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| 4/28/2014 12:00:00 AM

Libre quedó el Policía a quien señalan de extorsionar a Julio Gómez

El juez 62 de control de garantías dejó en libertad al mayor de la Policía Édgar Moisés Riveros Moreno.

Libre quedó el mayor e la Policía Édgar Moisés Riveros Moreno. Contratista Julio Gómez. Foto: SEMANA / Juan Carlos Sierra
En libertad quedó el mayor de la Policía Édgar Moisés Riveros, quien presuntamente extorsionó al hoy investigado contratista Julio Gómez, salpicado por el ‘carrusel de contratos’ en Bogotá.
 
Al mayor Riveros, quien también es jefe administrativo de la Policía Metropolitana de Popayán, se le investiga por su presunta participación en el delito de concusión.

En hechos que son materia de investigación, el alto mando le exigió una suma de dinero al polémico contratista para agilizar el proceso en el contrato para la construcción del Centro Valentina Aos. Se trata de contrato por un valor cercano a 5.774 millones de pesos.

El juez consideró en su decisión que no existían pruebas que permitieran advertir que el mayor representa un peligro para la sociedad y que en libertad pudiera afectar la administración de justicia.   

El oficial es procesado por un contrato firmado en el 2011 con el polémico contratista. Gómez es uno de los principales testigos que junto a otra persona denunciaron las exigencias de dinero que les habría hecho el alto oficial.

Gómez firmó el contrato en el 2011 con la Policía por el valor arriba señalado. Con este se pretendía construir el Centro de Rehabilitación en Bogotá, pero luego de que se conoció el escándalo del ‘carrusel’, el cuestionado contratista cedió el negocio a Édgar Orlando Hidalgo Acero.

En ese momento el mayor Riveros, para ese entonces coordinador del Grupo de Construcciones del Fondo Rotatorio de la Policía, exigió una alta suma de dinero a los contratistas para acelerar el proceso de cesión del contrato. Igualmente, Hidalgo Acero denunció ante las autoridades que el oficial también le habría pedido dinero para adjudicarle las obras en la Clínica de la Policía en Cali por un valor de $33.000 millones. Al final el contrato no se adjudicó.

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