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| 3/9/2016 6:53:00 PM

Primer ‘sí’ de Uribe a un proyecto para la paz

El acuerdo político en torno a la reforma a Ley de Orden Público fue calificado en el Capitolio como “histórico”. Presidente podrá establecer zonas de ubicación de guerrilleros.

Cuando se esperaba que el ambiente de polarización entre el Gobierno y la oposición marcaría el último debate de la reforma a la ley de orden público, el proyecto se aprobó por unanimidad por los partidos que hacen parte del llamado Pacto por la Paz y también por el Centro Democrático.

Es la primera vez en la presente legislatura que el uribismo vota a favor de una de las iniciativas reclamadas por el Gobierno para consolidar el proceso de paz con las FARC. Por eso el acuerdo que sellaron en torno a la reforma fue calificado como un hecho histórico en el capitolio.

El acuerdo se selló en el salón contiguo al de las plenarias. Los senadores Álvaro Uribe, Paloma Valencia, Alfredo Rangel, José Obdulio Gaviria (del Centro Democrático) se reunieron con Roy Barreras (La U), Horacio Serpa (Liberal), Carlos Motoa (Cambio Radical) para incluir en el texto una serie de criterios a la hora que el Gobierno establezca las llamadas zonas de ubicación temporal, con el propósito de concentrar los miembros de la guerrilla en tránsito de desmovilización.

Aunque el uribismo se había opuesto sistemáticamente a las leyes habilitantes, o que entregaran facultades al presidente de la República, aceptó que se concedieran para el propósito de establecer las zonas en las que se concentrarán los guerrilleros de las FARC.

Uribe las calificó de necesarias, o mejor, de tener aspectos positivos. Por ejemplo, dijo que si las FARC entran en esas zonas con vigilancia nacional y extranjera, el respeto al Estado de Derecho, el compromiso de no delinquir más, “creo que les queda a las autoridades más fácil saber que los delitos que se cometen por fuera de esa zona no son imputables a las FARC. Habría más claridad para la política de seguridad frente a quienes persisten en el delito”.

Y aunque su postura resultó sorpresiva, guarda coherencia con una de sus propuestas en torno al manejo de los diálogos de paz. El senador del Centro Democrático había exigido la concentración de las tropas guerrilleras en zonas específicas del territorio, como mecanismo para verificar si la guerrilla cumplía con el cese al fuego.  

Además, las facultades extraordinarias al presidente para decretar estas zonas y para suspender órdenes de captura las había tenido a disposición el propio Uribe en los ocho años de su mandato. Las mismas que permitieron el proceso de paz que adelantó con los paramilitares y que culminó con la desmovilización de las Autodefensas.

Uribe y la Unidad Nacional dejaron constancia de que el número de las zonas de ubicación temporal debe ser “prudente y de tamaño reducido” para facilitar el monitoreo y la verificación. No podrá haber cultivos ilícitos ni minería ilegal, como lo sugirió en una carta el procurador Alejandro Ordóñez, ni deberán incluir zonas fronterizas.

En estas zonas, dejaron constancia, se adelantará un inventario de las armas dentro del proceso de dejación, las cuales deben incluir los números de identificación serial, en la medida de lo posible.

Se acordó que quienes ingresen a estas zonas de ubicación temporal deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar. Y a quienes carezcan de identificación el Estado les deberá expedir el respectivo documento.

Los partidos políticos dejaron claro que el destino final de las armas será su destrucción al finalizar el proceso de paz y que el monitoreo y la verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales. Es decir lo que se acordó en La Habana se incorpora en la ley de orden público.

Tras dejar esa constancia, el uribismo y la Unidad Nacional acordaron en el texto del proyecto que ninguna zona de ubicación temporal se podrá establecer en áreas urbanas, y la condición para el Gobierno de que a la hora de establecer las zonas de ubicación deberá precisar la delimitación geográfica de cada una de ellas, establecer el papel de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, y establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas.

Sólo así, con esas cláusulas, el uribismo por primera vez votó a favor de un proyecto tendiente a la paz. Roy Barreras, copresidente del Partido de la U, calificó el hecho como un precedente importante, pues se trata de un acuerdo nacional, de todos los partidos, incluidos los de oposición, a favor de construir la ley que está siendo llamada a permitir el desarme y la desmovilización. 

“Hay varios mensajes. No sólo que la paz avanza y será una realidad pronto, sino que puede haber acuerdos en el desacuerdo, puede haber diálogo entre los partidos a pesar de la diferencias. Es hora de bajarle a la polarización la irritación y construir país entre todos”, dijo Barreras.

Puede sonar a lugar común, pero después de la tormenta política que se precipitó sobre el país tras la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, pareció llegar la calma. Muchos apostaban porque el uribismo sería un obstáculo en el último debate con su teoría de la persecución, pero se convirtieron en aliados fundamentales de la ley.

Uribe al explicar la postura de su partido aseguró que “el afán no está en la firma del proceso sino en que se acabe el delito”, y añadió que su colectividad entendió que “estas mayorías no permitirán que se le pongan bozales al Gobierno”.

Las diferencias aún se mantienen, pues para el uribismo las zonas de ubicación no deberían ser más de diez y solo haya una por departamento.

Luego de la aprobación de esta iniciativa, el Gobierno destacó la voluntad del Centro Democrático de respaldar el proyecto y aseguró que es un primer paso para seguir buscando consenso a pesar de las diferencias.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había empezado el debate con un rifirrafe con Uribe, motivado en las denuncias que hizo el senador sobre la información de una orden de captura contra Óscar Iván Zuluaga. Denuncias que Cristo calificó de chismes.

Pero luego reconoció la actitud del Centro Democrático. “Agradecerles a los partidos que hacen parte del pacto por la paz, y al Centro Democrático su disposición y comprensión del propósito final de este proyecto de ley”, dijo. “Estas zonas de ubicación temporal que se decreten como consecuencia de la firma definitiva del fin del conflicto, no serán nuevos caguanes ni serán zonas de despeje, pues el Estado de Derecho estará vigente y también estará la fuerza pública” al despejar los principales temores del uribismo.

En la Cámara de Representantes el proyecto también fue aprobado en último debate, y aunque allí hubo discursos más radicales del uribismo, al final el hecho político que trascendió fue el primer “sí” que Uribe le daba a un proyecto para la paz.

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