17 agosto 2013

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Las vueltas en el proceso de la 'yidispolítica'

JUSTICIAYidis Medina tiene a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, al borde de la cárcel.

Las vueltas en el proceso de la 'yidispolítica'. Según la Fiscalía, Sabas Pretelt ofreció dos notarias, Alberto Velásquez tres puestos y Diego Palacio participó en ambas cosas. Si fuera cohecho, habría entre tres y diez años de cárcel.

Según la Fiscalía, Sabas Pretelt ofreció dos notarias, Alberto Velásquez tres puestos y Diego Palacio participó en ambas cosas. Si fuera cohecho, habría entre tres y diez años de cárcel.

Foto: Guillermo torres - semana / Erick Morales - semana / Juan Carlos Sierra - semana

El caso de Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez es uno de los más paradójicos jurídicamente de los últimos tiempos. Y la paradoja consiste en que la Fiscalía los ha acusado de delitos graves por hechos que en el pasado hubieran sido considerados rutinarios en la política colombiana. 

El fiscal Álvaro Osorio los acusó de haber participado en una organización delictiva para sobornar congresistas con el fin de que cambiaran su voto y asegurar la reelección de Álvaro Uribe. Esto constituiría el delito de cohecho que tiene entre tres y diez años de cárcel. Como ya se sabe, todo gira alrededor de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, los dos votos necesarios para que pasara el acto legislativo de la reelección en el Congreso y los supuestos ofrecimientos que se hicieron a cambio de estos. 

Alberto Velásquez, el exsecretario general de la Presidencia está acusado de ofrecer tres puestos: uno en la Red de Solidaridad de Barrancabermeja, uno para un hospital de esa ciudad y otro para un hospital en Bogotá. Sabas Pretelt, como ministro del Interior, está acusado de dos notarías y a Diego Palacio, ministro de Protección Social, lo señalan de haber sido parte del tinglado tanto en las notarías como en los puestos. 

Teniendo en cuenta que en Colombia la actividad política gira alrededor de la burocracia, sorprende que tres altos funcionarios del gobierno Uribe puedan acabar pasando tres años de cárcel o más por los puestos que supuestamente ofrecieron. Todas las reformas importantes para ser aprobadas han requerido ‘consentir’ a los parlamentarios. Tanto ha sido así que la expresión ‘el computador de Palacio’ es parte del lenguaje coloquial nacional. 

Todo esto cambió cuando llegó Yidis Medina. Frustrada por lo que consideraba incumplimiento en ofrecimientos burocráticos denunció al gobierno de Uribe por haberle comprado el voto con ese ofrecimiento y luego haberle puesto conejo. Lo que no calculó es que ese arrebato de sinceridad fue considerado por la Fiscalía como una confesión. Pedir puestos no es delito y darlos tampoco, pero hacerlo para cambiar un voto sí lo es.  Y si ese voto es para reelegir al presidente en ejercicio las implicaciones políticas son de otra dimensión.

La Corte Suprema en 2008 dictaminó que esa confesión configuraba el delito de cohecho, que por definición requiere dos participantes: el que ofrece algo y el que lo acepta. Como Yidis pasó cuatro años en la cárcel por ‘aceptar’, queda por determinar quién ‘ofreció’. Por eso su testimonio tiene arrinconados a los tres exfuncionarios de Álvaro Uribe. 

A pesar de la lógica que habría en que se ofrecieran puestos para asegurar la reelección, la acusación de Yidis tiene vacíos. Sabas Pretelt, por ejemplo, está señalado por la Fiscalía de haberla sobornado con notarías, pero ella misma ha reconocido en su denuncia original en el noticiero de Daniel Coronell y posteriormente ante la Corte Suprema, que el exministro nunca le hizo esa oferta. Sin embargo, como a él por su cargo le correspondía firmar el decreto de esas adjudicaciones, ella lo considera culpable y asegura que estaba cumpliendo instrucciones del presidente Uribe. 

Diego Palacio solo habló con ella una vez cuando ella lo llamó telefónicamente para pedirle unos escoltas, pues se sentía amenazada. Los registros demuestran que esa conversación duró menos de cinco minutos. Ella reconoce haber hecho la llamada por problemas de seguridad, pero agrega que al final hablaron de puestos. Palacio lo niega, pero aunque fuera verdad, que una conversación entre un ministro y una parlamentaria, sobre el puesto de un médico en Barranca, pueda cambiarle definitivamente la vida a una persona  suena sorprendente. 

Y algo parecido se podría decir de Alberto Velásquez, quien como secretario general tenía la responsabilidad de dedicarle la mitad de su tiempo a recibir parlamentarios que querían puestos. Uno de los tres, por los cuales lo acusan, tuvo la particularidad de que la persona ni siquiera fue contratada. 

Yidis Medina tiene derecho a estar dolida. Pasó cuatro años tras las rejas por cohecho y luego le iban a meter otros 32 años en un montaje de un secuestro. Pero en su ánimo de venganza ha incurrido en varias inconsistencias. Cuando el presidente Uribe dio un número de teléfono por una llamada recibida diciendo que era de ella, la exparlamentaria lo negó y luego se confirmó que sí era su celular.

También hizo la extravagante acusación de que Alberto Velásquez tenía en la Casa de Nariño unas tulas llenas de billetes que repartía entre los parlamentarios. Para la Justicia el caso no es nada fácil, pues aunque para algunos puede haber una desproporción entre los hechos ocurridos y sus posibles consecuencias, penales nadie sabe cómo manejar la teoría de un cohecho con un sola pata. 
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