Home

Nación

Artículo

La Comisión de Acusaciones es el escenario para disciplinar al presidente Juan Manuel Santos, pero está integrada por parlamentarios afines a él. | Foto: SEMANA

ELECCIONES

¿Será la Ley de Garantías letra muerta?

La Comisión de Acusaciones integrada por parlamentarios afines a Santos es la encargada de disciplinar al presidente.

2 de diciembre de 2013

Desde que anunció su aspiración de ir por la reelección, el presidente Juan Manuel Santos ha tenido un contradictor en su propósito político. El procurador general Alejandro Ordóñez lleva varias semanas tratando de atajar sus conductas, más si estas atraviesan el delgado límite del proselitismo político previo a la campaña presidencial. 

Ordóñez, a través de su procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, se ha convertido en el dique de contención del mandatario. No sólo le recordó los tiempos en los que puede hacer campaña política, a partir del 25 de enero el año próximo, sino que le aclaró las actividades que podría realizar en condición de mandatario. 

Una de las que más polémica ha generado es precisamente la participación en eventos políticos de los partidos de su coalición y las reuniones con dirigentes políticos en la Casa de Nariño. Para la Procuraduría, esos eventos son actividades proselitistas. 

La controversia se agitó aún más cuando Santos, a pesar de las advertencias del Ministerio Público, pareció desafiarlas al asistir como invitado a un evento político del Partido de La U y a la Convención del Partido Liberal en Cartagena.

En teoría, Santos podría hacerlo, siempre y cuando sus intervenciones no se ocupen sobre el futuro político de la colectividad y se concentren en  analizar temas propios del gobierno con los dirigentes políticos. Pero si en esos eventos se agita la militancia, por ejemplo, se escogen candidatos y se habla de estrategias electorales, Santos estaría violando la ley, a juicio del Ministerio Público. 

Y eso fue precisamente lo que sucedió en los eventos de La U y el Partido Liberal. Santos no sólo fue aclamado como el candidato presidencial de ambos movimientos, sino que hizo alusiones directas a su militancia y afinidad con ambos partidos 

El gobierno explica que la propia ley de garantías habilita al mandatario para participar de encuentros y convenciones de partidos políticos e incluso a intervenir en la selección de candidatos de los movimientos. El artículo 6 de esa norma así lo expresa claramente. 

“El presidente y el vicepresidente de la República cuando aspiren a la elección presidencial, podrán participar en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos. Cuando el presidente o el vicepresidente, respectivamente, se sometan a consultas populares, asambleas, congresos o convenciones de partidos o movimientos políticos, podrán realizar proselitismo político para dicha elección durante el (1) mes anterior a la realización del evento, si así lo decide”.

Para el gobierno parece claro que Santos no ha violado la ley de garantías con estas participaciones. Incluso el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, pareció desafiar aún más las advertencias del procurador Ordóñez al manifestar que las interpretaciones que desde el Ministerio Público se están haciendo de la ley de garantías están fuera de contexto. 

Por eso elevó una consulta a la sala de consulta del Consejo de Estado para establecer los alcances de la ley de garantías y como se debe interpretar las actuaciones del presidente, quien ya tiene condición de candidato presidencial. 

Sin embargo, quienes se han puesto del lado del procurador han sido los candidatos presidenciales opositores a la reelección. 

Clara López Obregón, del Polo Democrático, dijo que el presidente está desafiando a la Procuraduría en lo que tiene ver con la Ley de Garantías, especialmente por su presencia en los eventos de La U y el Partido Liberal. “Yo pienso que el tema es que se aplique la ley, pero hay que pensar en que tal vez no hay quién la aplique y ahí sí qué garantías puede haber para los otros candidatos. El presidente candidato está arrancando antes que nosotros y eso es preocupante”, consideró.  

Óscar Iván Zuluaga, candidato del Uribe Centro Democrático, también acusó a Santos de pasarse por encima la Ley de Garantías. “Esa ley es fundamentalmente para garantizar que el presidente candidato que busca la reelección no abuse ni genere desequilibrios frente a los demás. El presidente debe dar ejemplo de acatamiento y no desafiar la ley de garantías porque es un antecedente muy complicado”, aseguró.

Mientras que Martha Lucía Ramírez, quien aspira a ser la candidata del Partido Conservador, consideró que Santos debería ser el primero en dar ejemplo y acatar las disposiciones que hoy señalan que el mandatario no puede estar haciendo política abiertamente. 

Pero más allá de la interpretación de los alcances de la ley de garantías, el asunto tiene otro ángulo y es que en la práctica no hay en el Estado quién aplique esta norma. 

La Procuraduría lo único que puede hacer es enviar alertas pero no tiene la facultad de disciplinar al presidente. En ese caso, sólo tendría como camino interponer una denuncia en caso de que haya flagrantes violaciones a la norma, como en concepto de la Procuraduría estaría existiendo. 

Pero es el Congreso, dominado ampliamente por Santos, el encargado de disciplinar al presidente. La Comisión de Acusaciones es el escenario, pero está integrada en su mayoría por parlamentarios de la Unidad Nacional, lo cual haría casi imposible que en época electoral adelante una investigación contra el candidato que ellos mismos respaldarán.