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Los paramilitares expulsaron de su parcela en el oriente antioqueño a los integrantes de la familia Sierra, en el año 2000. Ellos son unos de los cerca de 5,5 millones de desplazados por la violencia en Colombia. | Foto: Juan Antonio Sánchez - El Colombiano

PROCESO DE PAZ

Las víctimas se van a Cuba

Aunque el gobierno y las Farc acordaron cómo irán las víctimas a La Habana, escogerlas no será sencillo. Y la discusión de este punto irá, probablemente, hasta fin de año.

19 de julio de 2014

El gobierno y las Farc han logrado dos acuerdos preliminares notables en materia de víctimas. Después de pactar en junio diez principios para abordar la discusión del que es el tema central de la negociación, acaban de anunciar las reglas de juego con las que serán elegidas las víctimas que irán a La Habana a exponer sus demandas ante los negociadores. Es decir, las directrices y la participación de las víctimas están claros. Pero la discusión no será nada fácil y se va a tomar, probablemente, lo que resta de 2014.

A Naciones Unidas y la Universidad Nacional les cae el ‘chicharrón’ de interpretar los criterios que les entregaron las Farc y el gobierno para elegir a los representantes de las víctimas. Les ayudará la Conferencia Episcopal, pues, por primera vez, la Mesa pidió la colaboración de la iglesia católica. 

Algunos de esos criterios son claros. No habrá una sola delegación sino varias, que se turnarán al menos por los próximos cinco ciclos de negociación. El próximo ciclo empieza el 12 de agosto y el 16 llegará a La Habana el primer grupo de víctimas. Cada delegación tendrá 12 integrantes. Es decir, habrá que escoger al menos 60 víctimas para representar a los 6,5 millones registrados por el gobierno. Y los delegados deben ser víctimas directas del conflicto armado.

Además, el comunicado en el que el gobierno y las Farc anunciaron estas reglas de juego estipula que “las delegaciones deben reflejar” todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional cometidos en el conflicto, “teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional”. Es decir, todos los crímenes y todo el país deben estar representados. Aunque complejo, esto es más viable con varias delegaciones, en lugar de una sola.

Otras condiciones son más complejas. Según la Mesa, los “criterios principales” son “el equilibrio, el pluralismo y la sindéresis”. Esa es quizá la frase clave de lo anunciado y en la cual las partes –y las víctimas– pueden tener interpretaciones muy distintas. Para empezar, la idea de “equilibrio” parece salirles al paso de entrada a las organizaciones que están pidiendo que las víctimas de las Farc tengan mayor peso.

No será fácil para la ONU y la Nacional interpretar cómo ‘equilibrar’, por ejemplo las 32.000 víctimas de secuestro o las 10.000 de minas antipersona (la gran mayoría causadas por las Farc) con 41.000 desapariciones forzosas o 3.000 ejecuciones extrajudiciales como los falsos positivos, atribuibles en buena parte al Estado; con más de 1.200 masacres, buena parte de ellas cometidas por los paramilitares; o con casi 5,5 millones de desplazados, expulsados por todos los actores del conflicto; o con el despojo de millones de hectáreas de tierras cuya autoría, según las víctimas, se reparten los ‘paras’ y las Farc, pero que estas niegan rotundamente. ¿Influirá el número de víctimas de cada delito en la composición de la delegación? ¿Cómo repartir los cupos entre los desplazados, que son cerca del 85 por ciento del total de las víctimas, y las mujeres que sufrieron violencia sexual, un delito numéricamente mucho menos significativo, pero que solo ahora empieza a visibilizarse?

Por último, la palabra “sindéresis” recuerda una declaración de las Farc en abril del año pasado. Al contestar una carta a congresistas de Estados Unidos, reconocieron, por primera vez, que podían ser causantes de víctimas. Diferenciaron entre crímenes que atribuyen al Estado, como el desplazamiento, los falsos positivos o el genocidio de la Unión Patriótica y los “casos de secuestro, desaparición forzada, el reclutamiento, el uso de explosivos”, que –dijeron– “deben ser abordados y solucionados con sindéresis, observando el universo de la confrontación en el marco de sus causas históricas”.

Esto dista de ser semántico. Las Farc han insistido en que se conforme una comisión para esclarecer las causas del conflicto como una condición para discutir el tema de víctimas (en el comunicado conjunto se anunció que los preparativos para esta comisión se discutirán a partir del 25 de julio). Con ello buscan, probablemente, justificar históricamente los delitos en los que han incurrido. ¿Qué significa aplicar esa palabra (“sindéresis”)–que la Academia de la Lengua define como “discreción, capacidad natural para juzgar rectamente”– a la selección de los representantes de las víctimas?

Tremenda papa caliente la que tienen entre manos la ONU, la Nacional y la Iglesia. Las dos primeras han venido realizando foros regionales sobre víctimas (el tercero terminó el pasado 18 en Barranquilla) de los que salen propuestas para entregar a la Mesa de La Habana. Falta otro, del Pacífico, en Cali, y el foro nacional de cierre, en esa misma ciudad, el 6 de agosto. Esto les da elementos para conformar las delegaciones (la Mesa se reservó el derecho de revisar esa selección y hacer recomendaciones). Pero tienen una delicada tarea por delante, no solo para lograr la mayor representatividad de un universo numéricamente colosal, sino de organizaciones muy distintas, algunas de las cuales, como las víctimas de las Farc, aspiran a una participación destacada.

Un elemento con el que deberían contar el gobierno y las Farc es el tiempo. Se anunció que al menos por cinco ciclos irán las víctimas a Cuba, a partir del 16 de agosto. Si no hay cambios en el ritmo de las conversaciones, eso significa que la discusión sobre víctimas iría hasta mediados de diciembre. En junio se acordó hablar en paralelo del espinoso punto de “fin del conflicto” que incluye cese de hostilidades, dejación de armas, desmovilización y reintegración, entre otros. Y sesionará también paralelamente la comisión de esclarecimiento de las causas del conflicto. Pero, pese a esto, es probable que la negociación continúe hasta bien entrado 2015.

Esa no es la mejor noticia para un proceso de paz que, aunque congregó una votación mayoritaria para el presidente Santos, cuenta con una oposición muy significativa. Voladuras de puentes como las que tuvieron lugar la semana pasada cerca de San José del Guaviare y Barbacoas, Nariño, o derrames de crudo como el de Puerto Asís, Putumayo, el primero de julio, contribuyen a reforzar las dudas y el escepticismo frente al proceso. La gente cada día acepta menos que estos atentados contra instalaciones civiles sean ‘acciones de guerra’. Flaco favor le hace la guerrilla al proceso al insistir en ellas. Si este accionar continúa y se mezcla con la perspectiva de varios meses más de negociaciones sin anuncios contundentes, el coctel resultante puede ser bastante amargo para el proceso de paz.