Las viudas de Amagá

Hace un año, mientras 73 mujeres lloraban viendo salir de la mina San Joaquín, en Amagá, Antioquia, los cadáveres calcinados de sus esposos, muchos recordaron el llamado urgente hecho una semana antes por el ingeniero Tomás Charris, de Ingeominas, a Carbones San Fernando, dueña de la explotación.

Hacía varios meses, Ingeominas y la Gobernación venían recomendando a la empresa que controlara las altas temperaturas dentro de la mina, que hiciera una bocamina para mejorar la ventilación y bajar los altos niveles de gas metano y que neutralizara con agua y caliza triturada el polvillo de carbón que flotaba dentro de la mina. El 9 de junio de 2010, Charris recomendó que esto se hiciera urgentemente. Una semana después, el 16 de junio, a las 10:45 de la noche, una explosión mató a 73 mineros. Tomó diez días sacar los cuerpos que dejó esta tragedia anunciada. Y ha transcurrido más de un año sin que se determinen responsabilidades ni se paguen indemnizaciones.

Un informe posterior determinó que algo provocó una explosión de gas metano que "causó que el polvo de carbón de las paredes y el piso de la mina quedara suspendido en el aire, favoreciendo así explosiones de polvo de carbón en algunos sectores de la mina, desprendiendo gases asfixiantes y tóxicos". Es decir, el gas y el polvo que el ingeniero Charris había pedido neutralizar con urgencia habrían facilitado que el fuego se expandiera por toda la mina y acabara con la vida de los mineros. Se establecieron tres hipótesis sobre la procedencia del fuego, pero ninguna ha sido confirmada y no hay más averiguaciones en curso, según admite Jaime Rojas, coordinador del Área Sicosocial de San Fernando.

Mientras dos procesos judiciales buscan que cada una de las viudas reciba una indemnización por cerca de 500 millones de pesos, la empresa alega que el accidente no fue su culpa. Están demandados Ingeominas, la Gobernación y el municipio, por permitir que la mina continuara activa, y la empresa, por no cumplir plenamente las recomendaciones de las autoridades. "¿Por qué el asesor de Ingeominas (Tomás Charris) dijo que mejorar la ventilación de la mina era algo urgente?", le preguntaron en el juzgado de Amagá al ingeniero Mario Alzate, superintendente de Planeación y Operaciones de San Fernando. "Es la percepción de él. Considero que había suficiente ventilación", fue su respuesta.

La empresa insiste en que debe determinarse qué produjo el fuego. Sin embargo, en la audiencia, Alzate mismo reconoció que "en la gran mayoría de accidentes mineros en el mundo,no han podido determinar con certeza cuál fue realmente la fuente de ignición". Es decir, para indemnizar a las viudas, Carbones San Fernando pide una 'prueba reina' que sabe que no se puede conseguir.

La empresa contrató a la firma de abogados Arrieta, Mantilla y Asociados, de la cual es socio Carlos Gustavo Arrieta, excandidato a fiscal general. Su estrategia consiste en ir a las casas de las viudas ofreciéndoles, a cambio de renunciar a las demandas y las indemnizaciones, una casa de 42 metros cuadrados, de dos pisos, y dos millones de pesos. SEMANA habló con varias de ellas y coinciden con lo que dijo una: "Me buscaron en mi casa varios abogados. Me dijeron que para qué nos íbamos a ir a un pleito larguísimo que no sabíamos si íbamos a ganar, que mejor aceptáramos el acuerdo". De las 73 viudas, ya lo han aceptado 35. Sus abogados no fueron tenidos en cuenta. "A mí no me llamaron. Me enteré de la existencia del acuerdo que están firmando con las señoras y me parece que se trata de algo muy incierto porque no dice cuál es el valor de la casa y no dan fecha exacta de la entrega y tampoco se sabe si el juez le dará validez a esa transacción", dice el abogado Olinto Patiño, apoderado de varios casos. Ana Helena Gutiérrez, apoderada de otro grupo, dio una respuesta similar. SEMANA conoció uno de los contratos que están firmando con las viudas y comprobó que allí no dice el valor de la casa, pero Jaime Rojas, de la empresa, dice que valen entre cuarenta y sesenta millones de pesos.

Algunos creen que la empresa con este acuerdo buscaría evitar un juicio que podría obligarla, a ella y a la Nación, a pagar millonarias indemnizaciones. Rojas dice que se trata de una "apuesta social": "Hicimos un estudio que nos permitió concluir que el mayor beneficio para las familias lo generaría un programa de vivienda, por eso la empresa tomó la decisión de ofrecerles una casa a las viudas". Dice que van a capacitarlas como empresarias, con cursos de bisutería, lencería y de fabricación de muñecas de trapo.

'Apuesta social' o indemnización judicial solo arañan la superficie de un problema que la tragedia de hace un año en Amagá volvió a poner sobre el tapete. Con cerca de quinientos mineros muertos en accidentes de este tipo en los últimos siete años, lo que el gobierno -y las carboneras como San Fernando- están en mora de hacer es adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que haya más mujeres atrapadas en el dilema en el que están las 73 viudas de Amagá. A ninguna de ellas ni una indemnización, por jugosa que sea, ni un arreglo con la empresa lograrán devolverle el marido.