“Las penas las deben pagar en cárceles de verdad”

Toda una polémica se ha dado en torno a los hechos que rodean a militares que pese a estar condenados por graves delitos siguen su vida como si nada hubiera pasado, salen y entran de su lugar de reclusión al parecer a la hora que quieren y con el beneplácito de algunos de sus superiores.  

Para las familias de las víctimas y sus abogados, la denuncia de publicada por la Revista SEMANA: “Tolemaida Tours”, no es más que la muestra de lo que siempre han manifestado ante las autoridades  en cada unos de sus casos.

En un documento enviado por el abogado Reinaldo Villalba a la Corte Suprema de Justicia y al director del Inpec Gustavo Adolfo Ricaurte, este les dice que representa a las víctimas de la masacre de Cajamarca y les solicita que los condenados por el hecho sean llevados a otras cárceles.

“Que el mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el cabo segundo Wilson Casallas Suescún y el  soldado profesional Albeiro Pérez Duque, sean recluidos en un establecimiento penitenciario y carcelario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de que la pena impuesta se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la comunidad a la que ellas pertenecían”, indica la petición.

En el mismo sentido, el abogado Alirio Uribe, aseguró que durante varios años han venido luchando porque los miembros de la Fuerza Pública que han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, no estén presos en guarniciones militares porque eso genera impunidad.

“La mayoría de los casos en que están presos en guarniciones militares terminan casi que en libertad. Hay algunos que habiendo estado presos los sacaban a hacer operaciones y terminaron condenados por otros hechos”, indicó.

Resalta el abogado que el mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, uno de los implicados en las presuntas irregularidades, es conocido que salía de la guarnición militar estando privado de la libertad. “En el escándalo reciente Wilson Casallas Suescún era el que estaba comprando tenis cuando se encuentra condenado a 40 años por los hechos de Cajamarca, donde hubo homicidios, desapariciones y torturas”, manifestó.

¿Quién responde?

Lo más grave para quienes exigen que los militares condenados paguen sus penas en una “cárcel de verdad” es que las instituciones no les dan claridad sobre de quién es la responsabilidad en casos como estos. Indican que los “fiscales y los jueces dicen que el que define dónde están recluidos es el Inpec, pero ellos dicen que eso manejan los dos primeros. Finalmente terminan detenidos en las guarniciones militares”.

Uno de los familiares de una víctima de un llamado ‘falso positivo’, aseguró que la justicia en Colombia para los miembros de la Fuerza Pública no existe y que todo se constituye encubrir a los delincuentes.

“Nada nos ganamos con que los condenen si esas penas no se pagan como debieran en una cárcel, en donde sean tratados como todos los presos del país. Las únicas que cumplimos una pena hasta el día de nuestra muerte somos las víctimas”, indicó.

Para Jorge Molano, abogado  y defensor de Derechos Humanos, lo sucedido en Tolemaida es una burla a la justicia. Según él, demuestra una vez más que las guarniciones militares no pueden ser lugares de reclusión para los que han cometidos graves crímenes contra la humanidad.

“Nosotros hemos insistido en casos como el del Palacio de Justicia, en el del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, que se nos informe las condiciones de reclusión porque sabemos que lo que tiene es cómodas habitaciones y las víctimas no tenemos accesos a eso”, manifestó el abogado.

Las primeras acciones

Sobre la denuncia que por segunda vez hace SEMANA por los privilegios y prebendas que tienen algunos militares condenados y recluidos en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida (CRM) se han dado algunas decisiones, esta semana la Procuraduría ordenó una indagación preliminar en contra del coronel Juan Ricardo Silva Sarmiento, exdirector de la prisión.

La investigación de la Procuraduría también está encaminada a establecer quiénes, desde el 2011, cuando SEMANA por primera vez denunció que los militares allí recluidos tenían una especie de hotel de lujo, desconocieron las directrices impartidas por el Gobierno para cortar el 'chorro’ de los excesos y beneficios que los militares comprometidos judicialmente, tuvieron en ese fuerte militar.

Por su parte el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte indicó que en 15 días deberán ser trasladados tres militares presos en Tolemaida a prisiones civiles en las cuales haya pabellones especiales para miembros de la fuerza pública o servidores públicos. También se conoció que en dos semana al menos 80 de los detenidos serán trasladados a Medellín.

Como es sabido cerca del 90 por ciento de los militares detenidos en Tolemaida están por ejecuciones extra judiciales o llamados ‘falsos positivos’.