Las graves deficiencias de la Ley de Víctimas

La Ley de Víctimas actualmente está "desfinanciada", tiene graves fallas en la implementación, no hay una participación efectiva de las víctimas y tampoco existe una clara conexión entre las necesidades de los afectados y la oferta de empleo.

Esas son unas de las conclusiones de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, conformada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y algunos representantes de las víctimas.

En el informe 2015 – 2016 que se dio a conocer este miércoles, se asegura que, pese a los esfuerzos del Gobierno, la Ley se quedó corta en las metas trazadas para la atención, asistencia y reparación de las personas afectadas por el conflicto armado.

La Comisión hizo un llamado al Gobierno para centrar sus esfuerzos “en garantizar medidas que fortalezcan y optimicen las capacidades productivas y de empleo de las víctimas, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas”.

Y es que según el documento, la cobertura de los programas de emprendimiento y formación del Ministerio de Trabajo en 2016 es solo del 0,91 % en el ámbito urbano.

Respecto a la generación de ingresos en las zonas rurales del país, la Comisión afirma en el documento que el Ministerio de Agricultura cuenta con tres estrategias de intervención que no corresponden a programas específicos para las víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, por la dificultad de los requisitos de acceso, muchas víctimas no se vinculan.

Pero además de que cada cartera no ha cumplido con las metas a cabalidad, el documento advierte que hace falta un trabajo conjunto por parte de los ministerios de Agricultura y Trabajo. “El objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades”, se advierte.

Este no es el único tema que preocupa. Según el informe, las medidas que buscaban dar protección a las víctimas y brindar garantías de no repetición “no han tenido el impacto esperado”, pues –se afirma- aún se presenta vulneración a los derechos a la vida, integridad y seguridad de los que participan en los procesos de reparación y restitución de tierras.

Pero aunque los resultados de este seguimiento pueden parecer desalentadores, la Comisión aseguró que “hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal que permita atender las obligaciones de la Ley 1448 y el post conflicto”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió al informe y aseguró que se dispuso de un incremento del 6,4 % en los recursos para la atención de las víctimas para el próximo año.

“Hay 12 billones que están presupuestados para el 2017 (...): 3,8 billones en inversión; 4,1 billones para la educación de las víctimas y sus familias; 2,6 billones para la salud; 700.000 millones para la reparación y 800.000 millones que hacen parte del funcionamiento del sistema de víctimas”, explicó el funcionario.