"La corrupción se va a desnudar más cuando hagamos la paz"

Cuando la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más vieja de Colombia se ve a la vuelta de la esquina, el posconflicto parece un tema inagotable. ¿Qué sigue? ¿De dónde saldrá la plata? ¿Cómo va a ser la reparación? ¿Cómo será la transición? y ¿Qué hacer para que estos 50 años violencia no se repitan?, son algunos de los interrogantes que empiezan a florecer ad portas del fin de la guerra. 

En este 2016 se cumplen 4 años desde que se abrió la posibilidad de que las FARC abandonen las armas y el tema ya comienza a estimular la curiosidad e ingenio de los investigadores, para quienes surgen más preguntas que respuestas de cara a lo que sigue a un acuerdo definitivo de paz. 

A partir de este viernes 22 de abril estará disponible en las librerías ‘Los retos del postconflicto. Justicia, Seguridad y Mercados ilegales, de León Valencia y Ariel Ávila. En él, los dos analistas recogen las reflexiones que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación sobre el momento en el que se abandone la violencia como recurso en la política. 

Semana.com habló con uno de los autores sobre los desafíos que no sólo le esperan al país, sino en especial a los 281 municipios donde por años ha persistido la violencia y donde llegó la hora que haga presencia el Estado. 

Semana.com.: ¿No es muy pronto para hablar de posconflicto?

León Valencia.: Cuando ellos abrieron las negociaciones teníamos la idea de que las FARC iban a buscar la firma de un acuerdo. Éramos más optimistas que el mismo presidente Santos. Dijimos: vamos a hacer una fundación nueva para dedicarnos a pensar el posconflicto. Investigamos cómo serían los territorios después de la guerra, cuáles son las condiciones de los municipios donde está el conflicto. Nos pusimos a estudiarlo muy detalladamente hasta llegar a este diagnóstico. Ese es el resultado del libro.

Semana.com.: Ustedes hablan de retos de justicia, seguridad y mercados ilegales. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos de cara al posconflicto?

L. V.: Los mercados y economías ilegales necesitan protección ilegal. Hay un reto enorme de seguridad para recuperar el monopolio de las armas, que no se controla sólo poniendo fuerza armada en un lugar.

Semana.com.: ¿Cuáles son esos mercados ilegales?

L. V.: Es todo un portafolio. Está el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y trata de personas. Los retos en seguridad implican recuperar el monopolio de la fuerza pública, desplegarla en el territorio, pero también, y sobre todo, ofrecer alternativas a estos mercados ilegales.

Semana.com.: ¿Cómo se desmantelan esos mercados?

L. V.: Hay que ofrecer alternativas de mercados legales para la gente que está empleada en los ilegales. Esos son los que determinan y obligan a construir también estructuras al margen de la ley para protegerlos. Hay muchos jóvenes comprometidos con eso mercados. Allí reciben empleo y salarios entre 600 y un millón de pesos.

Semana.com.: ¿Qué ventaja tienen esos mercados ilegales sobre el Gobierno?

L. V.: Después de que se ubican en los territorios, las fuerzas ilegales ofrecen seguridad puerta a puerta. No pasa sólo en el campo. Ellos ofrecen seguridad incluso en ciudades muy importantes como en las comunas de Medellín. Allí sustituyen esa seguridad que no ofrece el Estado.

Semana.com.: ¿Qué papel juegan las bacrimes en ese mundo de los mercados ilegales?

L. V.: La repuesta la encontramos en un estudio que hicimos en Bogotá. Empezamos a meternos en todos los mercados: Corabastos y Sanandresitos. El principal mercado del país que es Corabastos tiene un control mafioso muy grande. Los negocios son el eje de las bandas y del crimen organizado.

Semana.com.: ¿A qué se refiere? ¿En qué se diferencia de la guerrilla?

L. V.: A diferencia de la guerrilla, que el eje es la destrucción del Estado para conquistar poder, estos buscan ampliar su portafolio de negocios. Es decir, quieren ampliar los mercados y utilizan la violencia a su servicio.

Semana.com.: ¿Cuál es la mejor forma para referirnos: bacrimes o paramilitares?

L. V.: La idea de cambiar de nombre es política. Fue una decisión política, no una decisión técnica o fundamentada en un cambio total de la realidad. Necesitaban decir que no había paramilitares, porque el presidente Uribe había hecho una negociación y dijo  “los desmovilicé”. Estos grupos tienen sin duda diferencias con los anteriores paramilitares, pero tienen continuidades. Olvidarlas es un error, pero no ver las diferencias también.

Semana.com.: ¿Cuáles son las continuidades? ¿Qué heredaron de los paramilitares?

L. V.: Las continuidades es que su eje son los negocios. Para protegerlos se necesita una fuerza también armada y violenta ilegal que opera alrededor de ellos. Tienen nexos con Fuerza Pública, políticos, comerciantes y empresarios legales.

Semana.com.: Y las diferencias

L. V.: No tienen un discurso antisubversivo. No tienen un discurso contra las guerrillas. Es más, en algunas partes pueden aliarse con ellas, cosa que no hacían los antiguos paramilitares. No tienen una estructura nacional vertical articulada. Son una red en outsourcing de compra de estructuras. No funcionan bajo un mando jerárquico.

Semana.com.: Si no tienen un discurso antisubversivo,  ¿por qué las bacrimes son una amenaza para los desmovilizados?

L. V.: Ellos están contra cualquier orden, contra cualquier cosa que propenda la construcción de tejido social. Es decir, que ponga en riesgo los negocios ilegales. No es una razón ideológica. Construir Estado a ellos les repele y los perjudica porque en medio de una construcción de un orden político y social distinto, los negocios ilegales no florecen.

Semana.com.: El Gobierno está negociando con las FARC y el ELN, ¿qué salida les queda a ellos?

L. V.: Una medida clave es el sometimiento a la justicia como hace Estados Unidos. Una oferta de incentivos para someterlos, que no tenga ningún viso de negociación política pero que ofrezca salidas de justicia a todas esas bandas organizadas. No puede ser una acción aislada solo de persecución, sino también de depuración de la Fuerza Pública y construcción de mercados legales.

Semana.com.: ¿Cuál es el afán del Clan Úsuga de entrar al proceso de paz con las FARC?

L. V.: Esas estructuras criminales tienen un tope. ¿Cuál es? Niveles de acumulación de dinero. Cuando uno acumula mucho dinero en negocios ilegales hay un tope en el que necesita legalizar, ya la plata no le sirve para nada en caletas. Necesitan es el dinero en el circuito financiero. Además, hay momentos en los que también esas estructuras sienten una amenaza, y no solo del Estado.  

Semana.com.: ¿La ilegalidad termina siendo aceptada culturalmente?  

L. V.: La gente necesita sentir que la paz le trae beneficios inmediatos. Es lo que nosotros llamamos ‘victorias tempranas de la paz‘. Que le llega un rato más de luz eléctrica, que le llega una vía de comunicación, que le llega un hospital, que le llega una forma de empleo y aquí hay muchas cosas por hacer que no son tan caras y tan importantes. Así se puede empezar a combatir la aceptación que tiene.

Semana.com.: Un ejemplo.

L. V.: Una de las carencias son las vías terciarias para sacar los productos de las veredas. Si hicieran 40 kilómetros de esa vía como huellas que son dos líneas de concreto, serían alrededor de 10.000 km en 250 municipios. Cerca de 500 millones de pesos cuesta la construcción de un kilómetro de vía terciaria. Serían en total cinco billones de pesos, eso es menos de lo que vale una 4G.

Semana.com.: Entonces, ¿la corrupción es el reto?

L. V.: Sí. Pero cuando salgamos de la violencia y de la guerra y nos aboquemos a la paz nos encontraremos de frente con muchos problemas que tenemos que afrontar. La corrupción es un fenómeno que se va a desnudar más cuando hagamos la paz.

*El lanzamiento será este viernes 22 e abril 6:00 p. m. / Salón Literario Ecopetrol tres