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| 5/16/2009 12:00:00 AM

¿Ley contra las víctimas?

El Congreso aprobará esta semana un estatuto que en teoría debe servir a las afectados por la violencia, pero en la práctica, según ellos, es un retroceso. Por eso las propias víctimas piden que se hunda.

La paradoja no podría ser más grande: tras más de dos años de foros por todo el país y debates en el Capitolio, por fin esta semana el Congreso debe aprobar la Ley de Víctimas. Pero, al contrario de lo que se esperaba, que se hicieran brindis porque por fin el país tiene una norma para reparar de manera integral los daños de la guerra, la situación está tirante entre el gobierno y las asociaciones de víctimas. Tanto, que 6.000 de éstas pidieron en un documento a los congresistas que mejor entierren la iniciativa.

"El proyecto fue descuartizado", afirmó el senador Juan Fernando Cristo, abanderado del proyecto, cuando advirtió en noviembre pasado los cambios que la bancada de gobierno le incorporó al texto en la Cámara. Por eso él y los demás promotores -liberales y del Polo- creen que la aprobación de la norma, tal como está hoy, significaría un retroceso en los derechos de las víctimas.

Sin embargo, lo más probable es que la mayoría uribista apruebe la ley con el argumento del gobierno de que se trata de una norma "ajustada a las realidades del país" para no generar expectativas imposibles. Y lo otro que también es probable es que las víctimas demanden la ley ante la Corte Constitucional, con la esperanza de que, como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz, esta se encargue de arreglarla de acuerdo con la Constitución.

El proyecto en trámite cuenta con 131 artículos, de los cuales se ha logrado concertar 122. En buena parte porque los promotores del texto en el Congreso estaban dispuestos a cambiar cualquier cosa con tal de que se mantuvieran nueve puntos esenciales de la propuesta. Pero esos son justamente los que hoy son 'irreconciliables'.

Uno de los más sensibles es el que tiene que ver con las víctimas de agentes del Estado. Esta semana, de manera equivocada, algunos medios informaron que el gobierno había cedido en ese punto. Pero los promotores de la ley dicen que ocurrió todo lo contrario. Tal y como va el proyecto, se mantiene la misma situación según la cual las víctimas de agentes del Estado sólo serán reparadas después de un fallo judicial.

Es decir, las madres de los muchachos de Soacha que murieron como 'falsos positivos' tienen que esperar un largo proceso judicial, además de financiarlo o someterse a la débil defensoría pública con la que hoy se cuenta, para lograr algún tipo de indemnización. Los promotores, por ejemplo, buscaban que este tipo de víctimas tuviera acceso a la reparación que hoy se da a todas las otras víctimas, de una manera más expedita y sin necesidad de un proceso judicial, por un monto de hasta 18 millones de pesos.

Para el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, la exigencia es válida, pues la agresión de un agente del Estado es una situación "excepcional". El funcionario afirma que los juzgados serán descongestionados y los procesos se resolverán en máximo 18 meses. Las víctimas, apoyadas en la realidad del momento, no le creen. Alegan que para lograr una sentencia se requiere en promedio una década de disputa en los estrados judiciales y citan el fallo de la Corte Constitucional según el cual "no es necesaria la condena del sujeto responsable del ilícito" para que alguien sea reconocido como víctima. Pero este es sólo uno de los puntos en disputa.

Un segundo punto polémico es el de la reparación del patrimonio. Si bien este es el capítulo más interesante en materia de reparación, y muchas de las víctimas así lo reconocen, también ha provocado fricciones. Lo bueno es que establece una justicia transicional para devolución de tierras, es decir, ya no serán largos procesos en juzgados civiles, sino un capítulo de jueces en Justicia y Paz que aligerará los procedimientos. También se consigna un instrumento que puede ser trascendental pues crea una comisión de verdad de tierras. En lo que no concuerdan es en que el gobierno habla de restituir los bienes inmuebles, mientras que los afectados se refieren también a los muebles. Es decir que si un campesino dejó su finca por causa de la violencia, el Estado debe restituirle no sólo la tierra y la vivienda, sino también los animales, los equipos, los cultivos y demás mejoras.

El Movimiento de Víctimas de Estado, liderado por Iván Cepeda, cree que la estrategia del gobierno es la de descalificar a las víctimas tachando sus pretensiones de desmesuradas. "Éstas sólo se fijan a los estándares internacionales y lo señalado por nuestra Corte Constitucional", asegura. Los voceros del gobierno en el Congreso, como el representante Jorge Humberto Mantilla, responden que los parámetros se deben fijar según las realidades de cada país.

Esta semana el polémico proyecto entra en su recta final: se votará en plenaria de Cámara para pasar a la conciliación final en el pleno del Congreso. Y los proponentes esperan que las diferencias entre el texto aprobado en Senado y el aprobado en la Cámara hundan la iniciativa a última hora por tratarse de dos proyectos incompatibles. Si no es así, los afectados demandarán y empezarán a impulsar "una ley de víctimas, no contra las víctimas".
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