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| 10/13/2012 12:00:00 AM

Ley de Justicia y Paz y el turno de los ‘paras’

Después de meses en el congelador, la reforma a la Ley de Justicia y Paz va a último debate. No resuelve todos los problemas, pero puede salvar al proceso de la crisis.

Una de las grandes paradojas del proceso de paz con las Farc es que está teniendo un efecto colateral inesperado: va a terminar ayudando a salvar el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, el cual, por su falta de resultados al cabo de siete años, estaba al borde del naufragio.

La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz cobija a más de 4.500 exparamilitares que, por el calibre de los delitos cometidos, se acogieron a este mecanismo que les ofrecía una pena máxima de ocho años a cambio de contar la verdad, pedir perdón y reparar a las víctimas. A partir de sus confesiones, se detectaron más de 48.000 delitos y se han exhumado 3.800 fosas con casi 5.000 cadáveres.

Sin embargo, siete años después de promulgada dicha ley, apenas se han emitido 14 sentencias. Además de que la Fiscalía debe investigar cada delito, desde una masacre hasta el robo de una gallina, la ley misma hace el proceso lento y tortuoso. Muchos paramilitares, cercanos a cumplir ocho años recluidos, quedarían libres, con funestas repercusiones: si el Estado colombiano falla en investigar y castigar sus crímenes, la Corte Penal Internacional podría intervenir.

Por eso, hace dos años se discute la urgencia de reformar la Ley de Justicia y Paz. El juez español Baltasar Garzón lideró un equipo que propuso cambios de fondo. La fiscal Viviane Morales presentó, a mediados de 2011, un proyecto que buscaba priorizar los casos más importantes y agilizar el proceso judicial, pero este se estancó en el Congreso luego de su tercer debate.

Las negociaciones con la guerrilla y en particular el veloz trámite que dio el Legislativo al Marco Jurídico para la Paz, evidentemente dirigido a las Farc, pusieron de presente la lentitud y las inconsistencias del proceso con los paramilitares, desmovilizados hace años. Esto, paradójicamente, dio de hecho un empujón final a la reforma a Justicia y Paz.

El proyecto pasa a plenaria del Senado esta semana. Como dice uno de sus ponentes, Juan Fernando Cristo, "es una última oportunidad para que la Ley de Justicia y Paz funcione".

Se introduce por primera vez un criterio clave: la priorización. El fiscal general podrá elaborar un plan para priorizar los casos más emblemáticos, de acuerdo a los máximos autores y los crímenes más atroces, e investigar los llamados "patrones de macro-criminalidad". Se podrán adelantar investigaciones por bloque paramilitar y hacer audiencias colectivas, acelerando los procesos.

Pese a que varias audiencias se concentran en una sola, lo que también agilizará, no se elimina uno de los obstáculos para emitir sentencia, como pedía la Fiscalía: las audiencias de reparación seguirán siendo antes de la sentencia, no después de la misma. Se incluye un grupo consistente de normas para el manejo de los bienes que ofrezcan los desmovilizados para reparación, que faltaba en la ley. Las víctimas de la Ley de Justicia y Paz pasan al régimen de la Ley de Víctimas.

A los desmovilizados que cumplan ocho años recluidos se les podrá dar libertad condicional si han contribuido con la verdad y entregado todos los bienes y si continúan colaborando. Esto resuelve, al menos parcialmente, el problema de que todos fueran quedando libres sin más o se vieran obligados a pagar las penas suspendidas en la justicia ordinaria.

Ciertas formulaciones, a juicio de algunos, pueden ser problemáticas. El artículo 11B, que permite a los postulados renunciar al proceso, podría tentar a no pocos a pasarse a la justicia ordinaria, la cual, con sus rebajas, podría ofrecerles una pena similar a la alternativa, sin necesidad de confesar, reparar ni pedir perdón. Una de las causales de exclusión del proceso es que se les descubran bienes no entregados, lo cual puede dejar por fuera a otros muchos. Por último, aunque el proyecto introduce una fecha de cierre a la posibilidad de postularse a Justicia y Paz (31 de diciembre de 2012), su artículo 36 podría entenderse como si extendiera la aplicabilidad de la ley a desmovilizaciones colectivas futuras. Si esto se interpretara como aplicable a las Farc, la coherencia jurídica del gobierno estaría en cuestión.

Pese a estos y otros puntos polémicos, en su mayoría de interpretación jurídica, el proyecto puede cumplir con su misión principal: echarle un salvavidas al anunciado naufragio del proceso de Justicia y Paz. Tal parece que, después de mucho esperar, les llegó el turno a los paras.
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