Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/10/16 20:12

“Hay gobernaciones que cuestan cinco millones de dólares”

La frase es de León Valencia, quien asegura que en por lo menos cinco departamentos las elecciones han estado determinadas por el dinero que corre en las campañas.

León Valencia, director de Paz y Reconciliación. Foto: Archivo SEMANA

Desde hace una década, aproximadamente, León Valencia (director de la Fundación Paz y Reconciliación) y Alejandra Barrios (directora de la Misión de Observación Electoral) se han convertido en la lupa de las elecciones. Se han ganado más de un problema por denunciar abiertamente candidatos herederos de la parapolítica o destapar compra de votos.

A una semana de la próxima cita con las urnas, ambos controvirtieron la afirmación del Gobierno respecto a que las elecciones locales del próximo 25 de octubre serán las más transparentes de la historia.

El ministro Juan Fernando Cristo argumentó su afirmación en varias cifras. 1,6 millones de cédulas anuladas, el 40 % del total de inscritas. Capturas de 40 personas, incluidos candidatos, por delitos electorales. Y los 20 casos de violencia contra candidatos que se registraron durante la campaña, la cifra más baja en 15 años.

Valencia y Barrios reconocieron que, como nunca antes, el Gobierno ha hecho importantes esfuerzos por garantizar unas elecciones transparentes. Pero aseguran que las de este 25 de octubre no lo serán en varios lugares del país.

O por lo menos que la campaña política, que oficialmente se cierra este fin de semana, estuvo impregnada de casos de trasteo y compra de votos, de candidatos con cuestionamientos, intervención en política, y de ríos de dinero en las campañas, a tal punto que León Valencia afirmó que en Colombia “hay gobernaciones que cuestan cinco millones de dólares”.   

El director de Paz y Reconciliación mencionó cinco departamentos en particular: Valle del Cauca, La Guajira, Bolívar, Córdoba y Sucre. En el Valle, dice, “salta a la vista” el dinero que ha invertido Dilian Francisca Toro en su campaña. Y lo que califica como un caso sorprendente en Sucre, uno de los departamentos más pequeños del país, con sólo 23 municipios, las campañas políticas “sean las más costosas del país”.

En este departamento, dice Valencia, el excongresista Yahir Acuña, esposo de la candidata Milene Jarava, “ha tenido en los últimos años una enorme cartera” para ganar elecciones. Según el investigador, así terminan comprometiéndose los recursos públicos, que van a pagar préstamos de campaña.  

Aparte de esta afirmación, que no deja de resultar escandalosa, Valencia señala que en las elecciones de la próxima semana hay 152 candidatos con “relaciones demostradas” con la parapolítica. “Son herederos de las estructuras de los parapolíticos”, aseguró.

Alejandra Barrios (MOE) señaló a los partidos políticos como culpables porque siguen en deuda con la transparencia electoral. Primero, por la “ligereza” a la hora de entregar los avales, y porque reveló que hasta la fecha no han enviado un solo reporte sobre financiación de campañas.

Valencia responsabilizó al Consejo Nacional Electoral, el que llamó un “organismo inoperante”. Dijo que por su origen político, y de representación de los partidos políticos, “los magistrados están es para hacerse pasito”.  

La MOE y Paz y Reconciliación coincidieron en señalar que en la presente campaña no ha habido incidencia de la guerrilla. Barrios dijo que los 161 hechos violentos contra dirigentes políticos, se han registrado en 99 municipios de 27 departamentos, pero solo en 33 hay presencia de grupos ilegales.

León Valencia incluso afirmó que ni las FARC ni el ELN han aplicado su histórica estrategia de sabotear las elecciones, la amenaza a candidatos y presionar por la abstención, “están en una actitud de favorecer la participación en las elecciones”. "Están motivando invitando a votar”, aseguró.  

Para las dos organizaciones que han puesto la lupa sobre las elecciones, en Colombia la democracia aún tiene muchos vicios, que el Estado hasta ahora parece enfrentar los delitos electorales, pero que la jornada del próximo 25 de octubre no será, ni mucho menos, la más transparente que recuerde el país.

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