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| 12/26/2004 12:00:00 AM

¿Le saldrá la jugada a Uribe?

La propuesta del Presidente de condicionar la extradición de 'Trinidad' a que las Farc liberen 63 secuestrados es una apuesta popular pero puede complicar el acuerdo humanitario.

La decisión del presidente Álvaro Uribe de condicionar la extradición de Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', a que las Farc liberen a 63 secuestrados, entre militares, policías, políticos y extranjeros, antes del próximo 30 de diciembre es de hondo calado, y quizá por eso ha despertado una ardua polémica. No sólo tiene implicaciones de fondo sobre la legitimidad del Estado, sino que es una carta política audaz -palabra que conlleva un alto componente de riesgo- en la búsqueda de una salida posible a la tragedia que viven desde hace años estos colombianos y sus familias.

Desde que las Farc plantearon la posibilidad de canjear a los guerrilleros presos por secuestrados, a los que han llamado "políticos", los gobiernos de Andrés Pastrana y el actual habían rechazado tajantemente el concepto mismo de canje. Y han tenido razón. Para empezar, es inaceptable ponerles precio, sea político o económico, a unas víctimas del conflicto. Según cálculos de País Libre al 30 de noviembre, los diversos grupos ilegales armados y delictivos han secuestrado este año a 618 personas con fines extorsivos, y hoy, por el hecho de que han enviado pruebas recientes de supervivencia se cree que permanecen en cautiverio unas 800 personas. Es un crimen cuya incidencia ha bajado considerablemente en este gobierno, pero que aún persiste en niveles intolerables y ha abierto heridas profundas en la sociedad colombiana.

Entonces mal haría un gobierno en aceptar 'pagar' el rescate político que piden los chantajistas de las Farc, es decir, liberar a sus guerrilleros presos. Además de que estos guerrilleros no son, como dicen las Farc -tan hábiles en el manejo de eufemismos-, "presos políticos", sino personas que violaron la ley colombiana y le han hecho mucho daño al país. Por más ideología que le metan al asunto, no se puede equiparar una víctima humillada en cautiverio, por cuya cabeza hay un precio, con un guerrillero preso por haber asesinado, detonado bombas o destruido el patrimonio colectivo.

Sin embargo, estas mismas razones que le han dado toda la autoridad moral al Estado colombiano a negarse al canje, aun a pesar del dolor de los secuestrados "políticos", le impiden a éste apelar al mismo método de los delincuentes: pedir la liberación de los secuestrados como precio para suspender la extradición de 'Trinidad'. Formulada así la propuesta, el gobierno está indirectamente haciendo del guerrillero una suerte de rehén del Estado, cuya suerte depende no de lo que ordene la ley o sea justo, sino de qué tanto las Farc 'valoren' a su preso. Y eso les resta legitimidad a las instituciones y debilita los argumentos anteriores del gobierno de que el canje era un imposible moral.

Pero siendo realistas, si con esta movida el gobierno tuviera una alta probabilidad de lograr que se liberen los secuestrados, estaría actuando a favor de un objetivo deseable para la sociedad: salvar las vidas de los secuestrados.

¿Pueden las Farc ceder a la presión del gobierno? Es posible pero no probable. Las Farc están en guerra, y es iluso pensar que van a sacrificar su objetivo de la toma del poder por 'salvar' a un puñado de sus combatientes presos.

De otra parte, tener a 'Simón Trinidad' en una cárcel en Estados Unidos es una oportunidad para reforzar su discurso antiimperialista y de convertirlo a él en un mártir de la revolución popular, un 'preso político' del Tío Sam.

Por otra parte, los secuestrados "políticos" han sido utilizados por las Farc para ganar en lo político el terreno que han perdido en lo militar en los dos últimos años. Han capitalizado sin ningún pudor el dolor de las familias a cuyos parientes tienen en cautiverio y la solidaridad que despierta su tragedia entre otros dirigentes.

Todo esto lo debió evaluar el gobierno antes de anunciar su ultimátum. Entonces, ¿por qué lo hizo? Según planteó con precisión el editorial de El Tiempo del martes pasado, Uribe pudo tener dos razones. La primera, hacer más digerible para la comunidad internacional el hecho de que haya ejercido la discrecionalidad política de extraditar o no que le dan las normas al Presidente para suspender la extradición de Salvatore Mancuso, siempre y cuando éste cumpla sus compromisos dentro del proceso de paz que conduce el gobierno con las AUC. La segunda, como dijo el editorial citado, "contrarrestar la percepción de que el gobierno, por su falta de voluntad para negociar el canje, es corresponsable del drama humanitario de los secuestros". Hay un tercer motivo: el gobierno muestra coherencia con postulados que ha mantenido desde la campaña, de "mano firme y corazón grande", y satisface así a un electorado que ve con buenos ojos la extradición 'Trinidad', pues están convencidos de que sólo en Estados Unidos pagará por sus delitos.

Entonces, más que "gestos de paz" -como dijo el ex comisionado de paz Camilo Gómez- en el asunto del acuerdo humanitario, las partes lo que están haciendo es "muecas de paz". Es cierto que el gobierno ha hecho propuestas (la liberación unilateral de 23 guerrilleros acusados de rebelión que se comprometieron a dejar las filas guerrilleras y la posibilidad de negociar en una embajada, por Internet o en una iglesia) que como ésta, tienen pocas probabilidades de desentrabar un acuerdo.

Pero también lo es que las Farc no se han movido un centímetro. Todas sus propuestas han incluido un despeje militar en zonas estratégicas, lo que demuestra de un lado su miopía política y, de otro, la necesidad de aliviar la presión a la que están siendo sometidas por las Fuerzas Armadas. Si lograran salirse de la lógica de cuidar la cara y no aparecer perdiendo, quizás acepten la última propuesta del alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, de liberar algunos secuestrados, y abrir así una puerta que termine devolviéndoles la libertad a quienes mantienen cautivos por razones políticas.

Esto último, sin embargo, puede ser pensar con el deseo. Salvo una gestión excepcional de la Iglesia que logre un acercamiento real, lo más probable es que las Farc no acepten la propuesta del gobierno y 'Simón Trinidad' termine en una cárcel de Estados Unidos. Muchos colombianos aplaudirán al gobierno cuando vean salir esposado al guerrillero rumbo a las tierras del Tío Sam, donde enfrenta cargos de conspiración para comprar, transportar y vender cocaína, por el secuestro de tres contratistas estadounidenses y terrorismo. Otros se lamentarán de que no pague por los múltiples crímenes de lesa humanidad que cometió en Colombia, que a su juicio son mucho más graves que aquellos por los que se le acusa en Estados Unidos.

Cuando Palmera llegue a suelo gringo, el gobierno entonces habrá quemado casi todas las naves en una posible negociación de un acuerdo humanitario. En un comunicado público, cuando la Corte Suprema aprobó la extradición de 'Trinidad', las Farc dijeron que si el gobierno la hacía efectiva, "esta interferiría seriamente las posibilidades de canje".

En conclusión, el anuncio de condicionar la extradición de 'Trinidad' a la liberación de los secuestrados por razones políticas deja ganadores y perdedores. El Presidente gana popularidad en una sociedad hastiada de los abusos de las Farc y que percibe que en Estados Unidos sí tendrá una justicia más severa. Las instituciones pierden en legitimidad y estatura moral al caer en el juego de los violentos. Y es muy probable, salvo un cambio súbito en la conducta autista de las Farc, que los secuestrados y sus familias pierdan parte de la oportunidad que tenían de que gobierno y guerrilla llegaran a un acuerdo para liberarlos del calvario al que los ha sometido este grupo violento en los últimos años.
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