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| 12/5/2016 6:49:00 AM

Cinco factores que pueden complicar la Ley de Amnistía

La preocupación más grande del proceso de paz se encuentra en un limbo jurídico.  Sin embargo, la urgencia de tramitar este proyecto es cada vez más fuerte. 

En los últimos días, tanto al gobierno como a las Farc los trasnocha la misma preocupación: la ley de amnistía. Ambas partes saben que este es el requisito indispensable para que comience a andar la implementación del proceso de paz, pero tienes visiones distintas sobre cómo llegar a esta. Para la guerrilla, la ley de amnistía es el paso fundamental. De hecho, varias veces, dijeron que solo ahí comenzaba el Día D, y solo fue luego de un gran debate que cedieron en que también podría ser el día que el Congreso refrendó los acuerdos.

Las amnistías y los indultos apuntan a la discusión más esencial de todo proceso de paz. Solo a través de estas se pueden solucionar la situación jurídica de miles de personas que cometieron delitos en desarrollo de un conflicto armado.

La amnistía implica que no se iniciará un proceso penal contra la persona o que si ya se inició se terminará. El indulto por su parte permite perdonar una pena ya impuesta por una sentencia judicial. Sin estas herramientas cualquier acuerdo está condenado al fracaso, pues miles de desmovilizados tendrían que esperar años a que se defina su situación en procesos judiciales, produciéndose una situación de inseguridad jurídica que afecta a la tropa pero también a la sociedad, pues no le permitiría definitivamente cerrar el ciclo de violencia que generó la guerra.

La relevancia de estos instrumentos es tal que en el acuerdo anterior y en el nuevo acuerdo se incluyó la redacción definitiva de “La Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales” con 59 artículos que definen cada detalle de este complejo asunto.

Por lo anterior, una vez refrendado el Acuerdo de Paz, el tema más importante que debe definirse es precisamente el trámite de esta ley. Sin embargo, el triunfo del No en el plebiscito y la cadena de hechos políticos que este desencadenó han generado un clima de incertidumbre sobre esta ley.

Semana.com analiza cada uno de los obstáculos que tendrá que sortear el trámite de esta ley:

1. La política: las cuentas son apretadas

En la política casi que toda discusión es de cálculo. Y la ley de amnistía no se escapa a esas cuentas. Por ser una ley especial no se puede aprobar con la mayoría simple de los miembros del Congreso, sino que requiere las dos terceras partes de sus miembros: en el Senado 68 votos de 102 y en la Cámara 111 de 166.

Si bien la votación de la refrendación del nuevo acuerdo de paz podría indicar que se superarían estas mayorías, pues se obtuvo 76 votos en Senado y 130 en Cámara, la posición de partidos muy divididos como el Conservador podría ser determinante. Esta situación se entiende si se hace el análisis inverso, no sobre cuántos votos se necesitan para aprobar la ley de amnistía, sino con cuántos podría bloquearse.

En el Senado, si se cuentan como fijos los 20 votos en contra del Centro Democrático solo se necesitarían 14 votos adicionales para impedir su aprobación, los cuales podrían provenir de una parte de los 18 conservadores y de otros congresistas de la Unidad Nacional que no estén de acuerdo con la Ley, o con algunos de sus puntos.

En la Cámara de Representantes, si bien el Centro Democrático tiene menos votos (19), varios conservadores han manifestado no compartir temas esenciales del proceso de paz. En ambos casos, la Unidad Nacional tendría que estar más unida que nunca pues una disidencia de algunos de sus miembros unida al Centro Democrático y a los conservadores descontentos, podría ser fatal para la ley.

Políticamente será muy rentable rechazar que las amnistías o los indultos se apliquen a los delitos que más han impactado a los colombianos, y eso será un riesgo que se correrá en un congreso que tiene elecciones pronto.

2. Lo jurídico: se necesita el fallo de la Corte

El principal obstáculo de la ley de amnistía a la fecha es el Fast Track. El triunfo el NO impidió aplicar este mecanismo, el cual no solo reduciría el número de debates en el Congreso, sino que además y tal vez más importante no permitiría que se hicieran cambios de la ley durante el desarrollo del debate sin la autorización del Gobierno Nacional. Este último punto es esencial para las FARC, pues de lo contrario se podrían afectar aspectos esenciales debatidos durante meses en las negociaciones.

El tema más complejo es a qué delitos se puede aplicar y a qué delitos no se pueden aplicar las amnistías y los indultos, pues de esto depende que se pueda dar una solución a la situación jurídica de “la tropa”. Es decir, a los combatientes rasos, que esperan una respuesta pronta y cuya aprobación es esencial para el futuro del proceso.

El tema es tan complejo que en el proyecto de la ley que se incluyó en los acuerdos no solo se dijo que se podrían conceder amnistías e indultos por delitos políticos y conexos, sino que además se dijo específicamente cuáles eran estos delitos conexos. Por ejemplo, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego; violencia contra servidor público, fuga, espionaje, entre otros.

Puede leer: "El Fast Track es inconstitucional: Jesús Pérez"

Adicionalmente se agregó una cláusula muy importante para evitar la inconformidad de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la cual en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto: “a. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma…”

El acuerdo es tan claro que permitir que en el Congreso se realicen cambios sin la aprobación del gobierno puede poner en peligro la aprobación de cientos o tal vez miles de combatientes rasos que esperan una solución urgente a su situación judicial.

Mantener un acuerdo con la posibilidad de que cualquier senador o representante pueda cambiar estas condiciones no solo es peligroso porque afecte los compromisos ya suscritos con las FARC, sino también porque podría politizar uno de los temas más importantes el proceso de paz, en un año preelectoral en el que muchos congresistas están buscando la aprobación popular.

3. La opinión pública: el pedido de “no impunidad”

En la sociedad, es claro que uno de los temas más debatidos por los quienes votaron por el NO es el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Esto está directamente relacionado con la concesión de indultos y amnistías, por lo cual si las discusiones de este tema se prolongan por meses, el desgaste para el proceso puede ser muy alto.

Quienes sufrieron los vejámenes de la guerra probablemente no estarán de acuerdo con este “perdón” a los miembros de las Farc y la oposición aprovechara ese sentimiento para promover la idea de que los acuerdos le apuntan a la “impunidad”.

Por esta razón,  el Gobierno debe esperar la decisión por parte de la Corte Constitucional que de revivir el Fast Track le permitirá acortar los tiempos y la exposición de este debate.

4. La comunidad internacional: Ya no “todo se puede”

En las últimas décadas la utilización de las amnistías y los indultos ha venido siendo limitada por dos factores. El primero es la creación de la Corte Penal Internacional, que tiene competencia para el juzgamiento de los delitos más graves como los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio, y por ello se recortaría su competencia si se otorgan amnistías o indultos a estos delitos. El segundo son las decisiones  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado leyes de amnistía consideradas ilegales en países como Argentina, Chile, Brasil, el Salvador y Guatemala.

Estos factores fueron tomado en cuenta durante toda la negociación con las FARC, llegándose incluso a crear una figura distinta en el Marco Jurídico para la Paz llamada renuncia a la persecución penal, en virtud de la cual se podían terminar los procesos o suspender la aplicación de las penas salvo para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio. Sin embargo, esta idea no gustó mucho a las FARC, cuyos voceros insistieron en la necesidad de que se otorgaran indultos y amnistías, lo cual fue efectivamente contemplado en el primer y en el segundo acuerdo.

5. El tiempo: las manecillas del reloj están en contra

Lo que demuestran los anteriores factores es que una prolongación de los debates sobre la ley de amnistía podría tener efectos complejos en toda la negociación, pues a medida que se acerquen las elecciones la presión social puede variar la posición de congresistas sobre el acuerdo.

Existe un punto aún más crítico y es que los guerrilleros que se desmovilicen necesitan este “paz y salvo” para comenzar su proceso de reintegración a la sociedad. Para las Farc, la amnistía es fundamental y habrían querido que el tema estuviera resuelto cuando comenzó el Día D, en el momento en que se refrendaron los acuerdos en el Congreso. 

Le recomendamos: "Sin Fast Track la paz quedaría en aprietos"

Adicionalmente, las discusiones podrían también activar la influencia internacional (hasta ahora positiva, pero con el giro hacia la derecha de la comunidad internacional también eventualmente negativa) en un tema crucial de las negociaciones cómo es la posibilidad de limitarlas en algunos casos.

Así, una vez que la Corte Constitucional haya tomado una decisión sobre el fast track, la ley de amnistía tendrá que tener un tránsito apresurado. Si se aprueba la utilización de esta herramienta, muchas de estas dificultades del trámite podrían superarse. De lo contrario, el debate que se abrirá será profundo y difícil.

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