Las preocupaciones del CICR en Colombia

Colombia no está bien. Durante el 2010, miles de personas fueron expulsadas de sus territorios, desplazadas. Otras tantas amenazadas, asesinadas, desaparecidas. Muchos más tienen problemas para acceder a servicios básicos. Así lo registró el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.
 
Semana.com habló con Christophe Beney, el jefe del CICR en el país, quien reconoce que las problemáticas humanitarias no han variado mucho comparadas con otros años, pero que sí se han agudizado en algunas zonas del país.
 
“La Costa Pacífica es una de las más afectadas”, señala Beney. Y es que fue en los municipios que conforman esa zona del país en donde se concentró, durante el 2010, el desplazamiento. Las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual, la estigmatización de la población como colaboradora de uno o de otro actor del conflicto fueron, en muchos casos, culpables del desplazamiento.
 
El jefe del CICR también hace referencia a las consecuencias que hasta ahora ha dejado el proceso de restitución de tierras. Beney asegura que frente a la Ley de víctimas, el gobierno tiene un gran reto, y que una vez sea aprobada en el Congreso, el desafío apenas empieza.
 
Otra situación son las llamadas bacrim, cuya denominación es para el CICR lo de menos, lo realmente importante, dice Beney, es la “grave consecuencia humanitaria que está dejando en el país”. Él señala además que no es una circunstancia nueva y que el hecho de que hasta ahora se esté hablando del tema no significa que su existencia sea reciente.
 
El informe de 2010 de las actividades de esta organización en Colombia destaca que la acción del CICR benefició el año pasado a un total de 870.000 personas. De ellas, 38.000 fueron desplazadas, problema del que atendió 35 casos masivos. También recibieron ayuda 170.000 personas en brigadas móviles de salud, 172 víctimas de violencia sexual y 1.031 amenazados.
 
La asistencia también alcanzó a familiares de 79 civiles muertos a manos de actores armados, de 92 desaparecidos y de 42 menores reclutados, lo mismo que a 434 víctimas de minas antipersona y restos de explosivos de guerra, entre otros casos.
 
Beney resaltó que estas víctimas y otras están dentro de 768 casos de "presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y otras normas fundamentales" de protección a civiles en situaciones de violencia, que fueron documentadas por sus delegados en el terreno.
 
Pero las consecuencias del conflicto no solo aparecen en municipios aislados, lo que se está viviendo en ciudades como Medellín también preocupa al CICR. Allí, la presencia de bandas, cuyas acciones se hicieron más fuertes luego de las desmovilizaciones de las AUC, ha empezado a mostrar las secuelas de la violencia armada en el entorno urbano.
 
Es por eso que el CICR desplegará acciones en algunos barrios de la capital antioqueña, ahora que es claro que la difícil situación se relaciona con el conflicto armado. Su trabajo implicará acordar con los jefes de las bandas unos mínimos humanitarios en la confrontación.
 
Y aunque el panorama para el país frente al conflicto no es el mejor, Beney reconoce el nuevo “tono” del Gobierno, evidenciado en iniciativas como la puesta en marcha de la ley de víctimas.