Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2006/11/18 00:00

Leyenda vallenata

La historia de los Araújo, en Cesar, simboliza la complejidad del ejercicio de la política en las zonas dominadas por los paras. Un difícil reto para la justicia.

ÁLVARO, EL SENADOR

La familia Araújo, por una decisión propia, se puso en la lupa de la opinión pública. Álvaro, el senador, revolvió el avispero político en una reunión convocada por el Ministro del Interior para tratar el tema del manejo que las bancadas gobiernistas debían darle al escándalo de la para política. Araújo afirmó que los que le estaban apuntando a su cabeza podían darles también a los otros miembros de su familia y hasta salpicar al propio Presidente. La declaración, filtrada a los medios, llegó a ser interpretada como un posible chantaje y se le convirtió al senador en un disparo contra su propio pie. Todo el mundo empezó a hablar de su familia, un clan de gran influencia en el departamento de Cesar. Su padre, Álvaro, es un político de amplísima trayectoria en el Partido Liberal. Su hermana, Consuelo, es la actual Ministra de Relaciones Exteriores. Su tía, del mismo nombre -asesinada por las Farc- fue Ministra de Cultura. Un hijo de ella y del actual Procurador, Hernando Molina, es el actual gobernador del departamento.

Al terminar la semana pasada, los medios de comunicación estaban a la caza del senador y de la Canciller, y de un tercer hermano, Sergio, quien en una entrevista en La W reconoció que conoce a 'Jorge 40' y se reunió con él varias veces antes de su desmovilización, por solicitud del Alto Comisionado para la Paz.

El senador Araújo tuvo otro desliz aun peor: se coló a una cita de su hermana, la Canciller, con el Fiscal General de la Nación. La versión oficial asegura que el encuentro estaba programado para tratar asuntos del Plan Colombia. La historia es poco creíble en estos momentos de efervescencia y calor, pero sobre todo es un acto imprudente: deja la sensación de que se utilizaron lazos familiares para llegar al Fiscal, y para litigar en defensa personal.

Estos episodios coincidieron con un titular de El Nuevo Herald que afirmaba que el "el puesto de la Canciller tambaleaba". Durante algunas horas se llegó a tomar en serio esta posibilidad, con el argumento de que ella, como Ministra de Relaciones Exteriores, es la imagen institucional del gobierno Uribe ante el mundo y la que pone la cara para defender políticas de difícil aceptación para la comunidad internacional, como la Ley de Justicia y Paz y la negociación con las AUC. Aunque todo el mundo reconocía que ella no tenía nada que ver con el paramilitarismo, se argumentaba que cualquier asociación, por injusta que fuera, le podía hacer daño no sólo a ella sino al Gobierno. Una afirmación injusta en una persona que en todos sus cargos en la vida pública ha recibido elogios merecidos por su capacidad y por su honestidad.

La Ministra, en un gesto elegante, le ofreció el viernes su renuncia al presidente Uribe. Este la rechazó de forma tajante, anotando que "no iba a permitir que metieran a 'Conchi' en el debate politiquero".

A todas estas, lo que todo el mundo se preguntaba es qué era verdad y qué era mentira en medio de la ola de rumores que circulaban. ¿Qué tan serias son las acusaciones? Algunas de ellas recaen sobre Sergio. Lo señalan de haber actuado como una especie de relacionista público de 'Jorge 40', que cuadró reuniones entre este último y el gobierno, antes de la desmovilización, y que le hacía contactos con los medios de comunicación. En declaraciones a La W, Sergio Araújo afirmó que conoce a Rodrigo Tovar Pupo ('Jorge 40') desde la niñez. Agregó que perdió todos los contactos cuando Tovar se metió al paramilitarismo y que sólo volvieron a encontrarse cuando el jefe para le envió un correo electrónico a la dirección que figuraba en su columna de El Heraldo. Araújo sorprendió a todo el mundo al afirmar que había jugado un papel activo en el proceso de desmovilización como una especie de mediador entre 'Jorge 40' y Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz. Lo que más desconcertó fue su revelación de que desempeñó este papel por solicitud del propio gobierno, afirmación que no fue desmentida.

Por su parte, el senador, Álvaro, tiene tres señalamientos. El primero surge de las investigaciones publicadas hace cerca de un año por la politóloga Claudia López. Aparece como beneficiario de los 'distritos electorales' creados por 'Jorge 40' en 2002. Zonas donde ejercía influencia y control hasta el punto de que hubo 'municipios atípicos' donde se presentaron aumentos inexplicables en los volúmenes de votación o porcentajes irracionales a favor de un solo candidato. En declaraciones a SEMANA, Araújo dijo que en esas elecciones, las de 2002, apoyaba la candidatura presidencial de Horacio Serpa contra Álvaro Uribe, quien se suponía ser el candidato de 'Jorge 40'.

La segunda acusación proviene de 'Gonzalo', un asesor político de 'Jorge 40', que asegura que le pidió a Araújo la inclusión de Álvaro García en las listas de su partido, Equipo Colombia. Araújo reconoce que esa conversación se produjo, pero aclara que le parece absurdo el cargo, teniendo en cuenta que rechazó esa solicitud. Agrega que igualmente se rehusó a recibir en su partido a los candidatos 'purgados' de Cambio Radical y de La U.

Y el tercer señalamiento es otra mención de 'Gonzalo' que aparece en el célebre computador de 'Jorge 40', en el que el jefe para se refiere a Araújo como la mejor carta presidencial de la Costa Atlántica. El senador dice que una frase así no es sinónimo de complicidad, sino de una simpatía que "pudo haber sido el resultado de un confidencial de la revista SEMANA en el que se narraba una reunión de políticos costeños de la época" en la que lo habían postulado como precandidato para las elecciones de 2002.

Álvaro Araújo sostiene que sus relaciones con 'Jorge 40' han pasado por altibajos y quehan llegado a estar enfrentados. La razón sería que cuando el jefe para fragmentó el departamento en las elecciones de 2002, le prohibió hacer campaña en 10 municipios, lo cual disminuyó su votación. Esto produjo unas asperezas que él consideró limar y por eso aceptó un acercamiento. Este se produjo hace dos años, en el cumpleaños de la ex representante Eleonora Pineda en el municipio de El Caramelo, cuando Tovar ya estaba en el proceso de Ralito. Esa reunión es la que, según él, ha sido presentada como una parranda de socios.

Los hechos anteriores dan para varias lecturas. Lo que para unos son pruebas irrefutables de familiaridad y cercanía, para otros son encuentros casuales e inevitables para alguien que hace política en una región con fuerte presencia paramilitar. ¿Qué pensará la justicia? ¿Van las responsabilidades jurídicas y políticas en igual sentido? Independientemente de la mala presentación que puedan tener algunos de estos episodios y de sus implicaciones políticas, desde el punto de vista estrictamente jurídico se requerirán más pruebas para la apertura de un proceso. Hasta el momento, la Corte Suprema -que tendría jurisdicción sobre Álvaro, por su fuero parlamentario- y la Fiscalía -que tendría que investigar a Sergio, si lo considerara- no han abierto ninguno.

Toda esta saga familiar pone sobre el tapete lo complejo que es interpretar las realidades de la Colombia de hoy. Son pocas las ocasiones en que la cuestión es blanco o negro. Generalmente lo que hay son zonas grises. Nadie discute que un parlamentario que forma un grupo paramilitar y organiza masacres no puede estar sino en la cárcel. Tampoco es aceptable -y también merece cárcel- que personas que ejercen la actividad política sean postulados o financiados por las autodefensas, o que sus votos provengan del proselitismo armado. Pero hay situaciones en que es más difícil establecer culpabilidades.

Muchos políticos en zonas paramilitares han tenido que convivir con ellos en la misma forma que en otras regiones la política implica vivir bajo el yugo de la guerrilla. En Arauca o en San Vicente del Caguán no hay un solo alcalde que no haya tenido alguna relación -así sea de comunicación- con un comandante de las Farc. No sólo por instinto de supervivencia, sino porque en los municipios pequeños todo el mundo se conoce. La situación en las zonas de control paramilitar es idéntica con el otro bando. Eso no significa automáticamente que todo el que hace política allí esté al servicio del paramilitarismo. Simplemente hay reglas de juego en esas regiones que no se pueden desconocer.

Esa es la zona gris que siempre será imposible desmenuzar en términos absolutos. Y así como no hay nada más grave que los excesos del paramilitarismo en Colombia, no menos graves son los excesos en la satanización arbitraria de todos los que hacen política en esas arenas movedizas.

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