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| 11/23/2017 8:47:00 PM

Libres los protagonistas de la Operación Lezo

La justicia española autorizó el pago de fianzas a Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa e Ignacio González González, expresidente de la comunidad de Madrid. Así va este escándalo que es considerado el Odebrecht de la madre patria.

Tras el pago de una fianza de 100.000 euros el pasado miércoles 22 de noviembre recuperó la libertad el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de Canal de Isabel II en América durante 10 años. El alto funcionario había sido capturado el 21 de abril acusado de los presuntos delitos de malversación de fondos, fraude, organización criminal, falsificación, prevaricación, cohecho y blanqueo, tras una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de España.  En la misma situación se encuentra también Edmundo Rodríguez Sobrino, el ex presidente de Inassa.

Ambos altos funcionarios están inmersos en una de las investigaciones más grandes que han sacudido ese país en los últimos años y que tiene una de sus ramificaciones en Colombia. De hecho, toda la operación comenzó en Cartagena en un episodio de película que involucraba bolsas llenas de dinero, grabaciones y viajes secretos. 

El escándalo se destapó cuando la periodista española Pilar Velasco, de la Cadena Ser, hizo público un video que demostraba que algo andaba muy mal. En este se veía a Ignacio González reunido con Edmundo Rodriguez Sobrino, el hombre fuerte de la empresa en América Latina, y algunos personajes de la ciudad del caribe. Todos entraban a una residencia en La Heroíca con unas bolsas de plástico en las manos y luego salían sin nada.

Después de ocho años de intrigas se conoció que González era el sujeto principal de una mega-investigación conocida como ‘Operación Lezo‘. El nombre se debe a ese almirante español, que a pesar de ser cojo y manco, salvó a Cartagena de la invasión del Ejército inglés que en 1741 llegó a la Heroica con 195 buques.

Aunque en España muchos sostienen que se trata de una pugna interna entre distintas tendencias del Partido Popular en el poder en la Comunidad de Madrid desde hace 20 años, la fiscalía anticorrupción sostiene que existen suficientes indicios de que los funcionarios de Canal de Isabel e Inassa, pudieron haber incurrido en irregularidades al adquirir una firma cuyo valor era superior al real.

 La orden de excarcelación bajo fianza a favor de Rodríguez Sobrino, fue decidida por el juez 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras acceder a la solicitud formulada por el abogado del exdirectivo de Inassa, y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que insistió en mantener a Rodríguez Sobrino privado de la libertad.

El pasado 8 de noviembre había quedado en libertad después de pagar una fianza de 400.000 euros Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid y jefe de todos los implicados, pues Canal de Isabel II es una empresa pública en España que depende de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Semanas antes, entre julio y octubre, recuperaron la libertad María Fernanda Richmond, quien debió pagar una fianza de 100.000 euros, el exgerente de Canal Ildefonso de Miguel, quien pagó una fianza de 200.000 euros y el hermano de Ignacio González, Pablo, quien pagó una fianza 200.000 euros.

El único colombiano implicado en los hechos por la compra de Emissao, Diego Fernando García Arias, exgerente de expansión y Nuevos Negocios de Inassa desde el año 2012 hasta octubre pasado, también recuperó la libertad aproximadamente entre el 10 y 12 de noviembre. Diego García al parecer habría colaborado con la justicia de ese país tras una reunión con el fiscal anticorrupción, Carlos Yañez, quien cesó en sus funciones tras su regreso de Colombia.

Los testimonios recogidos en los últimos meses permitieron detectar que, por ejemplo, existían depósitos en dinero e inmuebles por valor de 5.6 millones de euros a favor de Ignacio González en cuentas y propiedades en cabeza de testaferros en Panamá y Colombia.  

Aunque recuperaron la libertad los principales implicados, todos continúan vinculados al proceso y sólo se conocerá la verdad procesal cuando la Fiscalía Anticorrupción revele la totalidad de las pruebas recaudadas. 

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