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| 7/10/2017 4:59:00 PM

Liberan a 5 implicados en investigación de regalías que coordinaba Moreno

Juez de Soacha revocó las medidas de aseguramiento en uno de los casos que estaban bajo la coordinación de Gustavo Moreno, el exfiscal que hoy espera en La Picota su extradición a Estados Unidos.

Poco a poco se van desmoronando las investigaciones impulsadas desde la unidad anticorrupción durante el mandato del fiscal Gustavo Moreno. Desde que el hombre fue pedido en extradición por Estados Unidos al exigir sobornos para frenar las investigaciones en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, otras de sus investigaciones pasaron a estar en la lupa de la misma Fiscalía.

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La última tiene que ver con la que terminó en la captura de cinco personas -entre las que se encontraban dos reconocidas directivas de la Universidad del Sinú -María Fátima Bechara y su hermana Mara Bechara- el 24 de mayo de 2017.

Las académicas fueron enviadas a prisión de forma preventiva, junto con un profesor, el representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia “George Dahl” y el representante de la empresa Conservación y Desarrollo Forestal (CDF), presuntamente por desviar fondos de la universidad para su propio beneficio.

En el escrito de imputación de la Fiscalía constó que las dos mujeres, acompañadas de Álvaro Hernando Sua Carreño, Yolima Hernández Oviedo y el profesor Carlos Quinto Cumplido, incumplieron con la entrega de proyectos de investigación financiados por el Sistema Nacional de Regalías en Córdoba en un monto cercano a los 9.575 millones de pesos.

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Debido a las conexiones políticas y al poder que ostentaban los acusados en su región, el caso fue considerado como de alta sensibilidad en Córdoba. La propia Fiscalía argumentó que Mara Bechara era sobrina de un exgobernador y cercana a la actual gobernación, por lo que contaba con suficiente poder político e interés en el caso como para obstruir el proceso, lo cual convenció a la juez de primera instancia, Nayit Alarcón, de asumir su detención provisional mientras avanzaba el proceso en su contra.

Pero este lunes -un mes y medio después- todos fueron liberados para enfrentar la siguiente parte de su juicio. Por decisión del juez de segunda instancia Hernando Rojas, quien revisó la orden de aseguramiento en el tribunal de Soacha, Cundinamarca, se revocó la decisión de la primera juez por falta de argumentos. Visiblemente enojado, el togado incluso aseguró que "no existió decisión" al proferir su fallo y dijo que compulsaría copias en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura en contra de la juez tercera penal municipal con función de control de garantías de Soacha.

Desde un inicio, el manejo del caso ha levantado interrogantes como la razón del traslado del caso a Cundinamarca. Según Valesca Indira Trujillo Coronado, quien suplió a la fiscal 23 anticorrupción en esta ocasión, el motivo fue que tanto en Bogotá como en Córdoba había jueces que también eran profesores de la Universidad del Sinú, por lo que decidieron trasladarlo a estos despachos con el fin de dar más garantías de neutralidad.

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Al resolver los reclamos de las partes, que indicaron que la captura fue un show innecesario, -ya que los implicados pensaban comparecer- el togado consideró que el procedimiento de captura se ajustó a la ley pese a haber podido afectar su buena imagen, además de que recordó que los jueces de garantía tenían competencia en toda la República.

Sin embargo, indicó que la medida de aseguramiento no fue sustentada suficientemente por la jueza, lo que motivó su decisión. Aunque la Fiscalía entregó un material probatorio suficiente, la jueza tomó una decisión “lacónica”, que no recogió el debido sustento en su fallo. “Brilla por su ausencia la motivación del juez de primera instancia, lo que conlleva a la libertad de los procesados en un caso de connotación nacional”, dijo. Antes de asegurar que se adelantara una investigación en contra de su colega para comprender los motivos de su actuación.

Por su parte, el abogado de las hermanas Mara Bechara, Jaime Lombana, le pidió al Fiscal General de la Nación que revise todo lo sucedido en el caso de los capturados dentro del caso de la universidad del Sinú e hizo una grave denuncia. “Haber venido a un juzgado de Soacha resulta extraño. En este proceso hay decisiones que tomó el fiscal Gustavo Moreno frente a testigos para el ofrecimiento de beneficios", afirmó.

Sin dar mayores detalles de cuáles serían esos movimientos frente a las partes, Lombana y Esiquio Sánchez -el abogado de María Fátima Bechara- anunciaron que pedirán todas las garantías necesarias, siendo una de ellas que el caso no vuelva a la jueza de primera instancia.

Frente a las interrogantes del traslado del caso a una zona inusitada y a la falta de motivación en la decisión de la juez, las autoridades buscarán analizar si este caso fue un hecho aislado o si se trató de un modus operandi reiterado en las operaciones dirigidas por Moreno y por su abogado de confianza Leonardo Pinilla -quien también fue capturado por los sobornos de Lyons- para presionar a los acusados en casos de corrupción a cambio de coimas.

En esta película, una de las protagonistas es la Universidad del Sinú de más de 13.000 estudiantes. El manejo que hizo el claustro de los recursos de las regalías estaba bajo la lupa de la Contraloría, sin embargo, su capítulo en lo penal que apenas comienza terminó en la mitad del escándalo de corrupción que sacude a la Fiscalía General de la Nación.

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