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| 4/27/2011 12:00:00 AM

Las razones de la medida de aseguramiento contra el rector de la U. Rafael Núñez

Un fiscal impuso medida de aseguramiento sin privación de la libertad a Miguel Henríquez Emiliani, por los presuntos delitos de fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. La defensa de Henríquez dice que es una "arbitrariedad monumental".

El rector de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena, Miguel Henríquez Emiliani, y una de sus hijas, Viviana Henríquez López, fueron cobijados con medida de aseguramiento por el fiscal segundo anticorrupción, y separados temporalmente de los cargos de rector y secretaria general de esa institución educativa, así como de sus funciones como miembro principal de las asambleas General y de Fundadores, mientras dure la investigación que se adelanta para aclarar los hechos que le imputan como presunto autor de los delitos de fraude procesal, falsa denuncia contra persona determinada y falso testimonio. La medida no contempla la detención, pero les prohíbe salir del país.
 
La medida fue dictada el pasado 28 de marzo por el fiscal segundo Anticorrupción Carlos Hugo de León Camargo, a través de resolución de acusación en el curso de un proceso iniciado a finales de los años 90 en Cartagena por Alberto Román Estor, uno de los socios fundadores de la universidad, quien denunció haber sido separado del cargo de miembro principal de la asamblea general en el año 1993 mediante maniobras fraudulentas. Afirma que las directivas universitarias falsificaron un acta haciendo creer que había renunciado.
 
Román Estor denunció al rector de la Universidad Rafael Núñez por los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y falso testimonio, delitos que habría cometido Henríquez para apoderarse de la universidad, como lo hizo -según el Fiscal Segundo- para crear de manera ilegal un indebido 'monopolio familiar'.
 
Desde la presidencia de la asamblea general y la rectoría, a partir del año 1993, habría forzado la salida paulatina de los fundadores, para remplazarlos desconociendo los estatutos, llenando las vacantes con su esposa, María Carmela López, y sus hijos Viviana, Vanessa y Miguel Ángel Henríquez López. La familia Henríquez López habría establecido, según la Fiscalía, una 'dictadura, un monopolio'.
 
Tanto Henríquez como su hija Viviana no pueden salir del país, ni asistir a las reuniones de los órganos directivos de la universidad, al tiempo que deben observar buena conducta individual, familiar y social. Además de la acusación de la Fiscalía en contra del rector y la secretaria general, en otra decisión, y por delitos diferentes, SEMANA confirmó que fueron vinculados mediante indagatoria, en calidad de presuntos autores de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con abuso de confianza agravado, María Carmela López de Henríquez (esposa), Vanessa y Miguel Ángel (hijos), así como su cuñada Rosario López, quien ha fungido como rectora encargada, y también a su yerno Juan Antonio Piñeres Pupo.
 
El fiscal ordenó que los órganos de dirección vuelvan al estado en que se encontraban en el año 1993, que se restablezca a Alberto Román Estor como miembro de la asamblea general y de fundadores, y notificó al ICFES para que tome las medidas pertinentes para garantizar el funcionamiento de la universidad y no se altere la continuidad de los programas.
 
Algunos hechos investigados
 
El primero de mayo del 2002, Miguel Henríquez Emiliani, en representación de una sociedad familiar, celebró con la URN un contrato de arriendo de un inmueble en el barrio de Getsemaní, en donde funcionarían los laboratorios de anatomía y simulación clínica.
 
Lo anterior no tendría nada de extraordinario de no ser porque el señor Henríquez Emiliani firmó el contrato como representante legal de una sociedad familiar y como representante legal de la universidad, de cuya asamblea ha sido su presidente.
 
Lo que resulta grave es que para la fecha en la que firmó como arrendador y arrendatario, él era un asesor y la rectora de la entidad era una cuñada suya. Es decir, la suplantó y firmó como rector cuando no lo era, arrendando a la universidad un inmueble de su propiedad.
 
La Fiscalía investiga los contratos y gastos excesivos e innecesarios y el Ministerio de Educación le impuso una multa de 50 salarios mínimos a finales del 2009.
 
Como resultado de las investigaciones que abrió la Fiscalía, el pasado 22 de marzo por gastos y arriendos, vinculó a Miguel Henríquez Emiliani, a su esposa María Carmela López, a sus hijos Viviana, Vanesa y Miguel Ángel Henríquez López y a Juan Antonio Piñeres Pupo, yerno de Henríquez, como presuntos autores de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con abuso de confianza calificado-agravado, razón por la cual serán escuchados en indagatoria la próxima semana. La investigación tuvo origen en unas advertencias realizadas por el Ministerio de Educación en el año 2007, donde señala la comisión de posibles irregularidades.

La URN fue fundada en el año 1985 como una entidad de derecho privado, de utilidad común sin ánimo de lucro. Entre los fundadores está Miguel Henríquez Emiliani, quien con otros nueve amigos, le dieron vida.

Los otros fundadores, miembros de la asamblea general, fueron desapareciendo de los órganos de dirección paulatinamente. Unos por fallecimiento y otros porque habrían manifestado no querer continuar en el cargo. Pero las ausencias no fueron suplidas de acuerdo con los estatutos que ordena que los principales fueran remplazados por los suplentes.
 
Las vacantes fueron llenadas por la esposa y los hijos de Henríquez Emiliani. En 1996 la familia Henríquez López, Miguel, su esposa María Carmela López y sus hijos Viviana, Miguel Ángel y Vanessa, y su cuñada Rosario López Guerrero, ocupaban los cargos de miembros principales en la asamblea general. Una vez consolidado el control sobre el principal órgano de administración de la URN, la familia Henríquez, a través de la sociedad Henríquez Emiliani y CIA. S. en C., constituida en 1996, comenzó a celebrar contratos de arriendos y de prestación de servicios con la universidad acumulando a la fecha pagos a favor de la sociedad familiar, con cargo a la universidad por un valor cercano o superior a 20.000 millones de pesos. La universidad cuenta en la actualidad con 12 programas de pregrado y tiene matriculados 5.400 estudiantes.
 
En la visita realizada por el Ministerio de Educación, cuyo fin era verificar presuntas irregularidades, se encontraron desembolsos inconsistentes en el año 2006 a favor de la sociedad familiar por valor de 2.030 millones de pesos. El objeto del contrato era para gestionar la apertura de nuevos programas en diferentes ciudades del país. La visitadora encontró que no había informe de resultados de la asesoría, no hubo pluralidad de oferentes en la selección del contratista, ni un estudio de mercado que permitiera establecer los parámetros y perfiles requeridos para fijar los honorarios en la cuantía ni la justificación del gasto.

El ministerio no encontró los contratos de arriendo en donde constaran plazos y canon, pero sí encontró órdenes de pago anticipado por concepto de arriendos a la sociedad Henríquez Emiliani.

Para la investigadora resultó muy grave el caso de los pagos que la universidad hizo por concepto de créditos, por tratarse de obligaciones contraídas por la sociedad familiar, así como los gastos de las tarjetas de crédito del rector por valor de 17 millones de pesos mensuales. Créditos que no tienen registros contables como obligaciones financieras de la institución educativa.

En el año 2006, el ministerio halló a favor de la sociedad y de su rector Miguel Henríquez Emiliani, pagos por valor de 4.026 millones de pesos. En el año 2003 la sociedad compró dos casas en el centro por valor de 4.200 millones de pesos y los créditos fueron pagados por la universidad. La visitadora solicitó que se revisara por qué se otorgan préstamos tan grandes, qué relación tienen con el objeto social y pidió a la DIAN que investigara unas erogaciones improcedentes. Finalmente llamó la atención sobre amortizaciones en obras ajenas a la URN en el año 2005 por la suma de 1.360 millones de pesos.

También el DAS y el CTI
 
El DAS y el CTI han realizado investigaciones que permiten presumir que algo irregular ha estado ocurriendo en esa institución. El CTI reprochó en un informe la suscripción de contratos con la sociedad Henríquez Emiliani por valor de 6.763 millones de pesos y ha pagado a su rector 5.700 millones de pesos por concepto de asesorías.
 
Es decir, la sociedad Henríquez Emiliani gana arrendado inmuebles a la universidad y Miguel Henríquez Emiliani gana honorarios asesorando a la universidad. En unas, los pagos se los hacen como persona natural y en otras como representante legal de la sociedad Henríquez Emiliani, que tiene como objeto social el negocio de la finca raíz y no se dedica a la asesoría en educación. Por concepto de arriendo en un solo año la universidad pagó a la sociedad familiar 1.897 millones de pesos por un inmueble que no ha sido utilizado por la universidad.
 
En la cadena de contratos a favor de la sociedad familiar y en detrimento de la universidad, los hijos de Henríquez Emiliani, como miembros de la asamblea, gozan de un derecho reconocido por ellos mismos: el pago del arriendo de los apartamentos en los que viven Miguel y Vanessa (hijos), y las sumas que pagó la universidad por cada uno de esos apartamentos en el año 2007, momento del informe del DAS, era de 27 millones de pesos. Los apartamentos están en los edificios Casablanca y Vanessa en Castillogrande.
 
A precios del 2011 en el edificio Navas, un apartamento de 300 metros se puede considerar bien arrendado en la suma de 3.500 dólares, siete millones y medio de pesos. Los apartamentos alquilados a ese costo son de propiedad de la sociedad Henríquez Emiliani, de la que son socios los inquilinos. Y además por asistir a la asamblea general de cada mes les pagan 30 millones de pesos.
 
Finalmente, si las autoridades judiciales y administrativas de la Fiscalía y el Ministerio, respectivamente, tienen dudas acerca del proceder y la responsabilidad de la familia Henríquez López por los presuntos manejos irregulares que han tenido, existe también un informe del departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Grupo contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales, con fecha de agosto 4 del 2008, en el que se establece la realización de operaciones y transacciones cambiarias en efectivo sospechosas, así como también posible enriquecimiento patrimonial entre 1997 y 2006.
 
Dice el informe del organismo de inteligencia que todos los miembros de la familia tiene excedentes no justificados en sus declaraciones de renta que, sumados, superan la suma de 2.140 millones de pesos.
 
Sin duda la Universidad Rafael Núñez ha sido generosa con los miembros de la asamblea general y en especial con los socios de Henríquez Emiliani y Cia S. en C., que en últimas son los mismos. Pueda ser que el futuro de la Universidad Rafael Núñez, la personalidad política más importante en la historia republicana de Cartagena y Colombia, no esté tan comprometida como la de quienes se han atrevido a usurpar su nombre dando tan malos ejemplos, todo lo contrario de lo que debiera ser una universidad.

"Es una arbitrariedad monumental": abogado de Henríquez
 
En diálogo con SEMANA, Hernando Osorio Rico, abogado del exrector de la URN, afirmó que al dictar medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el doctor Miguel Henríquez y su hija Viviana, el fiscal cometió una arbitrariedad monumental, porque los hechos a que se refiere esta denuncia ocurrieron mucho antes de que entrara en vigencia la ley con base en la cual la dictó.
 
Afirma el abogado Osorio que, "los funcionarios disfrazan las decisiones a través del principio de favorabilidad, pero el fiscal no podía imponer medida de aseguramiento por esos hechos".
 
El abogado Osorio reconoce que los hechos están relacionados con el fraude procesal, la falsa denuncia y la falsedad procesal que denunció Alberto Román Estor, miembro de la asamblea de fundadores, pero el señor Román, dice Osorio, nunca hizo oposición antes del año 2003 a su retiro de la institución, sino cuando pidió una copia del acta de la asamblea general y su renuncia había sido incluida en el punto de proposiciones y varios.
 
El denunciante, asegura, se aferra al hecho de que el documento tiene unos márgenes e interlineados distintos a los que tiene el resto del documento. La secretaria, en sus descargos, dijo que cuando elaboró el acta, sacó la hoja porque se le acabó la tinta y cometió el error de cambiar la cinta en ese momento. "Cuando a Román le entregan copia de esa acta y ve las diferencias, dice que el acta es falsa porque hay un pedazo que no estaba cuando él la firmó", agrega.
 
El proceso contra Miguel Henríquez y su hija continúa en etapa de instrucción, pero la unidad de fiscales anticorrupción debe resolver un recurso de apelación, que, en caso de que sea desfavorable a Henríquez, terminaría con el cierre de la investigación, la calificación del sumario y la realización de nuevas pruebas, si así lo piden las partes.
 
En cuanto al otro proceso abierto por la fiscalía contra Henríquez, su esposa, sus tres hijos, su cuñada y su yerno, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y abuso de confianza, el abogado Osorio Rico dijo que solicitó que las indagatorias previstas para los días 25 y 26 de abril se aplazaran y se programaran en Cartagena, lugar de domicilio de la familia y no en Bogotá, como había ordenado el fiscal.
 
El denunciante, Alberto Román Estor, sostiene que Henríquez celebró una serie de contratos entre la universidad y una sociedad familiar cuyo objeto no es la asesoría ni la prestación de servicios universitarios, sino una manera de apoderarse de los dineros de la URN. El abogado Hernando Osorio Rico sostiene que se “trataba de una retribución que la universidad le pagaba a la empresa de Henríquez Emiliani para que trabajara en el desarrollo de la universidad y gracias a ese trabajo la URN pasó de tres o cuatro programas a más de veinte”.
 
En cuanto a la adquisición de inmuebles por parte de la sociedad con créditos que eran cancelados por la URN, el abogado Osorio sostiene que “no hay ninguna obligación contraída por la sociedad que sea cancelada por la universidad”.
 
En lo referente al arriendo de inmuebles de la sociedad familiar a la universidad, sostiene que “no ese encontró ninguna prohibición legal que diga que el dueño de la universidad o que una persona cualquiera no le pueda alquilar a la institución un inmueble. Se ha dicho también que la misma sociedad le alquiló a la universidad una casa y tiene cuatro años sin ocuparla. Es cierto que no ha ocupado una parte, pero hay otra que está ocupada y la universidad ha venido haciendo las reformas y adecuaciones que ha considerado necesarias para el mejor uso del inmueble”.
 
El problema de fondo está en que para el señor Román y para el fiscal, resulta irregular que el señor Henríquez adquiera un inmueble y lo arriende a la universidad y con los cánones de arrendamiento se pagan los créditos. Ese es el problema. ¿Por qué no lo compró a favor de la universidad? Porque no quiso.
 
Miguel Henríquez Emiliani está suspendido de los órganos de dirección de la Universidad Rafael Núñez, la cual fundó a finales de los años 80 con un grupo de amigos, los cuales fallecieron y otros se retiraron voluntariamente porque, según dice el abogado, la universidad pasó por una mala racha económica y nadie quería verse arrastrado por una crisis. Y la salvación, asegura, provino de unos recursos que invirtió la familia Henríquez López, por la venta de unas tierras de propiedad de la esposa del exrector, por eso la universidad está controlada en su totalidad por su esposa, sus hijos y otros familiares.
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