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| 3/13/2014 12:00:00 AM

Las polémicas peticiones del sindicato de la Fiscalía

En la negociación se presentan insólitas exigencias, como ‘heredar’ puestos. Pero también devela la dura situación de los funcionarios.

Ser funcionario de la Fiscalía General de la Nación representa para muchos un enorme salto en su vida profesional y la oportunidad de ahondar conocimientos en campo del derecho penal. Pero, por otro lado, las tareas no son sencillas y muchas veces representan un alto riesgo físico y sicológico para quien las ejecuta, en una entidad que lidia no precisamente con lo mejor de la sociedad y que tiene aún bastantes limitaciones.

Sin embargo, esas consideraciones podrían palidecer al lado del pliego de peticiones de 14 páginas presentado por el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación (Sintrafisgeneral), que tiene escandalizada a la cúpula del ente acusador y que amenaza con desestabilizar la de por sí precaria economía de la entidad.

Si bien no es la única asociación que negocia con la Fiscalía y el Gobierno Nacional (hay al menos cuatro agremiaciones más), esta unión sindical, con sede en Montería, representa a los trabajadores de buena parte de la costa Caribe, además de parte de Tolima y Huila.

Sólo para sentarse a la mesa, Sintrafisgeneral pidió -con cargo al erario- desplazamientos vía aérea y terrestre, alimentación y hospedaje “en cada una de sus etapas, como en las de seguimiento”. Así mismo, exigió permisos sindicales para sus directivos, bajo la premisa de que “se tendrá en cuenta la asignación de carga laboral” y, además, seguro de vida para negociadores y directivos nacionales y regionales con límite de responsabilidad de 308 millones de pesos para cada uno.

Las peticiones llegan justo en la recta final del proceso de reestructuración de la Fiscalía, que busca lograr una mayor eficiencia en la entidad. De hecho, ambas partes se preparan para negociar estas pretensiones, que no tendrían nada de raro si no fuera por lo considerable de su impacto. Y no falta quien diga que lo que allí se exige es “carro, casa y beca”. Pero eso no es todo: se pide que, en ciertos casos, el puesto de trabajo pueda ser 'heredado' por los familiares.

La Fiscalía, no obstante, es una entidad que está en complejos aprietos presupuestales para poder operar, al punto de que sus sedes se ven abarrotadas de expedientes, en lugares con pobre infraestructura y poco personal para acometer miles de investigaciones que se llevan en todo el país, situación que le acarrea duras críticas por la percepción de ineficiencia.

¿Qué piden?

En pliego de peticiones se destacan varias primas extraordinarias, entre ellas duplicar la prima de servicios de julio (15 días adicionales de salario), bonificación por servicios (50 % de la remuneración mensual), prima de productividad (30 días de salario, dos veces al año), prima de coordinación (30 % de la remuneración mensual), prima técnica (ya aprobada, 30 % del salario), prima de orden público y prima de alto riesgo (35 % del sueldo).

Por si fuera poco, Sintrafisgeneral exige, además, prima de vacaciones (30 días de sueldo), prima de recreación (dos días de salario), prima de Navidad (un mes de remuneración), prima especial quinquenal (otro mes de salario), subsidio de calzado de labor y vestuario (cuatro veces al año para quienes ganen menos de cuatro salarios mínimos), subsidio funerario (10 salarios mínimos mensuales) y que se mantenga el régimen especial de pensión.

Entre los incentivos que también se buscan, está el establecimiento de un “año sabático” como “premio a la honestidad, consagración, perseverancia y superación de los servidores, otorgándoles comisiones remuneradas hasta por un año para adelantar estudios o investigaciones, además de los auxilios económicos respectivos”. Se habla allí también de tres días de descanso remunerados al mes.

Así mismo, solicitan que el gobierno nacional y la Fiscalía paguen por la educación de los funcionarios y que “el apoyo educativo del servidor y de su núcleo familiar, en educación primaria, secundaria y profesional, sea del 100 % de la matrícula”. La lista incluye que se ponga en marcha un “Establecimiento Público de Educación Superior” al interior de la entidad -pero al que sólo accederían trabajadores y sus familias-, Centro de Salud exclusivo y Fondo Rotatorio de Vivienda.

Hay, no obstante, peticiones más pertinentes, como que la entidad especialice a todos sus colaboradores en el sistema penal acusatorio.

Pero lo más insólito quedó casi al final. En un apartado donde le piden a la Fiscalía que haga un homenaje a los compañeros caídos y desaparecidos en ejercicio de sus funciones, luego reclaman que "se garantice que uno de los descendientes o el cónyuge o compañero (a) permanente del servidor fallecido (por esas causas) sea vinculado directamente a la Fiscalía General de la Nación”.

Responde el sindicato

Álvaro Márquez, presidente nacional de Sintrafisgeneral, dijo a Semana.com que representa a unos 1.200 afiliados, de un total de 25.000 funcionarios que tiene la Fiscalía. Asegura que las reivindicaciones que piden son justas en vista de la desprotección a la que se ven abocados en el ejercicio de sus funciones.

Señala el directivo que peticiones como ‘heredarle’ el puesto de trabajo a un familiar directo de un funcionario que haya desaparecido o muerto en razón de sus labores vienen de situaciones que ya se han vivido en que las familias quedan desprotegidas frente a estas desgracias. No obstante, reconoce que hoy los trabajadores cuentan con seguro de vida y las prestaciones de ley.

Para el dirigente sindical, lo más grave es la crítica situación que se vive en varias dependencias, donde el personal está a disposición los 365 días del año sin derecho a horas extras, si bien la ley señala que un servidor público debe trabajar 44 horas a la semana. Tampoco pueden beneficiarse del régimen de la fuerza pública, que sí admite esos recargos.

“Se da el caso en Lorica (Córdoba), donde solo hay cuatro compañeros que prácticamente viven en la Unidad Permanente, pues hacen turnos de hasta 24 horas y sólo se les reconoce un día de descanso. De esta forma estos compañeros deben atender ocho municipios, en una zona con alta incidencia de delitos y homicidios. Lo peor es que son de Montería y sólo pueden ver a su familia una vez a la semana”, relata.

La negociación

Los sindicatos elevan la tensión y hablan ya de un posible conflicto laboral, agravado por la denuncia de incumplimiento de compromisos previos. La gran queja es que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, no se ha sentado con sus subalternos en calidad de empleador y se niega a discutir temas salariales y prestacionales, que deberán ser resueltos por el gobierno nacional en cabeza de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo para la Función Pública.

También hay reclamos acerca de la manera como se llevó a cabo la reestructuración, pues, según cuentas de las asociaciones sindicales, el personal de nivel técnico de la entidad pasó de representar el 47 % del total al 60 %, lo que les da pie para afirmar que Fiscalía “no se profesionalizó sino que se tecnificó”.

Altas fuentes del ente acusador, por su parte, manifiestan que si bien se aprobaron 1,8 billones de pesos como recursos de presupuesto y ‘remodelación’ en el 2014, no hay plata para más compromisos. De hecho, en los próximos tres años entran 950 nuevos fiscales, cuando se necesitan alrededor de 2.000, y en el proceso de modernización hubo un componente importante de nivelación salarial.

Para la persona consultada por Semana.com, es imposible que se acojan estas peticiones porque son consideradas “abiertamente irracionales” y hasta “ridículas”. Por ejemplo, considera que la carga laboral es tal, que no es posible que se les dé a los funcionarios tres días de descanso remunerado al mes. “Es un contrasentido”, afirmó. Adicionalmente, la Fiscalía afronta el pago de alrededor de 105.000 millones de pesos por sentencias originadas en demandas por mala práctica judicial.

Este 25 de abril, luego de que se plantee el pliego de negociación unificado, se dará inicio a este ‘tire y afloje’ entre las partes. El Gobierno deberá ser muy cuidadoso, pues tendrá que evitar lo que se podría convertir en un paro judicial. Pero, por otro lado, deberá atajar las elevadas pretensiones de los sindicatos y lograr que esta institución crucial para la justicia colombiana mejore su funcionamiento. ¿Cómo lo logrará?
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