El controvertido proyecto para regular la vigilancia y seguridad privada

En los últimos 20 años, en varias ocasiones se ha intentado modernizar la legislación del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia. Las iniciativas, sin embargo, por distintas razones se han hundido en el Congreso de la República.

Pues bien, actualmente un nuevo proyecto de ley sobre la materia hace tránsito en el Legislativo. La iniciativa, de origen parlamentario, ha recorrido medio camino –ya pasó en el Senado- y se alista este martes, para que la comisión segunda de la Cámara de Representantes la discuta y decida. Sin embargo, el tiempo apremia y hay dudas de que alcance a completar su trámite en esta corporación, antes de que finalice la legislatura el próximo 20 de junio.

Pero más allá de que no sobreviva por razones de trámite, el gobierno se opone al proyecto: los ministros de Comercio y de Defensa, los superintendentes de Vigilancia Privada y de Industria y Comercio, y la Agencia Nacional de Contratación Pública lo consideran altamente inconveniente.

A pesar de que el país necesita modernizar las normas que rigen este sector, los funcionarios del gobierno advierten que tal como se aprobó en el Senado, la iniciativa discrimina la inversión extranjera, viola los derechos adquiridos de los inversionistas que ya están en el país e impide a las entidades estatales utilizar formas de contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada de forma más eficiente. Es decir, le da un duro golpe a la política de Colombia Compra Eficiente. Además, pretende limitar las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en lo que se refiere a su rol de autoridad única de protección a la libre competencia económica. Y –al incluírsele un mico- el proyecto podría poner en alto riesgos, las actuales investigaciones administrativas y penales que hoy adelantan la SIC y la Fiscalía, en lo que se conoce como el presunto ‘cartel de la seguridad privada en licitaciones públicas’.

Aunque a la ponencia que fue aprobada en primer debate en la Cámara se le corrigieron algunos artículos, la verdad es que más de la mitad de los 112 presentan alguna objeción. Por eso, el gobierno cree que es mejor archivarlo y arrancar de cero una nueva iniciativa. Además, así se lograran subsanar errores en la votación de este martes, con las diferencias que habría entre el texto aprobado en el Senado y la Cámara el gobierno no se quiere arriesgar a una conciliación muy complicada.

En todo caso se da por sentado que este martes habrá un duro debate en la comisión segunda de la Cámara. La ponente Tatiana Cabello Flórez, del Centro Democrático, le dijo a SEMANA que si se ha de hundir el proyecto que lo haga en el debate, y no porque el gobierno lo quiera. Molesta por la última reunión en la que se trató de buscar acuerdos, entre ponentes y gobierno, la representante alega que los funcionarios no han sido suficientemente claros. La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, y el superintendente Pablo Felipe Robledo, por el contrario, afirman que han sido transparentes y que desde un principio han dicho que prefieren que se archive.

El interés que despierta este sector no es menor. Se trata de una actividad que genera ingresos operacionales por 7,5 billones de pesos al año, más que los presupuestos sumados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

Todo el mundo está de acuerdo en que es urgente modernizar las normas, pues el país de hoy es muy distinto al de 1994, cuando se expidió la última regulación en esta materia. Ahora bien, si se hunde la iniciativa, como todo parece indicarlo, habrá que barajar de nuevo las cartas para llevar al Congreso un nuevo proyecto de ley. Ojalá que la quinta sea la vencida.