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| 12/8/2006 12:00:00 AM

Las tierras de Macondo

La pelea por uno de los mejores lotes de la Costa Atlántica para el turismo parece sacada del realismo mágico. La Nación podría estar en riesgo de perder el terreno.

El sector de Pozos Colorados en Santa Marta es privilegiado. Son más de tres kilómetros de playa sobre el Caribe cubiertos por la brisa de la sierra, lo que lo hace muy fresco. En él crecen centenares de trupillos y palmeras y por estar cerca del aeropuerto, del Rodadero y colindante a la Troncal del Caribe, es uno de los lugares con mayor potencial turístico de la región. Tanto, que desde hace unos años este predio de 65 hectáreas, cuyo valor comercial supera los 150.000 millones de pesos, está cobijado por una legislación especial como zona franca turística. Es decir que cualquier desarrollo de esta clase que se haga allí pagará menos impuestos y tendrá ventajas arancelarias.

Pese a este potencial, la maravilla turística que se podría construir está en veremos pues la situación legal de estas tierras está más enredada que un costal de anzuelos. Más ahora que se descubrió que se han vendido varias parcelas en transacciones con una legalidad discutible.

El nombre de Pozos Colorados viene de unas salinas que quedaban en el lugar. A mediados del siglo XX, todas las concesiones de salinas se le entregaron al Banco de la República. Luego de unos años, la zona se entregó al Bienestar Familiar, y después, a la Corporación Nacional de Turismo. La idea era llevar inversionistas, pero esta iniciativa avanzó al ritmo de oficina pública.

Como nada sucedía, a mediados de los años 90 el Concejo del Distrito de Santa Marta, en una exótica y cuestionada medida, le quitó a la Nación estas tierras mediante extinción de dominio. Esto desencadenó una pelea entre Nación y ciudad que lleva una década en el Consejo de Estado. Óscar Rueda, viceministro de Industria, Comercio y Turismo, dice que mientras no se conozca un fallo, la responsabilidad del terreno es de la ciudad, y que no se puede hacer ningún desarrollo.

Pero mientras las entidades del Estado esperan, suceden cosas con el lote. Según catastro, aparece registrada una decena de divisiones del predio. El vendedor es la empresa Cerro Blanco S. A. Esta sociedad ha sido centro de polémica en la ciudad, pues sus miembros aseguran ser los herederos de Máximo Campo Díaz Granados, uno de los colonos que tuvo esta zona. Según la explicación del abogado de esta sociedad, Ángel Carrillo, dicen ser legítimos propietarios de 5.800 hectáreas en la zona. Una extensión que parece las viejas heredades bíblicas que se extienden de norte a sur y de oriente a occidente, hasta donde llegue la vista. En estas tierra hay construidos varios barrios, incluidas las tierras de Pozos Colorados, los terrenos del aeropuerto y de industrias como Ecopetrol. El alegato de vieja data no pasaría de ser una locura, de no ser por que esta empresa logró que un juzgado reconociera la heredad. Y, como si fuera poco, hace pocos años la oficina de Notariado y Registro les dio una matrícula inmobiliaria de todo este globo de tierra.

Para el caso de Pozos Colorados, esto significa que tiene dos matrículas, ambas legales, pero con diferentes dueños. Uno a nombre de entidades del Estado que llevan agarradas años sin hacer nada con la tierra, y otra a nombre de los dueños de Cerro Blanco, quienes ya están vendiendo lotes allí y acusan al la Nación de querer robarlos.

El abogado que representa la ciudad en el pleito con la Nación, Camilo David Hoyos, sabe lo que sucede con los ocupantes, pero dice que hay dificultad para sacarlos por los documentos que tienen, a pesar de que él los considera irregulares. Por ahora, la ciudad ha logrado trancar las construcciones impidiendo que los curadores den licencias y las notarías evitan hacerles escrituras. Pero los de Cerro Blanco las tramitan en otras ciudades.

Más allá de estos remedios, las autoridades de notariado y el gobierno deben ponerse los pantalones para resolver la absurda situación jurídica de Pozos Colorados. Pues de ser cierta la propiedad pública de estas valiosas tierras, por su incompetencia los colombianos perderían un valioso activo y el potencial de desarrollo para una ciudad que mucho lo necesita y que se proyecta como el epicentro turístico de Colombia.
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