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| 1/21/2017 12:00:00 AM

Caso Sanín: ¿hasta dónde va la libertad de opinión?

La decisión de un juez de ordenar el reintegro de Carolina Sanín a la Universidad de los Andes abre una discusión sobre los límites de la libertad de opinión y la libertad académica.

La controversia más sonada del mundo académico colombiano dio un giro inesperado esta semana, cuando la escritora Carolina Sanín ganó en primera instancia la tutela que interpuso contra la Universidad de los Andes, la institución en la que hasta el año pasado ejercía de docente.

Desencadenó el problema un enfrentamiento de Sanín con Los Chompos, un grupo de Facebook conformado por estudiantes –muchos de ellos de Los Andes– que se dedican a hacer chistes ‘políticamente incorrectos’. Una publicación con una foto de la profesora con el ojo morado y el mensaje “cuando el heteropatriarcado opresor te pone en tu lugar”, detonó un cruce de declaraciones entre Sanín y Pablo Navas, el rector de Los Andes. La académica lo acusó de no reaccionar con contundencia a lo que consideraba una amenaza contra su integridad y dijo que la universidad cultiva una cultura carcelaria, que se lucra de la pobreza y que cría delincuentes. En respuesta, Navas envió un mensaje en el que rechazó los ataques anónimos en las redes, pero también reprochó directamente a Sanín por referirse “en términos peyorativos” a la institución.

Por eso, cuando la universidad decidió terminar su contrato, explicó que había recibido “múltiples denuncias y quejas” de estudiantes, profesores y egresados, y que con sus comentarios contra la universidad y los estudiantes Sanín había “afectado la convivencia entre los miembros de la comunidad”.

La escritora alegaba que la decisión era injustificada, que atentaba contra sus derechos y que había sido tomada con un procedimiento diferente (más rápido) al establecido en el reglamento interno de la institución. El juez que estudió la tutela le dio la razón, y ordenó a Los Andes reintegrarla en el cargo y pagarle los salarios y las prestaciones que dejó de recibir. Sin embargo, el viernes Sanín anunció que renunciaba a la universidad y dijo que “continuar en Los Andes sería someterme a trabajar sin seguridad, sin libertad y con mi dignidad vulnerada”.

A pesar de la decisión de la docente, quedó servida una polémica sobre los límites de la libertad de opinión. ¿Es justificado que una universidad eche a un docente que la critique en público, así use palabras agresivas? ¿Hasta qué punto los comentarios (o insultos) de un profesor en redes sociales pueden llevar a una institución educativa a sacarlo de su cargo?

Muchos de los defensores de la profesora dicen que la decisión de la Justicia es un triunfo para la libertad de expresión. Plantean que las opiniones de un docente, especialmente en contra de su propia universidad, están protegidas por la Constitución. “Estamos perdiendo hasta tal punto la libertad de análisis que ya cuestionamos hasta que los docentes critiquen a las instituciones”, dice la periodista y abogada María Teresa Herrán. Además, alegan que aunque otros profesores, como Lucas Ospina, han criticado a Los Andes en sus columnas en la prensa, a ellos nunca les abrieron un proceso disciplinario.

Pero esos no han sido los únicos comentarios de Sanín. En su página de Facebook la profesora acostumbra a escribir sobre todo tipo de temas y en algunas ocasiones ha acudido a insultos y términos denigrantes contra sus lectores o colegas. En uno de esos mensajes, por ejemplo, le preguntó a una persona que le escribió que una de sus columnas había estado floja si esta era “tan floja como el esfínter de su mamá”.

Por eso, hay muchos en el medio académico y periodístico que creen que Sanín ha ido demasiado lejos. Para la columnista María Antonia García de la Torre, “un docente representa a la institución académica en la que dicta clase”. Ponen como ejemplo el sistema norteamericano, en el que muchas instituciones son estrictas con la forma como sus docentes las representan fuera de las instalaciones, incluso en las redes sociales.

Lo cierto es que la libertad académica, que les permite a los profesores dar clase sin limitaciones y expresar libremente sus opiniones –incluso acerca de la institución en la cual trabajan–, también implica un grado de responsabilidad recíproca. La pregunta en este caso es si Sanín incumplió esa responsabilidad con sus comentarios soeces. Por ahora un juez cree que no, pero este será un caso que probablemente llegue a las altas cortes para que trace esos linderos. 

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