Ossa, quien hace quince días, en un coloquio sobre las desapariciones forzadas organizado en Bogotá, se enzarzaba en una larga disquisición lexicográfica sobre el buen uso del prefijo "para". Según él, sólo se podria hablar de "para-militares" en el sentido en que se habla de "paramédicos": enfermeros o algo por el estilo, que colaboran con los médicos sin ser médicos.
La definición de Echeverri Ossa, sin embargo, coincide exactamente con la que hace la UP de los "paramilitares", citando al respecto un "Manual de combate de contraguerrillas" editado por el Comando del Ejército. En este manual (páginas 317 y siguientes) se dan instrucciones para la organización de la población civil en "juntas de autodefensa". Estas son "organizaciones de tipo militar que se hacen con personal civil seleccionado de la zona de combate", son equipadas y armadas por la unidad militar de la zona "en algunos casos gratuitamente", y se encuentran "bajo control directo de la unidad militar de la zona de combate" a través de un oficial o un suboficial. Su "misión básica", explica el manual, es "el rechazo violento de las acciones guerrilleras en su región".
El problema, pues, no es ni lexicográfico, como lo plantea, entre otros, el procurador delegado Echeverri Ossa. Ni sicológico, de simple "nerviosismo", como lo plantea el general Samudio. Ni político en el sentido meramente parlamentario, como lo han planteado distintos sectores en el Congreso, y en especial el ministro de Gobierno Fernando Cepeda. Es un problema práctico. Porque a las "juntas de autodefensa", como las llama el manual del Comando del Ejército, "a los grupos paramilitares impunes", como los llama la UP, esta ha resuelto oponer por su parte su propia "autodefensa": de no recibir "reales garantías" (por lo cual la UP no entiende el que se den escoltas a sus representantes, sino el que se desmonten los grupos paramilitares), organizará la respuesta. "La UP, en acto de legítima defensa colectiva, se vería precisada a responder con las formas indispensables a esta ola de asesinatos como la única y racional alternativa": una "autodefensa amplia, masiva y adecuada para contener a quienes nos quieren eliminar política y físicamente".






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