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| 10/28/2010 12:00:00 AM

Ley de víctimas: para que el mochuelo vuelva a los Montes de María

Gabriel Pulido es un desplazado de Mampuján. Esta es su historia de desplazamiento y esperanza. Él representa a millones de colombianos que sueñan con volver, sin miedo, a donde nacieron.

El despojo

Gabriel Pulido salió de su casa, con la cabeza gacha, un morral en su espalda con la poca ropa que pudo recoger y en compañía de sus padres y tres hermanos. Corría el año 2000 y él tenía 24 años.

Entonces pensaba que la salida del corregimiento que lo vio nacer sería temporal. Ya han pasado más de 10 años. Era de madrugada, cuando su familia, con otras 244, se vio obligada a abandonar la región.

Un grupo de las autodefensas comandado por Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, había llegado la noche anterior, el 10 de marzo, a Mampuján, un corregimiento de María La Baja (Bolívar). En la cancha de fútbol reunieron a todos los habitantes del corregimiento y las veredas aledañas y les ordenaron abandonar el pueblo, de lo contrario, “los matarían como perros”.

Gabriel, quien se encontraba jugando fútbol con otros lugareños, fue testigo de las órdenes.

“Yo todavía no entiendo por qué tuvimos que abandonar nuestra tierra –dice Pulido–. Fue algo que nunca debió ocurrir”.

Casi 1.500 personas tuvieron que buscar refugio en la plaza municipal de María La Baja, a tres horas a pie del corregimiento.

Mampuján era un corredor estratégico para las autodefensas, pues por ahí se accede a los Montes de María, zona en la que el frente 35 de las Farc se había asentado.

Por esta razón, las autodefensas llegaron atropellando e intimidando a la población. El día en que Gabriel huyó con su familia, Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, ordenó degollar a 11 personas en la vereda Las Brisas, con el argumento de que supuestamente auxiliaban a la guerrilla.

A raíz de la masacre, toda la región quedó desolada. A los pobladores la vida les cambió de repente y por completo. Atrás quedaron los días en los que Mampuján celebraba sus fiestas patronales, contrataba grupos vallenatos y se armaba el fandango. Por esos días los muchachos se reunían a jugar fútbol y aunque eran largas las distancias entre las familias, la comunidad se esforzaba por mantenerse unida.

El sueño de casarse con Dennis Vega, una joven de la región, se tuvo que posponer. El dinero ahorrado para la boda lo gastó en el comienzo de su nueva vida. Gabriel recuerda esa época como “los días en que desapareció el canto del mochuelo, comenzaron el silbido de las balas y el llanto de las viudas y los niños”. (El mochuelo es el pájaro del vallenato aquel… “en enero Joche se cogió un mochuelo en las Montañas de María”).


La “nueva vida”


En María La Baja, la familia Pulido intentó reconstruir su vida. Los pobladores, al comienzo, los recibieron con agrado. Pero al cabo de un tiempo los nuevos habitantes del casco urbano eran vistos con recelo. La expresión “por algo les tocó huir” se volvió comidilla en el pueblo, mientras las necesidades de saneamiento y alimentación estaban a la orden del día.

No obstante el desarraigo, los desplazados, al cabo de un mes, intentaron volver a cultivar sus tierras. “Jornaleábamos por la mañana y nos devolvíamos por la tarde”, recuerda Gabriel, cuya única aspiración era labrar la tierra.

Según él, los ‘paras’ permitían que los campesinos volvieran a sus cultivos de ñame, yuca, plátano, ente otros. Pero la forma de relacionarse entre los vecinos, los hábitos y la forma de producción no eran iguales. El miedo cundía.

“Antes podíamos guardar las cosechas y programar la producción. Pero como las fincas quedaban lejos, la situación se volvió caótica”, dice con acento caribe y un dejo de nostalgia.

Al cabo de unos meses, su papá, Julio Manuel Pulido, se decidió a vender sus nueve hectáreas de tierra, pues la situación era insostenible. Hubo quienes perdieron vacas, gallinas, cerdos, entre otros animales que hacían parte de su patrimonio familiar.

Muchos de los que vendieron dejaron de ser propietarios y pasaron a ser jornaleros. Algunos otros se fueron para las ciudades en busca de mejor futuro.

En medio de la adversidad, sin embargo, no faltó el ángel de la guarda. El cura Salvador Mura, un sacerdote católico, se apersonó de la situación e los desplazados y se convirtió en la cara cristiana de la situación.

Junto a otros pobladores organizó “desplazatones” en las que invitó a los habitantes de los corregimientos aledaños a hacer su aporte para los nuevos “vecinos”. Así recogía plátanos, yucas, frutas y alimentos no perecederos, entre otros, para repartir entre las familias de desplazados.

Mura también ayudó a algunos desplazados a construir un techo, entre ellos a la familia Pulido. No obstante, la sensación de extrañeza, de estar fuera del “hogar”, nunca se fue.

En el proceso de reconstrucción de su tejido social también ha participado la Mapp OEA y organizaciones sociales interesadas en que la población reciba la debida atención.

Desde hace casi siete años, Gabriel, que hoy tiene 34 y sólo alcanzó a estudiar hasta tercero de primaria, se convirtió en líder de las víctimas de Mampuján. “Yo no quería esto, porque yo fui criado para trabajar la tierra y tener una familia. Eso es con lo que todo joven de mi región sueña”, asegura.

Sin embargo, le tocó volverse una especie de “intermediario” entre los campesinos de la región y los despachos, para poder explicarles a los primeros las leyes de víctimas y de reparación propuestas por el Gobierno, y los vericuetos y decisiones judiciales. “Cuando a uno se le enreda la vida en esto, no hay tiempo para otras cosas”, agrega.

Obediente a las palabras de un tío que le decía: “si no vives para servir, no sirves para vivir”, decidió abanderarse de las reclamaciones de la gente de su corregimiento junto a otras personas. Y para conseguir dinero, transporta personas en su motocicleta.

La parábola de Nehemías


En un encuentro de víctimas en mayo del 2007 en la Universidad Javeriana de Bogotá, Gabriel expresó su escepticismo en la reparación. “¿Cómo puede uno reparar a una viuda que perdió a su esposo?”, se preguntó.

“Una reparación podría ser el reconocimiento del daño que nos han hecho, un reconocimiento público y que los actores paguen con justicia lo que nos han hecho”, agregó.

“La reparación debe ser: volver a construir lo que hemos perdido, y ¿qué hemos perdido?... los sueños…” Sus palabras encarnaron el sentir de todo un pueblo.

Gabriel, quien es cristiano evangélico, les refirió a los asistentes al encuentro la sentida historia del profeta Nehemías, quien tras el cautiverio de los judíos por Persia (538 antes de Cristo), se convirtió en baluarte de esperanza para su pueblo y ayudó a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén.
“Yo creo que ese mismo ejemplo y esa misma actitud debemos tener nosotros y empezar no a construir el muro, sino a reconstruir lo que anteriormente éramos”, dijo entonces.

En una de las audiencias del juicio a los jefes ‘paras’ involucrados en las violaciones a los derechos humanos de la población, Gabriel, junto a otras siete personas, viajó a Bogotá para tener un encuentro con los victimarios. En la reunión, las víctimas les entregaron Biblias a los victimarios, con lo cual quisieron simbolizar que los habían perdonado.

“Es necesario perdonar para estar en paz. Nosotros creemos que el beneficio del perdón lo obtiene quien perdona, más que el perdonado”, acota.

Este año, los paramilitares involucrados en la masacre y el desplazamiento fueron condenados por un tribunal de Bogotá, debido a las confesiones de ‘Dique’ y ‘Vecino’, a ocho años de prisión, pena contemplada en la Ley de Justicia y Paz.

El tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas: 17 millones por cada desplazado, 120 millones de pesos por familia.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión con el argumento de que los montos de la indemnización eran muy bajos; una decisión que a él, como líder de las víctimas, le pareció extraña.

El riesgo que corren las víctimas, según explicó, es que la apelación tumbe el fallo y se tenga que reabrir el proceso. “Nosotros consideramos que aunque era muy poco el monto de la indemnización, servía para comenzar de nuevo”, dice.

No obstante, hay quienes creen que la revisión del fallo por la Corte Suprema de Justicia es una garantía de solidez para una decisión jurídica trascendental, sobre la que se basarán todas las sentencias de Justicia y Paz y los montos de reparación a las víctimas de los ‘paras’. El de Mampuján sería el primer fallo que quedaría en firme.

Sobre la Ley de víctimas
 


Gabriel reconoce que el nuevo gobierno tiene voluntad para reparar a las víctimas del conflicto armado. No obstante, los argumentos que han expresado algunos congresistas sobre los impedimentos presupuestales para la financiación del proceso no dejan de preocuparle.

“Pero se necesita más que eso. Se requiere de todo el apoyo institucional”, argumenta.

Según cifras de la III Encuesta de Verificación hecha por la Comisión de seguimiento a las Políticas de Desplazamiento Forzado la cantidad de tierras abandonadas o despojadas por los campesinos entre 1980 y julio del 2010 es cercana a 6,65 millones de hectáreas.

Pero el retorno no será posible para muchos, a menos que el Estado tenga en cuenta que los campesinos requieren garantías de no repetición y jurídicas, sobre la propiedad de sus tierras; indemnizaciones no sólo por lo que dejaron de percibir en estos años, sino también por la pérdida de las herramientas, ganados, entre otros bienes que constituían su capital productivo; y la presencia institucional adicional a la fuerza pública (escuelas, centros de salud, entre otras).

Por esta razón, para cumplir el propósito de reconstrucción de sus sueños, como Nehemías, Gabriel dice que los desplazados requieren de todo el apoyo del Estado. Sin embargo, se queja de que hasta ahora, las víctimas no han sido escuchadas suficientemente y reclama que una Ley de restitución debe preguntarles a ellos, a las víctimas, cuál es su concepto de reparación, y no escatimar recursos para quienes lo perdieron todo.

“Hacen un foro o una mesa de diálogo para discutir las leyes, pero ¿quién nos garantiza que nuestras propuestas serán tenidas en cuenta?”, se pregunta.

Él arguye que el miedo persiste en la población, razón por la cual, diez años después, no ha retornado a su lugar de origen. Además, “las casas están caídas, no hay luz ni agua y muchos terrenos están enmontados”. Gabriel hace parte de ese casi 10 por ciento de la población colombiana que en las últimas décadas, a causa de la violencia, fue obligado a salir de su tierra, pero que desea que el mochuelo vuelva a los Montes de María.


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