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| 2/26/2002 12:00:00 AM

¡Libertad, libertad!

El ‘cacerolazo’ a las Farc muestra que crece la exigencia popular a la guerrilla para que no ataque a la población civil.

Para algunos todo empezó en la tierra del olvido. Fue hace unos meses cuando los anónimos pobladores de Belén de los Andaquíes (Caquetá) y Berruecos (Nariño) sacaron sábanas blancas y banderas tricolores para rodear las estaciones de Policía y pedirle a la guerrilla que desistiera de sus planes de atacarlos. Luego a la protesta se le incluyeron sonidos rítmicos. Fue en Coconuco (Cauca), cuando el pueblo utilizó flautas, guacharacas y tamboras para repeler el ataque insurgente. Y el miércoles pasado ya hubo televisión en directo y, sobre todo, mucho ruido: 200.000 habitantes de los 29 municipios del Meta salieron a la calle, cacerola en mano, para gritarles a las Farc: “Libertad, libertad”.

‘El cacerolazo’ a las Farc de los metenses, que tuvo una expresión igualmente sonora en Bogotá, dejó en claro que son cada vez más los colombianos que se echan a la calle para rechazar de forma pacífica las acciones militares de los violentos en contra de la población civil. “Es natural porque hasta la guerra tiene sus límites, dice el alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus. A los guerreros hay que hacerlos comprender que hay normas y que está prohibido agredir a la población civil”.

Mockus, uno de los dirigentes políticos que ha tomado la iniciativa para rechazar las acciones de terrorismo contra los colombianos de parte de las Farc, utiliza un símil futbolístico. “Se trata de un partido en el que los bandos deben jugar limpio. Si alguien comete una falta se le hace un llamado de atención con una tarjeta amarilla, pero si la falta es de extrema gravedad se le expulsa, se le aísla y no puede seguir actuando”.

En el caso del conflicto social y armado que vive el país las reglas deben ser el cumplimiento de los convenios de Ginebra porque el mundo civilizado se puso de acuerdo desde hace 100 años para darles forma a estas normas. Que en esencia es la prevalencia de la ética aun en la guerra.

De ahí que Anders Kompass, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya sido categórico al rechazar estas acciones: “La Oficina manifiesta su consternación por los atentados y masacres que cobraron la vida de colombianos y de colombianas, entre los que se encontraban varios niños. Asimismo repudia los atentados contra el agua, las torres de energía y otras estructuras donde se afectan la vida y los bienes civiles”. Este pronunciamiento de Kompass evidencia la defensa de la vida por encima de cualquier ideal de guerra porque es claro que el fin no justifica los medios.

Lo cierto es que la reacción popular de la semana pasada en el Llano, que ha tenido expresiones recientes en otros lugares del país, aunque parece nueva es un fenómeno que tiene su origen remoto hace más de cuatro años entre las Comunidades de Paz del Río Atrato, los resistentes del Chocó y los indígenas de casi todo el país. Todos ellos se levantaron, primero contra el acoso paramilitar y luego contra la agresión guerrillera. Sólo que por ser minorías alejadas del centro del país su posición no tuvo tanta repercusión como ahora.

La relación entre todas estas comunidades resistentes de Colombia, en pie casi por instinto frente a la violencia, es una exigencia que en términos técnicos es el reclamo al respeto al Derecho Internacional Humanitario. Un aspecto notorio es que en la medida en que el conflicto toca a más personas ha ido generando un mayor rechazo. Los no combatientes no quieren ni deben ser agredidos por los actores armados.

No sólo se trata de un clamor popular. Ese tipo de protesta está sustentada en un ‘reglamento del partido’, para utilizar la expresión de Mockus. A finales de 1864, con el nacimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, Suiza, fue gestándose la posibilidad de hacer más civilizada y menos cruel la guerra a través de unas normas reunidas en los cuatro convenios de Ginebra y en los dos protocolos adicionales que forman hoy el Derecho Internacional Humanitario. Desde 1996 Colombia adhirió a estas normas y desde esta fecha todos los colombianos están obligados a cumplirlas.

La guerrilla también debe cumplirlas sencillamente porque está integrada por actores armados que deben responder ante el mundo por los pactos internacionales a los que ha llegado la humanidad después de dos guerras mundiales y tras comprobar que hay una defensa legítima e irrenunciable de la vida de los civiles y de los combatiente heridos o que se rindan pertenecientes a cualquier bando.

Estos conceptos y la indignación de ver a la gente de su departamento sin energía eléctrica debido al derribo de más de 20 torres transmisoras en menos de un mes fue lo que movió al gobernador del Meta, Luis Carlos Torres Rueda, a invitar a su pueblo a hacer un ‘cacerolazo’ para que las Farc los escucharan. “Estoy orgulloso de mi gente porque salió y con vehemencia les exigió a las Farc respeto”, dijo. El grito de batalla fue el de “Libertad, libertad”, que en palabras del mandatario seccional es una exigencia cada vez más escuchada en todos los rincones del país “porque la gente quiere vivir sin miedo, aterrorizados y maltratados por hombres que dicen hacer la revolución a su nombre”. Sus palabras son más sentidas en la medida en que el Meta ha sido uno de los departamentos más sacrificados durante el proceso de paz pues “cedió cuatro de sus municipios a la zona de distensión”.

La cuestión es qué tanto está dispuesta la guerrilla a atender estos clamores populares así éstos sean cada vez más generalizados. “Yo creo que mucho. Confío en que sean inteligentes. ¿Cuántos pensamientos y actitudes no hemos cambiado en la vida por un comentario hecho por algún desconocido en la calle?”, dice Mockus entre el eco de los primeros ‘cacerolazos’ en la historia de Colombia contra las Farc.
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