“Se habla de la reforma a la justicia, pero no hay un proyecto serio”

Aunque no han iniciado las sesiones ordinarias del Congreso encargado de debatir la reforma a la justicia, algunos ya entregan sus propuestas. Antonio Carvajalino Contreras, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, es uno de ellos. Para el togado, uno de temas que no se deben dejar de lado es la mejora de las condiciones laborales de los miembros de la rama.

“Las reformas, a mi sentir, que se hacen a la justicia son Hollywood, son sólo por encima, son pañitos de agua tibia. Si vamos a hablar de reforma a la justicia, tenemos que hablar de tres elementos fundamentales: Primero, una carrera, una estabilidad laboral; segundo, unas instalaciones dignas, y tercero, una remuneración digna. No podemos hablar de reformas a la justicia sobre funciones, cuando no tenemos presupuesto, cundo no hay plata para desarrollarnos”, dijo.

Aseguró que sin un buen presupuesto (entre el 10 % y el 20 % del presupuesto de la Nación), es imposible lograr los cambios que se están buscando y cualquier esfuerzo que no lleve incluido ese tema será infructuoso.

“El sistema de oralidad es bueno, pero no tenemos los recursos ni los medios para proyectarlo. La justicia es un servicio público y necesita primero determinar cuáles son las herramientas. Cuando usted va a arreglar su casa, usted primero mira el presupuesto y entonces si ve qué obras va a hacer. Yo pregunto: ¿Cuál es el presupuesto que tiene la rama para que hagamos las obras? Hacer obras sin presupuesto es hacer una casa en el aire. Todo el mundo habla de la reforma a la justicia, pero no hay un proyecto serio”, explicó.

Sobre el tema, el presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, Álvaro Valdivieso, aseguró que es necesario que los interesados puedan tener participación en esa posible reforma que se dé. Dijo que aunque no se les ha incluido, tienen el interés de estar presentes.

“Primero desde el punto de vista constitucional, las autoridades encargadas de adelantar la reforma son la Fiscalía General de la Nación y las altas Cortes en particular, pero ello no excluye que sea el operador de justicia el que tenga esa posibilidad, porque en sus manos está de primera fuente la administración de todos los problemas. Nos parece imprescindible la presencia de los jueces y fiscales en esas reformas”, aseguró.

Indicó que es necesario que así como los fiscales y los jueces acceden a sus cargos por un concurso de mérito, es necesario que también se incluya a los magistrados de las altas cortes para así poder tener mayor transparencia.

El magistrado añadió que dentro esa gran reforma a la justicia también es necesario incluir la resocialización de la población carcelaria porque de nada sirve tener a alguien privado de la libertad si sólo utiliza su tiempo para pensar la forma como saldrá a delinquir cuando cumpla su pena.

“Notamos que la comunidad colombiana tiene muchas necesidades que podrían ser solventadas por aquellos delincuentes o aquellas personas condenadas por delitos menores. El arreglo de los parques, la limpieza de las vías, restauraciones ante calamidades, que haya la posibilidad de que quien esté privado de la libertad ve que puede prestar un servicio social y se resocializa. Porque si la persona está hacinada y reducida a un espacio, está pensando es cómo salir a delinquir”, explicó.

Sobre la justicia transicional que se pueda aplicar a las FARC ante una eventual salida negociada al conflicto explicó que si se les dio la oportunidad a los paramilitares, también se le debe dar a esa guerrilla.

“Considero que si fueron política del Estado unas penas alternativas para quienes se han revelado contra la institucionalidad, bien sea supuesta o realmente en amparo de la misma sociedad colombiana, no podemos desconocer que en sus orígenes la izquierda o la guerrilla colombiana tuvo su fundamento serio al ver las diferencias sociales y una razón de ser (…) No veo razón por qué se les dé a los paramilitares y no a la guerrilla. Es un concepto muy personal”, dijo.