¿Liberales traicionaron a la Unidad Nacional?

“La Unidad Nacional quedó fracturada”. Así resumió un magistrado del Consejo Nacional Electoral lo sucedido en la tarde de este jueves, cuando se escogieron el presidente y el vicepresidente del tribunal electoral.

Los dos magistrados liberales, Emiliano Rivera y Héctor Elí Rojas (reconocido por sus famosas volteretas políticas), traicionaron el acuerdo de los partidos políticos de la coalición de gobierno, el cual establecía que el primer año de presidencia del CNE le correspondería al Partido de La U, en su condición de partido del presidente Juan Manuel Santos.

Se había acordado que el magistrado Bernardo Franco, quien además está a dos años de cumplir la edad de retiro forzoso, asumiría la presidencia.

Sin embargo, fuentes del CNE le dijeron a Semana.com que la magistrada Yolima Carrillo, de Cambio Radical, fue la primera en atravesársele a la aspiración de Franco. Se dice que por diferencias personales.

La situación generó inquietud en el Gobierno, pues de la Casa de Nariño se produjeron llamadas a Carrillo, según la fuente, para darle la orden de apoyar la aspiración del magistrado Franco.

La llamada no arrojó resultados porque en seguida los magistrados liberales Rivera y Rojas declinaron a mantenerse en el acuerdo y decidieron aliarse en una particular coalición con el uribismo y el Partido Conservador.

El resultado: Emiliano Rivera resultó elegido presidente del CNE para un período de un año. Y como vicepresidente fue elegido Felipe García, magistrado del Centro Democrático.

Los dos magistrados de La U, Bernardo Franco y Alexánder Vega, y el magistrado de las minorías, Armando Novoa, quedaron en inferioridad y sin ocupar ningún cargo en la mesa directiva del tribunal electoral, un derecho que previamente había sido acordado.

Aunque la decisión parezca intrascendente, para el Gobierno es de relativa gravedad porque prácticamente dejó en manos del uribismo la presidencia del CNE en un año crucial, por las elecciones regionales del 2015 y por posibles decisiones relacionadas con el proceso de paz y un eventual mecanismo de refrendación de los acuerdos a los que el Gobierno y las FARC lleguen en La Habana.

Entre otras cosas, porque según el reglamento del CNE, todas las decisiones que se adopten deben tener el visto bueno del presidente y del vicepresidente de la corporación. Ninguna decisión se puede adoptar sin las firmas del magistrado Rivera y del uribista García. Si alguno de ellos se niega, no habrá decisión. Además, el manejo del presupuesto de la entidad dependerá exclusivamente de estos dos magistrados.

Igualmente, el vicepresidente se encargará del CNE en los casos de ausencia del presidente. Esta situación también deja la cabeza de esta entidad en manos del uribismo. De hecho, esto se hará evidente la próxima semana, pues el presidente Emiliano Rivera tiene aprobada una licencia de 30 días para asistir a un curso en Lima, Perú.

Y, por si fuera poco, la alianza de los liberales inquieta en los temas que deba asumir el CNE en los asuntos relacionados con la paz. Pues los dos magistrados conservadores, Alberto Camargo Assís y Ángela Hernández, son de reconocida cercanía con el procurador Alejandro Ordóñez, uno de los más críticos frente al proceso de paz. De hecho, Hernández trabajó con el procurador.  

La situación que rodeó la elección de presidente y vicepresidente del CNE fue de conocimiento del Gobierno, específicamente del ministro de presidencia Néstor Humberto Martínez, quien en la noche del jueves convocó a una reunión extraordinaria de jefes de los partidos políticos. Hasta el momento se desconoce si la reunión se produjo y las conclusiones de la misma.