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| 11/28/2012 12:00:00 AM

Las siete falsas víctimas de Mapiripán que sacaron del proceso

La CIDH excluyó a cinco personas que conforman el núcleo familiar de Mariela Contreras, como víctimas de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.

La Corte Interamericana de de Derechos Humanos estableció este miércoles que Mariela Contreras, sus hijos, su esposo y su consuegro deben ser excluidas como víctimas del caso, al determinar que sus testimonios fueron falsos. El tribunal hemisférico recibió el testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.

En la resolución se determina que el Estado también deberá adelantar las acciones necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados a estas personas.

La institución ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias de 2005 que determina la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre. Desestimó, además, la solicitud de revisión que este elevó en febrero de 2012, frente al caso.

La Corte recordó que su sentencia contra el Estado colombiano en este caso, se basó en el reconocimiento de responsabilidad internacional de buena fe, que se hizo el 7 de marzo de 2005. "Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia".

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la ministra de Relaciones Exteriores y el entonces ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán, la falta de investigación adecuada y la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.

En un anterior pronunciamiento la Corte ya había excluido como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes fueron reconocidos y propuestos como víctimas por el propio Estado.

La presente decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo y la administración de justicia en esta materia.
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